En los debates sobre la "seguridad jurídica" de las empresas españolas que las autoridades esperan defender ante Evo Morales se omiten dos elementos importantes: la legitimidad de la "nacionalización" de los hidrocarburos y el comportamiento de las transnacionales españolas en
Bolivia. En primer lugar, Constitución Política del Estado asegura la propiedad estatal del gas y del petróleo en el subsuelo y en el sobresuelo, pero la actual Ley 1689 ha sido emitida en contraposición con esto y atribuye la propiedad de estos recursos a las empresas petroleras.
Debido a esta contradicción, es totalmente legítimo que el
nuevo gobierno boliviano pretenda conciliar la política energética con la Constitución. Por otra parte, si consideramos el caso de REPSOL-YPF, debemos recordar que si bien sus inversiones en Bolivia son elevadas, los beneficios económicos que retira son muy jugosos, ya que controla la cuarta parte de las reservas del país. Además, sus actividades coinciden con 17 territorios indígenas y varios Parques Nacionales, donde ha suscitado un sinnúmero de conflictos ambientales y sociales. Es investigada por los daños ambientales ocasionados en el Chaco guaraní y la no consulta a la población indígena. ¿Y cómo indemniza por los daños?
En El Territorio Indígena Parque Nacional Isibro Securé, por 20 líneas sísmicas a lo largo de 961 km atravesando comunidades y cultivos, REPSOL-YPF distribuyó repelente para mosquitos y tizas para las escuelas. Entonces, cuando hablamos de "seguridad jurídica", ¿no debemos también tener en cuenta al sujeto de dicha seguridad? ¿Hasta qué punto cumple con su responsabilidad social corporativa? ¿Ponen las autoridades españolas un empeño similar en vigilar el respeto de los derechos humanos, de la legalidad y del medio ambiente en las prácticas de las
empresas españolas en el extranjero?
Mónica Vargas, boliviana
