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Uno de los empresarios se retracta y afirma ahora que confesó haber pagado sobornos pero que no era cierto

Isabel Lusarreta | 11 de febrero de 2019

Manuel Gregorio Reina Fabre  declarando. Foto: Sergio Betancort
Manuel Gregorio Reina Fabre declarando. Foto: Sergio Betancort

Manuel Gregorio Reina Fabre ha afirmado en el juicio que tras su detención declaró “inducido”, aunque no ha aclarado por quién ni ha explicado por qué se ratificó años después en esa confesión. Tanto él como Antonio Machín se han negado a responder al fiscal y a las acusaciones

Tras las confesiones de seis de los doce acusados que están siendo juzgados en la pieza número 12 del caso Unión, la vista ha continuado este lunes con la declaración del resto, aunque dos se han negado a contestar a las preguntas del fiscal y de las acusaciones y solo han respondido a su propio abogado. Uno de ellos ha sido el ex concejal del PIL Antonio Machín y otro el empresario Manuel Gregorio Reina Fabre. Además, este último se ha retractado ahora la confesión que realizó en fase de instrucción, tanto tras su detención como cuando volvió a ser citado años después, al levantarse el secreto de sumario.

En aquellas declaraciones, Reina Fabre reconoció haber pagado una comisión a los ex concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez para cobrar facturas del Ayuntamiento de Arrecife, afirmando que lo hizo “por necesidad”, porque tenía problemas económicos. Sin embargo, este lunes ha negado lo que él mismo confesó y ha llegado a segurar que realizó esa declaración “inducido”.

Tras escuchar esa afirmación, el fiscal ha tomado la palabra para advertir que no podía “permitir” ese tipo de “insinuaciones”, máxime cuando el acusado ni siquiera ha aclarado quién fue quien supuestamente le indujo a confesar un delito que según él no había cometido. Además, dado que se ha negado a contestar a sus preguntas, el fiscal ha pedido a los magistrados de la Sala que le trasladaran esta cuestión, pidiendo que previamente se procediera a la lectura de la segunda declaración que prestó este empresario, años después de su arresto, en la que se ratificó en su primera confesión y nada dijo de que hubiera sido inducida. 

 

“Yo entendí que estaba inducido”


Tras llevarse a cabo esa lectura, el presidente de la sala ha preguntado al acusado si quería “matizar algo”, aunque poco ha aclarado su respuesta sobre este cambio de declaración. “Todos sabemos qué pasó con el caso Unión”, ha comenzado señalando, apuntando que la primera confesión la hizo en comisaría, ante los agentes de la UCO que llevaron a cabo su arresto, y en “las condiciones que nos tienen allí en custodia”. Después, él mismo ha añadido que en el Juzgado declaró “prácticamente lo mismo”. “Yo entendí que estaba inducido”, ha agregado, de nuevo sin aclarar por quién y asegurando a continuación que no estaba “acusando de nada”.

Al respecto, lo único que ha señalado es que en ese momento tenía atnecedentes penales por tráfico de drogas, que ahora no están en vigor, y que creyó que “terminaría preso”. Así, ha apuntado que eso pesó en su confesión, en la que llegó a dar detalles de cómo entregó un soborno de 4.000 euros que ahora no reconoce. En cuanto a su primera declaración, y aunque no consta que haya presentado tampoco ninguna queja o denuncia por el trato que recibió al ser detenido, en el juicio ha llegado a afirmar que pasó “72 horas en una celda casi a oscuras y alimentado con medio vaso de agua”. Sin embargo, tampoco ha explicado por qué no dijo nada de todo esto en los Juzgados, ni al ser detenido ni al ser citado de nuevo años después.

Además, al no responder a preguntas de la acusación, tampoco ha dado una explicación al hecho de que tanto José Miguel Rodríguez durante la instrucción como Ubaldo Becerra en la declaración que prestó la pasada semana durante el juicio, hayan confesado que recibieron una comisión en metálico de este empresario.

 

Reconoce que le exigieron una comisión pero ahora dice que no la pagó


Lo único que Reina Fabre ha reconocido durante el juicio y a preguntas de su abogada es que José Miguel Rodríguez le llamó para que fuera a su despacho y allí le exigió una comisión para poder cobrar facturas que tenía pendientes por obras que según él sí realizó. Sin embargo, ahora ha asegurado que “nunca le pagó”. Después, ha declarado que no volvió a “saber nada del Ayuntamiento” ni le dieron más trabajo.

En cuanto a las obras, ha negado que se fraccionaran contratos para poder adjudicárselas de forma directa, como sostiene la acusación. Así, ha defendido que las dos facturas que cobró por trabajos en el Parque de Los Pinos correspondían a trabajos distintos, aunque relacionados con la misma fuente. “Yo entendí que era un compromiso de campaña o algo así poner en marcha esa fuente”, ha declarado, señalando que eran conscientes de que esa intervención no resolvía el problema y que le dijeron que “cuando se rompiera” le “avisarían de nuevo”. “Y así fue”, ha añadido, precisando que la segunda factura que giró al Ayuntamiento correspondía al “arreglo de la bomba”.

Además, lo mismo ha declarado con respecto a las obras que supuestamente realizó en la playa de El Reducto, negando que se fraccionaran contratos y defendiendo que eran obras independientes y que se realizaron “al cien por cien”. En cuanto a las facturas, ha alegado que si presentó varias distintas fue “por temas de cobro”, para agilizar el pago.

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