Los empresarios señalan que el texto, "en lo referente a su eje principal, que es la regulación de la implantación de grandes establecimientos comerciales y de centros comerciales en Canarias, el enfoque propuesto, con unas superficies máximas en cada isla, es razonable teniendo en cuenta que las islas son territorios limitados y frágiles".
"No obstante ? señalan ? se aprecia que la exigencia de autorización de la consejería competente del Gobierno de Canarias para poder superar estas superficies máximas, en base a unos criterios subjetivos y variables, choca frontalmente con la propia Directiva 2006/123/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo" que dice, en resumen, que los criterios para otorgar nuevas concesiones deberán ser claros e inequívocos.
Sin embargo, los criterios establecidos en el artículo 11 del anteproyecto de la Ley de Comercio de Canarias "no son objetivos, por lo que no cumplen con lo dispuesto en la Directiva", señala la Cámara, y además "abren la puerta a la toma de decisiones discrecionales y arbitrarias, salvo que la propia Ley o a través de desarrollo reglamentario, se definan los umbrales necesarios a alcanzar en cada uno de esos apartados para que pueda ser concedida la autorización".
INSEGURIDAD JURÍDICA
La aplicación de estos criterios "implicaría un enorme grado de inseguridad jurídica ya que de ningún modo se podría conocer a priori si se obtendrá la autorización o no, y siempre quedará sometido a la voluntad política del momento". La Cámara cree que la entrada en vigor de esta Ley "sólo generaría más burocracia cuando, precisamente, la Directiva procura todo lo contrario".
Otros de los efectos, según los empresarios lanzaroteños, sería un gran perjuicio para las pequeñas y medianas empresas de distribución y logística radicadas en Canarias, "muchas de ellas de propiedad de empresarios canarios". Además consideran que "generará un importante volumen de reclamaciones por parte de las empresas que puedan sentirse discriminadas y perjudicadas en su aplicación, pudiendo ocasionar el pago de cuantiosas indemnizaciones por parte del Gobierno de Canarias"
SIN AUTORIZACIÓN PREVIA
La Cámara propone que se suprima el requisito de la autorización previa para los comercios y centros comerciales que superen unas determinadas superficies, y se sustituya por el sistema de fijación de unas superficies máximas instalables en cada isla, tanto para grandes establecimientos comerciales como para centros comerciales, eliminando la posibilidad de ampliar dichas superficies mediante solicitud de autorización al Gobierno.
"Estas superficies máximas fijas se establecerían respetando la normativa de la Directiva 2006/123/CEE, que sólo permite cierta restricción a la libertad de establecimiento por "razones imperiosas de interés general" y, concretamente, teniendo en cuenta los territorios limitados, el impacto sobre el medio ambiente y el entorno urbano, y la protección del consumidor, incentivando la libre competencia para evitar situaciones de monopolio u oligopolio", dicen las alegaciones de la Cámara.
MÁXIMOS
"La finalidad de esta propuesta no es el establecimiento de topes que limiten las posibilidades de crecimiento de la oferta comercial, sino por el contrario, la apertura del sistema a la implantación de toda superficie comercial, siempre respetando unos máximos fijados en función de las condiciones de cada isla", concluyen.
ACN Press
