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Emilio Moya frenó el desprecinto de Stratvs ordenado por Alba para “evitar perjuicios irreparables”

Isabel Lusarreta | 22 de enero de 2017

Emilio Moya (Foto: La Provincia)
Emilio Moya (Foto: La Provincia)

El presidente de la Audiencia Provincial intervino para anular la providencia dictada por su compañero de Sección, que había ordenado al Seprona acudir de forma “inmediata” a retirar el precinto

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y también de la Sección Sexta, Emilio Moya, fue quien decidió actuar para frenar el desprecinto de Stratvs que había ordenado su compañero de Sala, el juez Salvador Alba. El pasado 13 de enero, Moya firmó una providencia anulando una resolución anterior de Alba, advirtiendo de que ejecutarla podría causar “perjuicios irreparables”. 

Salvador Alba había dictado esa orden tras recibirse una llamada telefónica del abogado de Juan Francisco Rosa, que es el dueño de la bodega y el principal acusado en la causa. En esa llamada, el letrado pidió que se ordenara al Seprona que acudiera a retirar el precinto, para dar cumplimiento al auto que levantó la medida cautelar de cierre. Ese auto, que aún no es firme, fue dictado por la Sección Sexta de la Audiencia y el ponente también fue Salvador Alba.

El secretario judicial dio cuenta de esa llamada al juez Alba por escrito, a través de una diligencia de constancia, y el magistrado accedió a la petición del empresario. Así, el pasado 9 de noviembre dictó una providencia ordenando al Seprona que procediera al “inmediato desprecinto” de las instalaciones. Sin embargo, cuatro días después, el presidente de la Sección Sexta decidió intervenir y anular esa orden.

 

Primero se dirigió a la Guardia Civil


Lo primero que hizo Emilio Moya fue pedir, a través de otra providencia, que se contactara telefónicamente con la Guardia Civil, para saber si el Seprona había llevado ya a cabo el desprecinto ordenado por Alba. Y una vez que confirmó que no se había ejecutado aún, dictó otra resolución, “a fin de evitar perjuicios irreparables”, dejando sin efecto esa orden.

En su providencia, el juez Moya explica que adoptó esta decisión “a la vista de los recursos de súplica presentados contra el auto de fecha 22 de diciembre de 2016, por el que se acordó el levantamiento de la medida cautelar de cierre de la bodega Stratvs”. Esos contundentes recursos fueron presentados por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística.

En su escrito, la Fiscalía tacha de “injustificable”, “absolutamente incoherente”, “infundado” y “huérfano de razonamientos jurídicos adecuados” el auto dictado por Alba, ya que entiende que se basó solo en informes y documentos aportados por la defensa de Rosa, “obviando” todas las pruebas de cargo y los informes periciales que constan en la causa. Similares argumentos expuso también Transparencia Urbanística, que además ha decidido recusar a los tres magistrados que avalaron el auto, pidiendo que sean apartados del procedimiento, ya que también son quienes deben juzgar la causa.

 

Alba, investigado en una causa en la que interviene el abogado de Rosa


Aunque Transparencia Urbanística ha pedido la recusación de los tres miembros de la Sección Sexta de la Audiencia, hace especial hincapié en el papel de Salvador Alba, que fue el ponente de ese auto. Sobre él, señala que está investigado en una causa penal por su intervención en otro procedimiento. Y en esa causa en la que se investiga a Alba por varios delitos, interviene el abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo. Concretamente, el letrado representa al empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue quien grabó una comprometedora conversación con Salvador Alba, que es la que dio origen a esa causa penal.

“Esta sola circunstancia debiera bastar para que el señor Alba Mesa se abstuviera de intervenir en cualquier procedimiento en el que actuara como letrado el señor Choclán Montalvo”, señala la acusación popular, que considera que esta circunstancia “inevitablemente ha de pesar sobre el ánimo del citado magistrado, comprometiendo su imparcialidad”. Además, considera “bastante insólito” que Alba dictara una providencia ordenando el desprecinto de Stratvs por una “llamada telefónica del abogado”, y que lo hiciera “atendiendo una petición tan extravagante de forma precipitada, puesto que ni siquiera había transcurrido el plazo de formalización de los recursos que pudieran interponerse frente al auto”. 

De hecho, ése es el motivo que llevó al presidente de la Sección a anular esa providencia, días antes de conocerse este escrito de recusación. Así, acordó dejar sin efecto la orden de desprecinto, hasta que se resuelvan los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación popular, ya que hasta entonces el auto no es firme.

 

Cambio de criterio con el mismo ponente


El cierre cautelar de Stratvs fue ordenado por la juez instructora de esa causa, Silvia Muñoz, en diciembre de 2013. Desde entonces, todos los recursos presentados por Rosa intentando anular esa medida cautelar han sido rechazados en las distintas instancias judiciales que han tenido que pronunciarse. Incluso, el propio Salvador Alba avaló el cierre en el año 2014.

“La consecuencia de una actividad que no es autorizable , una construcción que no es autorizable , que puede poner en peligro el medio ambiente y el propio paisaje en un espacio natural protegido no es otra que el precinto cautelar y provisional de la actividad y del complejo en su totalidad”, señaló el juez Alba en aquel primer auto, en el que sí analizaba detalladamente lo que definió como un “gran material indiciario y/o probatorio sobre la existencia de varios delitos que se pueden imputar a BTL Lanzarote SL o a Juan Francisco Rosa”.

Sin embargo, según la Fiscalía, el nuevo auto levantando la medida cautelar “se apoya en lo que alega el solicitante y olvida todo lo que le contradice y que ha sido valorado anteriormente”. Y de este modo, el Ministerio Fiscal cuestiona en su recurso que se permita la apertura de unas instalaciones que son “ilegales e ilegalizables”, y que no están "amparadas por ningún título habilitante". Y es que más allá del presunto delito medioambiental por los vertidos contaminantes, que fue el principal detonante para ordenar el cierre cautelar de la bodega -y que es el que pone en cuestión Alba en su último auto, basándose solo en informes de la defensa-, en la causa también se investigan otros muchos delitos, incluyendo urbanísticos, contra el patrimonio, de estafa y de ocupación de terrenos que ni siquiera eran propiedad de Juan Francisco Rosa.

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