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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) estima que "obtener una licencia comercial para un gran establecimiento en la Comunidad Autónoma Canaria puede resultar un propósito inalcanzable" y que la limitación que al respecto establece la normativa regional "puede tornarse en la práctica como una moratoria encubierta a la apertura" y "en definitiva, de un cierre de mercado a tales tipos de establecimientos comerciales".
Así se expresa el alto organismo en el dictamen en el que se ha basado hoy el Consejo de Ministros para dar luz verde a la adquisición en Gran Canaria por Dinosol de once supermercados de Mercacentro, de la que se estima que "no obstaculiza el mantenimiento de la competencia efectiva", pese a que se pueda producir un incremento de un 2,7 por ciento de la cuota de mercado de Dinosol en la zona de Las Palmas de Gran Canaria- Telde- Santa Brígida, donde ya contaba con un 32,2 por ciento.
El dictamen llama la atención en sus conclusiones sobre las "restricciones particularmente severas" que la normativa reguladora regional impone a la apertura de establecimientos como las tiendas de descuento o con mayores servicios, como los hipermercados y los grandes supermercados.
"Si bien estas barreras legales no impiden la apertura de superficies comerciales de tamaño inferior a 2000 metros cuadrados", agrega el TDC, "sí reducen la amenaza de una competencia más severa, lo que limita el juego de la oferta y la demanda".
El dictamen llama la atención del hecho de que en toda Canarias sólo haya cuatro establecimientos "de descuento duro", que representan solamente el 0,3 por ciento del total y son propiedad de la empresa Jesumán, ubicados todos ellos en la Isla de Tenerife.
En esta misma línea, en el informe se estima que con los requisitos que fija la Ley 10/2003, de 3 abril, para la creación de centros comerciales, se "desincentiva la modernización del sector, impidiendo las ganancias de eficiencia derivadas de las economías de escala y de gama", para señalar a continuación que "la intervención en el mercado por parte de los poderes públicos, corre el riesgo de producir ineficiencias en la asignación de los recursos".
"Efectos Perversos"
Estos "efectos perversos de la intervención administrativa" en el sector de la distribución comercial generarían, según el TDC, "un exceso de costes unitarios de producción en las empresas protegidas, menor producción y mayores precios".
Protección Empresarial
"La intervención protectora de una parte del empresariado genera consecuencias negativas no sólo en el protegido que, al abrigo de la protección, se encuentra menos proclive a rivalizar con la competencia a través de su modernización y consecuente ganancia de eficiencias", señala el dictamen, "sino que repercute en el resto de la sociedad en forma de una mayor tasa de inflación y un menor bienestar".
El dictamen menciona en apoyo de sus tesis tres informes del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Común del Desarrollo Económico (OCDE), e indica que la administración actua siempre "en desventaja" frente a la libre iniciativa empresarial en la planificación de la demada, ya que "su nivel de información nunca puede ser equiparable al que ariesga su inversión al libre juego de la oferta y la demanda".
