Los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces no han aceptado aún el acuerdo de conformidad que les ofreció la Fiscalía para evitar el juicio por un delito contra la Hacienda Pública. Así, el procedimiento por un presunto fraude de 1,5 millones de euros a la Agencia Tributaria sigue su curso y la vista se ha fijado ya para el próximo 2 de mayo. Hasta ese día, los acusados aún pueden acogerse al acuerdo, que supondría una rebaja en las penas que se solicitan para ellos, pudiendo incluso evitar el ingreso en prisión si la pena de cárcel no superara los dos años.
Para acogerse a ese acuerdo, que fue ofrecido antes del pasado verano, los empresarios tendrían que confesar el delito y, sobre todo, hacer frente al pago de la responsabilidad civil, ya que la prioridad que se fija en estos casos la Fiscalía de Delitos Económicos es la recuperación del dinero defraudado al erario público. Sin embargo, aunque las defensas de los tres acusados se habrían mostrado inicialmente "bastante receptivas", hasta el momento no han dado respuesta.
En caso de que no abonen la suma que reclama el Ministerio Fiscal y confiesen el delito, Rosa, Lasso y Salces se sentarán en el banquillo con una petición de 5 años de cárcel, que es lo que se solicitaba en el escrito de acusación inicial. Además, el fiscal pedía en ese escrito una multa de 7 millones de euros para cada uno, así como otra de 3 millones para la empresa en la que eran socios, Management Los Clicos S.L, y la devolución de los 1,5 millones presuntamente defraudados a Hacienda.
De 1 a 6 años de prisión
Respecto al acuerdo ofrecido por la Fiscalía, los detalles no han sido desvelados por el momento, a la espera de si lo aceptan todos o alguno de los acusados. En cualquier caso, las posibilidades de rebajar las penas vienen marcadas por el Código Penal, que contempla penas de entre 1 y 6 años de prisión para este delito cuando la cantidad defraudada excede de los 600.000 euros, como ocurre en este caso. Respecto a la multa, la pena puede ir desde el mismo importe de la cantidad defraudada, es decir, 1,5 millones, hasta 6 veces su valor.
La instrucción de esta causa se cerró a finales de 2016 en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife y en abril se ordenó la apertura de juicio oral. Al adoptar esta decisión, el juez Jerónimo Alonso dispuso además medidas cautelares, exigiendo que los acusados depositaran casi 40 millones de euros en concepto de fianza, "para asegurar las responsabilidades" económicas a las que podrían ser condenados. Sin embargo, los empresarios no han llegado a responder de esa suma.
El pasado mes de octubre se celebró ya la audiencia de conformidad previa al juicio, que terminó sin acuerdo. Así, de no producirse cambios, el juicio seguirá adelante y está fijado para el próximo miércoles 2 de mayo, ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife. Se daba la circunstancia de que ese mismo día estaba fijado el inicio del juicio de una de las piezas principales del caso Unión, que también sentará en el banquillo a Juan Francisco Rosa, pero finalmente se ha retrasado hasta septiembre a petición de las defensas de tres acusados, incluida la del propio Rosa.
"Claro ánimo de defraudar"
Los hechos por los que los tres empresarios están acusados en esta causa ocurrieron en el año 2010, cuando a través de la empresa en la que eran socios, Management Los Clicos S.L., vendieron el hotel La Geria, ubicado en Puerto del Carmen. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la venta se realizó "por un precio total de 13.871.000 euros", pero "con claro ánimo de defraudar" a la Hacienda Pública, "omitieron deliberadamente realizar la correspondiente declaración relativa al Impuesto de Sociedades" de ese año, evitando así un pago millonario.
Dos años después, cuando Hacienda detectó el presunto fraude, los acusados realizaron "una declaración complementaria" del ejercicio 2010, reconociendo la venta y cifrando el beneficio en 6.755.663 euros. Sin embargo, tampoco entonces pagaron los correspondientes impuestos. Para evitarlo, dotaron para la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) una partida de 5.140.000 euros con cargo a ese beneficio, pese a que eran "conscientes de su improcedencia", según el fiscal Tomás Fernández de Paiz.
El principal motivo, según la Fiscalía, es que ese dinero "no procedía de actividad económica alguna", como exige la ley que regula la RIC, por lo que no podían acogerse a los beneficios de esta figura. Fue entonces cuando la Agencia Tributaria interpuso una querella contra los tres empresarios, dando así origen a esta causa, en la que este organismo está personado como acusación particular. En el caso de la Agencia Tributaria, en su escrito de acusación pide 4 años de cárcel y una multa de 4,6 millones de euros cada uno de los acusados, así como a la devolución de los 1,5 millones de euros presuntamente defraudados, "más los intereses de demora".
