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Una mujer víctima de violencia de género con tres hijas menores se enfrenta a un desahucio en Arrecife

Yolanda Téllez | 14 de marzo de 2019

Ocupó una vivienda propiedad de un banco tras llegar desde Fuerteventura "huyendo" del "acoso" de su anterior pareja y afirma que la entidad se comprometió a "alquilársela",pero que ahora se la "ha traspasado a una inmobiliaria"

Virgina María Rodríguez, víctima de violencia de género y madre de tres niñas de 5, 12 y 14 años, se enfrenta a ser desahuciada de una vivienda propiedad del Banco Popular que ocupó en la calle Nicaragua de Arrecife hace dos años, tras llegar desde Fuerteventura "huyendo" del "acoso" de su anterior pareja. "No lo veo justo", señala la afectada. Y es que, según afirma, la entidad bancaria se comprometió a "alquilarle" la vivienda, pero ahora se la "ha traspasado a una inmobiliaria", que es la que ha instado a su desahucio, el cual se ha fijado para el 17 de mayo.

"Yo vivía en Fuerteventura con mis tres hijas, tuve maltrato de mi pareja hacia mí y hacia una de mis hijas y lo denuncié", ha explicado a La Voz Virginia, que afirma que "como era tanto el acoso" y "las amenazas que recibía" de que la "iba a matar", decidió irse a otra isla. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, a su anterior pareja solo se le condenó a 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad a pesar de que en el juicio reconoció haber cogido "por los pelos" y tirado "al suelo" a Virginia y haber "amedrentado" a una de sus hijas amenazándola con romperle las piernas. 

Así, Virginia desembarcó en Lanzarote con sus tres hijas, pero según ha afirmado solo llegó "con una ayuda del paro de 426 euros" y, por ello, decidió ocupar la vivienda de la que ahora será desahuciada si el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arrecife no toma otra determinación. 

 

Fue absuelta de un delito de usurpación 


Por ocupar la misma, ya se enfrentó a un juicio después de que el Banco Popular la denunciara por un delito de usurpación pero, aunque fue condenada en primera instancia a pagar una multa de 180 euros y a desalojar la casa, recurrió el fallo y fue absuelta por la Audiencia Provincial. Y es que tras la primera sentencia, "ambas partes "iniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo" para "habitar la vivienda de manera legal", por lo que la sala consideró que la propietaria "consintió" que Virginia permaneciera en el inmueble, según se recoge en el fallo que dictó la Sección Segunda. 

Además, la Audiencia Provincial señalaba que la entidad bancaria "en ningún momento" requirió a Virginia al desalojo y que ni siquiera tenía constancia "de que hubiera existido una efectiva toma de posesión que revelara el verdadero estado posesorio de la finca". Según apuntaba en la sentencia, aunque el Banco Popular adquirió el inmueble "por una dación en pago de deudas" en "marzo de 2015", no fue "hasta el 29 de septiembre de 2016" que comprobó que estaba ocupado "por terceros, desconociéndose si estos ya ocupaban la vivienda en el momento de la adquisición". 

Así, señalaba la Audiencia Provincial que la conducta de Virginia no podía entenderse como un delito de usurpación apuntando que en cualquier caso "se trataría de una cuestión civil" y que el banco debería iniciar un nuevo procedimiento por esta vía. 

 

Un contrato de alquiler que sin embargo "no llegó a formalizarse"


Tras ello, Virginia afirma que llegó a "un acuerdo" con el banco por el que se comprometía a "alquilarle" la vivienda, aunque sobre el mismo ha reconocido no tener pruebas, ya que ha señalado que "el contrato de alquiler no llegó a formalizarse" y que todo fue "por conversaciones telefónicas". Así, después se encontró con la "sorpresa" de que la Inmobiliaria Inversiones Limara había instado a su desahucio por la vía civil. Y es que, según la afectada, el Banco Popular, ahora Banco Santander, le "ha traspasado" la vivienda a esta inmobiliaria. 

"Y no es justo que le hayan dado la vivienda a una inmobiliaria cuando nos dijeron que nos la iban a dar de alquiler", ha señalado Virginia, que no obstante ha indicado que antes del desahucio, en concreto el 25 de marzo, tienen un nuevo acto en el Juzgado por este asunto y que espera "poder llegar a un acuerdo". 

 

"No nos podemos permitir un alquiler de 600 euros" 


A pesar de ello, Virginia asegura que se ha recorrido "todo Arrecife buscando casas de alquiler", pero afirma que "las única que hay son de 500 ó 600 euros". "Y no nos lo podemos permitir", ha apuntado. Y es que, según ha explicado, ella está "en paro" y solo hace "trabajos puntuales a través de una ETT" y, aunque ahora vive con su actual pareja, que sí trabaja, afirma que "cobra lo mínimo". 

"No es que nosotros queramos vivir por la cara, queremos pagar una vivienda, pero un alquiler que podamos pagar. Y en eso estamos, a ver si alguien nos da un alquiler", reclama Virginia, que también se ha inscrito como solicitante de la intermediación del instituto Canario de la Vivienda, "encontrándose en búsqueda activa de un piso adecuado a sus circunstancias". 

Por su parte, la Plataforma por una Vivienda Digna de Lanzarote ha denunciado que se vaya a producir este desahucio "sin que exista alternativa habitacional" y ha señalado que llevará a cabo "movilizaciones sociales en su apoyo". 

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