A pocos días de que comience el primer juicio del caso Stratvs, la defensa de Juan Francisco Rosa ha pedido el archivo de las actuaciones contra él y el sobreseimiento libre por los hechos que se juzgarán en este procedimiento. De esta manera, el empresario pretende evitar la primera vista a la que tendrá que enfrentarse por esta causa, que comienza el próximo lunes día 19 y se extenderá durante toda la semana.
A diferencia del juicio que está aún pendiente de señalarse, donde está acusado por una larga lista de delitos por los que la Fiscalía le pide 15 años de prisión, en éste Rosa solo deberá responder de uno: tráfico de influencias. Y en su escrito, la defensa del empresario sostiene que ya habría prescrito. Así lo ha planteado su abogado, José Antonio Choclán Montalvo, en un escrito fechado el pasado 7 de junio, en el que pide el archivo y el sobreseimiento libre para su cliente por este delito.
Según señala, los hechos por los que está acusado Rosa en esta pieza "se circunscriben a una conversación mantenida el 18 de diciembre de 2008" con el entonces concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez, justo antes de que el Ayuntamiento otorgara a Statvs la licencia de actividad. Para el Ministerio Fiscal, esa conversación refleja el "vínculo de camaradería" que existía entre ambos y evidencia que Rosa hizo esa llamada al edil para que le "ayudara a obtener la licencia". Sin embargo, además de negar "categóricamente la comisión del hecho delictivo", la defensa de Rosa alega ahora que "habría prescrito de manera inequívoca".
Una supuesta prescripción "notoria" y alegada a pocos días del juicio
Para sostenerlo, el abogado se remite a la fecha de la conversación, interceptada dentro del caso Unión e incorporada después al caso Stratvs, y a la fecha en la que Rosa fue interrogado por primera vez por este presunto delito de tráfico de influencias. Según el letrado de Juan Francisco Rosa, ese delito está "sujeto a un plazo de prescripción de 3 años", por lo que alega que "prescribió en diciembre de 2011", dos años antes de que esa conversación se incorporara al caso Stratvs y tres antes de que Rosa fuera citado a declarar de nuevo por estos hechos. Sin embargo, ha sido a dos semanas del juicio cuando la defensa ha presentado un escrito planteando esa supuesta prescripción que afirma que es "notoria", y que hasta ahora no han compartido ni el Ministerio Fiscal, ni la acusación popular ni la juez instructora.
Ahora, 12 días antes del inicio del juicio, el abogado ha pedido que se declare "extinguida la responsabilidad criminal" por este delito, "sin esperar a las cuestiones previas" que se plantearán durante la primera jornada del juicio, en la mañana del próximo lunes. Además de esta vista, que se celebrará ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la condición de aforada de una de las acusadas –la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña-, Rosa aún tiene pendiente otro juicio, que correrá a cargo de la Audiencia Provincial y que aún no tiene fecha. En él deberá responder de la mayor parte de los delitos por los que está acusado en esta causa, ya que el TSJC solo asumió los hechos posteriores a la construcción y puesta en marcha de la bodega, que son los que afectan directamente a Gladys Acuña.
En el otro juicio pendiente, Rosa está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, por haber construido un complejo de 12.000 metros cuadrados –incluyendo además de la bodega un restaurante, una tienda y varias terrazas pavimentadas- con una licencia para construir un almacén de 900 metros; de delitos contra el patrimonio –por haber derribado una vivienda protegida preexistente-; de usurpación –por ocupar suelo de la familia Negrín para esta construcción-; contra el medio ambiente –por la emisión de vertidos contaminantes- ; de estafa y de tráfico de influencias.
Diez acusados en el primer juicio
En cuanto a la pieza que comenzará a juzgarse el próximo lunes, en total sentará en el banquillo a diez personas. Junto a Rosa y Gladys Acuña están acusados todos los concejales que formaban parte de la junta de gobierno en 2008, cuando se concedió la licencia de actividad que autorizó la apertura de Stratvs, es decir, Leonardo Rodríguez, Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío. Por delitos vinculados a esa misma concesión deberán responder en esta pieza el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el técnico del Ayuntamiento Andrés Morales. El TSJC juzgará también al concejal José Antonio (Tato) Rodríguez, que al igual que Acuña está acusado de un presunto delito contra el medio ambiente, cometido por omisión, al no adoptar medidas para el cierre de Stratvs, pese a tener "perfecto conocimiento de las graves irregularidades urbanísticas y medioambientales".
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias juzgará también uno de los delitos por los que se acusa al ex alcalde, José Francisco Reyes, bajo cuyo mandato se inició ese expediente para conceder la licencia de actividad a Stratvs (y que concluyó ya el siguiente grupo de gobierno). La lista de los diez acusados en esta pieza se completa con el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, que desde el Cabildo informó favorablemente a que el Ayuntamiento de Yaiza otorgara la licencia de actividad a Stratvs, "pese a tener conocimiento de que el uso de bodega no estaba permitido", según la instrucción.
La división de la causa en dos supone que varios acusados afrontarán dos juicios. El segundo se celebrará ante la Audiencia Provincial, que es quien tenía que haber juzgado este procedimiento al completo si no se hubiera producido el aforamiento de la alcaldesa.
