En Canarias el número de parados durante el primer trimestre de este año ha ascendido a 280.600 personas, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras indican que la tasa de paro de las islas, que asciende a un 26,12 por ciento, supera en casi diez puntos porcentuales a la nacional, situada en el 17, 36 por ciento.
También cabe destacar que el número de personas asalariadas en el Archipiélago asciende a 793.600, lo que implica una tasa de actividad del 62,14 por ciento.
Además, el informe detalla que en la provincia de Las Palmas, el número de personas sin trabajo se eleva a 158.500 y la tasa de paro es del 27,60 por ciento. En lo que respecta a los trabajadores, estos son 415.900, lo que conlleva una tasa de actividad en la provincia del 64,98 por ciento. Es decir, que una de cada cuatro personas de esta provincia que está en edad laboral no encuentra trabajo.
CCOO pide medidas
Comisiones Obreras ya ha reaccionado ante la información hecha pública este viernes de que Canarias soporta la mayor tasa desempleo de toda España, con un 26,12 por ciento, liberando a la clase trabajadora de toda culpa. La organización sindical afirma que los empleados "no son los causantes" de la menor generación de empleo, "ni del incremento de los precios".
El sindicato apuesta en un comunicado por políticas económicas de reactivación de la actividad productiva, una vez cubiertas las políticas activas de prestaciones. La organización cree que así se solucionará la falta de rotación en consumo e inversión "derivado del elevado endeudamiento", que ha ocasionado una "restricción" del crédito por crisis financiera y a un incremento en la morosidad bancaria la pérdida de empleo y la devaluación en el valor de determinados activos y a su vez un rápido deterioro de las cuentas públicas junto a la aparición de situaciones crecientes en economía sumergida y empleo irregular.
CCOO avisa que no admitirá ningún recorte en la protección social de los trabajadores y trabajadoras, ni recortes importantes de gasto público que afecten a la calidad y funcionamiento de los servicios públicos.
