El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) suscribieron esta mañana por un importe global de 30 millones de euros el acuerdo-marco que permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2022-2023, que tiene por objeto facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos, en exclusión social y paradas de larga duración.
De esta manera, se incrementa en cinco millones de euros el importe para ese objetivo (25 millones) incluido en el Plan Integral de Empleo de Canarias (este con un global de 42 millones de euros en 2022), para atender los programas en colaboración con los municipios, porque, como explicó el presidente canario, Ángel Víctor Torres, "queremos que la oportunidad de integrarse en el mercado laboral llegue al mayor número de personas en exclusión social, las que tengan rentas muy bajas o sean parados de larga duración".
Torres considera esta firma muy importante, "sobre todo para familias en una situación muy difícil". El presidente subrayó la relevancia de que, en esta ocasión, se hayan adelantado los plazos del programa. "No es sencillo poner de acuerdo a 88 municipios y hacerlo con equilibrio entre los más poblados y los de menor población, pero se ha logrado y es una prueba de un magnífico trabajo de la consejería y los ayuntamientos" a través de la Fecam.
El jefe del Ejecutivo destaca que más del 50% de los contratados han de ser mujeres y que se prima a los que cobran la PCI o tienen discapacidad, por lo que se siguen criterios de justicia social en concordancia con los ayuntamientos, la Fecam y el Servicio Canario de Empleo.
Por su parte, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de Canarias y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, recordó que este programa "sirve para emplear a colectivos que de otra manera están en un riesgo importante de quedarse fuera definitivamente del tejido productivo y además somos muy conscientes de que resulta mucho más complicado acceder al mercado laboral que mantenerse en él una vez logrado un puesto de trabajo, aunque sea temporal".
Los empleos que genera este programa tienen una duración máxima de un año y se destinan a la realización de obras o servicios de interés general y social, a partir de los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos.
En esta misma línea, la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, indicó que llegará a 2.800 personas, en su mayoría parados de larga duración o de difícil encaje en el mercado laboral. "No se puede alcanzar la inserción social sin inserción laboral: son dos políticas activas imprescindibles y estas requieren de la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias, por ser el competente en materia de empleo, y los ayuntamientos, que gestionan los servicios sociales".
También destacó también el hecho de que, como novedad, en esta ocasión se pueda contratar durante 6, 9 y 12 meses, y no solo 6 meses, tal y como pasaba antes, así como que se deba incorporar al 30% de beneficiaros antes de que termine este año 2022.
Por municipios, Arrecife recibirá un importe máximo a subvencionar de 626.889,42 euros, Haría 201.646,42, San Bartolomé 270.597,98, Teguise 361.983,21, Tías 319.407,93, Tinajo 208.350,15 y Yaiza 300.816,95 euros.
Requisitos del programa
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80% del Iprem por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio.
También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50% de las personas contratadas serán mujeres, dado el desequilibrio que sigue existiendo hoy en día en el mercado laboral.
Las personas que estén interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos, con el fin de garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal, como es promover la integración social, como tener 18 años cumplidos y menos de 65 y estar inscritas como personas demandantes de empleo en el SCE.
Asimismo, tendrán que figurar empadronadas en el municipio que realice el proyecto con una antigüedad superior a seis meses. Se podrá obviar la antigüedad mínima y el requisito de empadronamiento únicamente cuando queden puestos por cubrir o en los casos de personas víctimas de violencia de género.
Con el fin de que los 2.800 puestos de trabajo que se prevé financiar con cargo al programa tengan el impacto más transversal posible en la sociedad, se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, no haber participado en los últimos 12 meses en ninguna política activa de empleo ni planes de empleo social del SCE en que haya sido subvencionada la contratación de la persona desempleada, salvo que fuera por un periodo inferior a seis meses.
Asimismo, no podrá participar en el programa más de una persona por núcleo familiar, a no ser que, una vez satisfechas todas las solicitudes, queden plazas por cubrir en los proyectos subvencionables.
