La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite un recurso que el Gobierno de Canarias interpuso contra una sentencia que condenaba al Servicio Canario de Salud por no facilitar información a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sobre "política de personal" en el Área de Salud de Lanzarote. Así, el alto tribunal ha hecho firme el fallo, condenando además al Ejecutivo regional al pago de las costas en favor de la parte recurrida "hasta la cifra máxima de 1.000 euros".
"Por fin hemos tenido justicia a la hora de demandar a la Gerencia del Área de Salud de Lanzarote por negar un derecho constitucional tan fundamental como es el derecho a la información", han señalado desde CSIF Sanidad Lanzarote, desde donde han hecho pública la resolución del Tribunal Supremo.
En un comunicado, el sindicato expone que inició "esta batalla contra la actitud mostrada" hacia su organización por parte "del gerente" del Área de Salud de Lanzarote y detalla que lo que solicitaban era "información exigiendo transparencia sobre temas tan delicados para el personal como son asuntos de contratación, intentando fiscalizar la gestión de recursos humanos" o "de manera puntual información necesaria sobre asuntos que implicaban" a sus "afiliados o trabajadores en materia laboral".
"Pues bien, la actitud del gerente siempre fue negativa, mal asesorado por sus servicios jurídicos, no dándonos respuesta a los asuntos que como anteriormente mencionábamos, generando una falta de transparencia por parte de la administración pública, además de vulnerar un derecho como es el derecho a la información", exponen desde el CSIF, desde donde apuntan además que "al no tener respuesta" a sus escritos, "numerosos trabajadores estuvieron perjudicados no pudiendo gestionar y solucionar sus problemas". "Ya que la información que solicitábamos a la Gerencia no se nos concedía para poder ofrecer nuestra ayuda a dichos compañeros", precisan.
Distintos fallos judiciales les han dado la razón
Ante "esta actitud por parte de la Gerencia en pleno siglo XXI", el sindicato señala que no dudó "ni un ápice" en poner el asunto en manos de sus servicios jurídicos, "los cuales demandaron a la Gerencia y al Servicio Canario de la Salud" recordando los distintos fallos judiciales que les han venido dando la razón y manifestando su "sorpresa" porque el Gobierno de Canarias haya recurrido los mismos "con intención de alargar en el tiempo esta negativa a la información".
Y es que, como ya informó La Voz, tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria como la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya se habían pronunciado a favor del sindicato. No obstante, el Ejecutivo regional presentó un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo y "es ahí donde la paran los pies" no admitiéndole el mismo e imponiéndole el pago de las costas en favor de la parte recurrida "hasta la cifra máxima de 1.000 euros".
"Porque no se ha fundamentado suficientemente que concurran, con singular referencia al caso, alguno o algunos de los supuesto que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la sala", señala el alto tribunal en una providencia fechada el pasada 23 de mayo.
"Todo este proceso judicial solo ha generado daño a los trabajadores"
"No damos crédito a que una administración pública y un responsable de una institución como es el Área de Salud de Lanzarote tomen dichas actitudes recurriendo en contra de una organización sindical donde lo único que solicitábamos era simplemente información, generando tiempo de espera a nuestros trabajadores, además de costas innecesarias que no tendrán que abonar de sus propios bolsillos, sino que serán abonadas por todos los contribuyentes del Servicio Canario de Salud", manifiestan desde el CSIF, desde donde consideran que todo este proceso judicial "solamente ha generado daño" a los trabajadores, además de "una mala imagen" como responsables públicos de la administración sanitaria "a la actual Gerencia de Lanzarote y sus servicios jurídicos", por "no querer" darles información".
"Esperamos que en los tiempos que corren no volvamos a tener que pisar un juzgado para demandar una administración pública por negación a derechos tan fundamentales como es el derecho a la información y la transparencia", añade el sindicato, que concluye señalando que "siempre estará al lado del trabajador".
