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Los okupas no son los ‘anti sistema’

María del Río |

lavozdelanzarote | 22 de Enero de 2019

Las familias, con menores a su cargo, que están en situación de sufrir inminentes desahucios y desalojos se sienten engañadas y abandonadas a su suerte, preguntándose, como también lo hace Podemos Canarias, cuál es el problema que tiene el Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo para hacer cumplir los acuerdos aprobados en la Cámara para evitar esos dramas.

Hay que recordar que el Grupo Parlamentario Podemos Canarias presentó en mayo de 2018 una iniciativa sobre el derecho a la vivienda que fue aprobada por la unanimidad de la Cámara.

 En ella se acordaron varios puntos, uno de ellos proponía, cito textualmente: “establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos de toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las administraciones públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca un alquiler social”.

Otro de los puntos matizaba: “los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las administraciones públicas hayan dado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad”.

Y en el último pleno del Parlamento, el 15 de enero, preguntamos la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, qué medidas tiene previstas desde su Consejería para evitar los inminentes desahucios y desalojos a familias que afrontan esta situación.

Familias -conozco a muchas en Lanzarote, pero me consta que es un problema que, en mayor o menor medida, afecta a toda Canarias- que están no solo desesperadas, también decepcionadas ante las falsas promesas de ayuda que nunca llegan.

Se sienten inmersas en la maldición de vivir en una comunidad donde la especulación y el enriquecimiento de unos pocos parece estar por encima del compromiso de quienes tienen la obligación de garantizar las necesidades básicas de una parte de nuestra ciudadanía, que en situación de desempleo o precariedad laboral, ve impotente cómo se vulneran sus más elementales derechos a una vivienda digna.

 Nos consta que tanto la consejera Valido como la directora general de Vivienda, Pino de León se han estado reuniendo con algunas de estas familias más vulnerables, en concreto con integrantes de la Plataforma por la Vivienda Digna en Lanzarote, una de las islas más azotadas por la escandalosa subida de los precios en los alquileres de viviendas residenciales, ocasionada en gran parte por la burbuja del descontrolado mercado turístico de la vivienda vacacional, y por la vergonzosa escasez de vivienda pública destinada a alquileres sociales.

Nuestra decepción como partido político en esta materia no puede ser mayor, y eso pese a que desde el primer momento nos ofrecimos a trabajar de forma constructiva, junto al Gobierno, en la búsqueda de soluciones de lo que a nuestro juicio es uno de los problemas más importantes para la población de Canarias.

De nada han servido más de un año de reuniones, ni las fallidas promesas a familias que, como la de Miri, se encuentra ahora una situación crítica, con tres hijas enfermas, de cuatro, tres y dos años y que ha recibido una carta en la que le acaban de comunicar que el 1 de marzo debe desalojar la casa en la que vive con su familia.

Miri, y otras muchas madres de familia como Elsa, Ana Cecilia o Angy, siguen esperando una respuesta que las rescate del miedo y la incertidumbre de no saber dónde y cómo podrán vivir mañana.

 Algunas ya, en situación límite, se han visto abocadas a okupar viviendas vacías como la única salida para proporcionar un techo a sus criaturas, de esta manera “mal viven” en una nueva modalidad de precariedad, sin suministros y en unas condiciones que nadie desearía para si ni para sus familias.

En contra de lo que muchos creen, las personas que acaban ocupando viviendas no son gente ‘anti sistema’. Quienes sí que lo son y hacen una auténtica labor ‘anti sistema’ son las y los responsables de un Gobierno canario como el actual, que de forma temeraria, lejos de proteger y dar soluciones, expulsa y excluye a las personas y familias más necesitadas, vulnerando así las leyes que un día juraron o prometieron cumplir. 

Lo que no puede ser es que desde las instituciones, como ocurrió recientemente en Lanzarote, un día se esté celebrando la Constitución a bombo y platillo y al día siguiente estén desahuciando a una familia, con tres hijos, que sobrevive precariamente ocupando la casa vacía de un banco, y que sin ningún escrúpulo, quieran dejar tirada en la calle sin un techo que la cobije.

Lo que no puede ser es que cuando se pide ayuda al Gobierno de Canarias para paralizar el desahucio, su directora general de Vivienda diga que no puede hacer nada.

Se equivoca, claro que se puede, la gente de la plataforma pudo, y el día 7 de diciembre paró el lanzamiento previsto, porque para ello, sobre todo, hacía falta voluntad.

 Voluntad, valentía, solidaridad y tener claras cuáles son las prioridades. Y entre el derecho de una familia a tener un techo, o el derecho de un banco (BBVA) a disponer de una más de sus miles de viviendas vacías, la elección estaba clara.

Porque cuando al pueblo ya no le queda otra opción, cuando parece que no le queda ningún arma más para defenderse de las injusticias, aún mantiene algo intrínseco que nadie le puede quitar mientras haya vida, le queda el cuerpo, su propio cuerpo.

 Y fueron esos cuerpos despojados de casi todo, los que construyeron la barrera que no dejó pasar a quienes a toda costa querían ejecutar el desahucio. 

Hasta los y las agentes de policía allí presentes lo tuvieron claro y actuaron con coherencia, sensibles a la situación, y sabiendo que las personas que protegían la casa para impedir el desalojo no se moverían, optaron por mediar e interceder por la familia rogando a los operadores jurídicos que aplazaran el desalojo.

 Si se puede, señoras y señores del Gobierno. Y así lo demostraron quienes con sus valientes decisiones y cuerpos solidarios, contra viento y marea, fueron capaces de parar un desahucio y hacer cumplir la Constitución un 7 de diciembre.

 

Por María del Río Sánchez

Presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Canarias

Secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI de Podemos Canarias

Candidata al Parlamento por Lanzarote

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