El Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife ha accedido a suspender las declaraciones que estaban previstas este martes, dentro de la nueva causa penal en la que está investigado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. Según han confirmado a La Voz desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de momento no se ha fijado una nueva fecha, por lo que la declaración de San Ginés y de los otros tres imputados en este nuevo procedimiento ha quedado aplazada "sine die".
La juez ha adoptado esta decisión "a petición de las partes", ya que varios investigados habían pedido que fueran suspendidas. Ahora, antes de cursar de nuevo las citaciones se recabará más documentación sobre las obras que están bajo sospecha y que fueron adjudicadas por el Consejo Insular de Aguas, omitiendo presuntamente las normas básicas de contratación pública.
"Me encuentro absolutamente tranquilo y deseoso de aclarar cuanto antes cualquier duda", había señalado Pedro San Ginés el pasado 29 de diciembre, cuando envió un comunicado desde el Cabildo hablando de esta nueva causa penal en la que está inmerso. En ella, además de San Ginés, están siendo investigados tres trabajadores de la institución, entre los que se encuentra el secretario del Cabildo y del Consejo de Aguas, Pancho Perdomo, que también está imputado junto al presidente en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Obras bajo sospecha por valor de 2,7 millones
El nuevo procedimiento contra el presidente surge de la causa que investiga desde hace años la quiebra de Inalsa. El pasado mes de noviembre, en base a un informe del Tribunal de Cuentas, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ordenó abrir unas nuevas diligencias centradas en tres contratos que no estaban directamente relacionados con la empresa pública de aguas, sino con el Consejo Insular de Aguas. Esa parte se envió a reparto en el Decanato de los Juzgados y recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife, que fue quien se hizo cargo de la nueva investigación.
La causa se centra entre otras cosas en la adjudicación de obras por valor de 2,7 millones de euros "eludiendo" las normas que deben regir la contratación pública, utilizando para ello "de forma indebida" la declaración de emergencia hídrica que impulsó San Ginés bajo su mandato. Uno de los contratos que se investigan en las nuevas diligencias es de agosto de 2012, cuando se destinaron 1.156.642 euros a la sustitución de tuberías de la red de Inalsa. Según el Tribunal de Cuentas, "la tramitación abreviada por emergencia del expediente de contratación se realizó de forma indebida" y supuso la "adjudicación directa del contrato".
El otro contrato firmado bajo la Presidencia de San Ginés es de junio de 2010. Aunque en esa fecha aún no se había declarado la emergencia hídrica en toda la isla, lo cierto es que se adoptó esta medida "con carácter parcial" para poder firmar este contrato por la vía de urgencia. En total se destinaron 1.584.240 euros a la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas y, "a juicio del Tribunal de Cuentas", según señalaba el juez instructor en su auto, también "se utilizó de forma indebida la tramitación de emergencia" y se omitieron las normas obligadas de contratación.
