16/sept./2019

LA EX ALCALDESA DE YAIZA DEBERÁ CUMPLIR 14 AÑOS DE INHABILITACIÓN

El Tribunal Supremo confirma la condenas a Gladys Acuña y a los otros siete acusados en el caso Stratvs

Solo estima parcialmente los recursos del ex secretario y de un técnico municipal, aunque también ratifica su condena por otro de los delitos

El Tribunal Supremo confirma la condenas a Gladys Acuña y a los otros siete acusados en el caso Stratvs

El Tribunal Supremo ya ha resuelto los recursos contra la primera sentencia del caso Stratvs y ha confirmado íntegramente la condenas a la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y a otros cinco acusados: los ex concejales José Antonio Rodríguez, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García y el ex alcalde José Francisco Reyes.

En cuanto a los otros dos condenados en primera instancia, el técnico municipal Andrés Morales y el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, ha estimado sus recursos solo parcialmente, eliminando uno de los delitos de prevaricación por los que fueron condenados pero manteniendo el otro. 

La sentencia del Tribunal Supremo, fechada este lunes 3 de junio, ratifica las penas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al resto de los acusados. En el caso de Acuña, deberá cumplir 14 años de inhabilitación y abonar una multa de 10.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, al haber concedido la licencia de actividad a la bodega Stratvs a sabiendas de su ilegalidad, y otro de prevaricación por omisión, por no haber adoptado medidas para el cierre de las instalaciones, que nada tenían que ver con lo que se había autorizado.

 

Siete años de inhabilitación y multas para el resto


Para el resto de los miembros que componían la Junta de Gobierno cuando se otorgó esa licencia de actividad, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, la sentencia les condena a 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo de concejal, además de al pago de una multa, de 5.400 euros en el caso de Tavío y García, y de 10.800 en el de Rodríguez.

En cuanto a José Antonio Rodríguez, deberá cumplir siete años de inhabilitación, también por un delito de prevaricación por omisión. Y es que al igual que en el caso de Acuña, la sentencia considera que no cumplió su deber como concejal de Urbanismo, ya que pese a que era conocedor de su ilegalidad no adoptó medidas contra la bodega y el resto de instalaciones del macrocomplejo Stratvs.

Respecto a Vicente Bartolomé Fuentes y Andrés Morales, inicialmente fueron condenados a 14 años de inhabilitación y finalmente deberán cumplir siete cada uno, al anularse uno de los delitos. Concretamente, el Supremo les absuelve como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación administrativa pero confirma su condena como autores de un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. Por ese segundo delito, ambos deberán pagar además una multa de 5.400 euros.

"Eran conscientes de la vulneración de lo prescrito por el PGOU de Yaiza y en el PIOT de Lanzarote", señala el fallo, que considera que cuando intervinieron por segunda en vez en ese expediente sí eran ya conocedores de su ilegalidad, y sin embargo dieron "a la actividad para la que se solicitaba la licencia una apariencia de legalidad de la que claramente carecía".

 

Nueva condena a Reyes y a la espera del juicio principal de Stratvs


Por último, José Francisco Reyes también ha sumado con esta sentencia una nueva condena firme de siete años de inhabilitación, porque fue bajo su mandato cuando se inició el expediente para conceder la licencia de actividad que después otorgó Acuña. No obstante, en su caso aún deberá volver a sentarse en el banquillo en la pieza principal de esta causa, donde se juzgará la parte principal del procedimiento.

De hecho, este primer juicio que ya tiene sentencia firme solo se centró en los hechos relacionados con Gladys Acuña, ya que cuando se celebró la vista era parlamentaria regional y su aforamiento obligó a celebrar el juicio ante el TSJC, que decidió dividir la causa. El resto quedó en manos de la Audiencia Provincial y aún está pendiente de juicio, que está fijado para principios de 2020, y en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa.

 

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