20/Jul/2018

CONSIDERA QUE HA SIDO “CONDENADA” EN EL FALLO E INTENTA RETRASAR SU EJECUCIÓN

Marina Rubicón se persona ahora en el caso Yate y recurrirá la sentencia firme que ilegalizó el puerto

Aunque el fallo se dictó hace un año y la causa se inició hace 12, los dueños alegan que la sentencia les “priva de derechos”, al anular la licencia del puerto sin haber “oído” a la empresa ni haberle “informado de la posibilidad de actuar y defenderse"

Marina Rubicón se persona ahora en el caso Yate y recurrirá la sentencia firme que ilegalizó el puerto

La sociedad propietaria del puerto deportivo Marina Rubicón ha pedido personarse ahora en el caso Yate, cuando la causa que se inició hace más de 12 años ya tiene sentencia firme y está en fase de ejecución. Además, ha anunciado que presentará un recurso de casación contra ese fallo, que entre otras cosas declara ilegal la licencia del puerto y considera acreditado que los dueños –Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas- sobornaron al ex alcalde, José Francisco Reyes, para que les concediera el permiso.

La sentencia fue dictada en abril de 2017 y no fue recurrida por ninguno de los acusados, ya que las nueve personas que fueron condenadas habían confesado los hechos y alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Por eso, el fallo pasó a ser firme y ya se ha iniciado la fase de ejecución, tanto para cumplir las penas de prisión como para hacer oficial la anulación de todas las licencias otorgadas por Reyes a cambio de sobornos. Y entre esos permisos se encuentra el de Marina Rubicón, que un año después ha decidido emprender acciones contra esa sentencia.

“El pronunciamiento, cualquiera que sea finalmente su alcance y la forma en que eventualmente pudiera llevarse a efecto, constituye claramente, en cuanto devalúa o descalifica o limita la licencia referida, una condena para la compañía mercantil Puerto Deportivo Marina Rubicón”, señala el escrito presentado por la empresa ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

 

No se dirigió a la Audiencia hasta meses después del juicio


En su escrito, fechado el pasado 4 de abril, la empresa comienza señalando que se dirigió por primera vez a la Audiencia en julio de 2017, meses después de que se celebrara el juicio y de que tanto Reyes como otros acusados confesaran los delitos. A raíz de esa solicitud, el pasado mes de marzo se les notificó el fallo, contra el que ahora han anunciado que interpondrán un recurso de casación, cuando el plazo para interponer recursos ya había concluido para los acusados y la acusación.

Para ello, la propiedad de Marina Rubicón apela al derecho a recurrir que otorga la Ley no solo a los que “hayan sido parte en los juicios criminales”, sino también “a los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia”, cosa que entienden que ha ocurrido en este caso, al haberse anulado la licencia del puerto.

Ahora, la propiedad pide que se le tenga “por personada en la causa” y que se le dé “vista de lo actuado”, permitiéndole “intervenir en las actuaciones” y notificándole “las que en lo sucesivo se practiquen”, además de solicitar que se tenga “por preparado debidamente, en tiempo y forma, recurso de casación contra la sentencia”. Ese recurso debería ser resuelto por el Tribunal Supremo, que lo primero que tendrá que decidir es si lo admite a trámite. Para ello, la propiedad de Marina Rubicón tendría que acreditar que se ha podido infringir alguna ley.

 

Se queja de que no le permitieron “defenderse en la causa”


En el recurso que pretende interponer, Marina Rubicón alega tres supuestas “infracciones”. Una de ellas, porque entiende que se vulneró un precepto constitucional y se le generó “indefensión”, ya que la sentencia “priva de derechos” a esta sociedad “sin haberla oído ni informado de la posibilidad de actuar y defenderse en la causa”. Al respecto, cabe recordar que los dueños del puerto conocían la existencia de esta causa desde hace más de una década, entre otras cosas porque ellos mismos estuvieron imputados en el procedimiento. Además, su gerente e hijo de uno de los propietarios, Rafael Lasso Lorenzo, declaró como testigo durante la instrucción, en relación al atraque gratis del que disfrutó Reyes durante años en Marina Rubicón.

Del mismo modo, los dueños del puerto conocían incluso la confesión que había realizado el ex alcalde antes de celebrarse el juicio, tal como confirmó públicamente el propio Lasso Lorenzo, al intervenir hace más de un año en el programa La Destiladera de Radio Lanzarote Onda Cero, para negar que su padre y sus dos socios hubieran sobornado a Reyes. 

“Están lanzando mucha porquería infundada”, afirmó en esa intervención el gerente del puerto, que planteó que Reyes habría aceptado 6 años de cárcel y una multa de 300.000 euros confesado delitos que no cometió. “La palabra del alcalde no es una prueba”, añadió sobre el soborno que José Francisco Reyes reconoció haber recibido de los dueños del puerto, sin que conste que los aludidos hayan emprendido medidas judiciales contra él. Y tampoco entonces pidieron personarse en la causa ni recurrieron después el fallo, que se conoce desde hace un año.

 

La Audiencia ya ordenó notificar a Yaiza la nulidad de la licencia


Ha sido ahora, coincidiendo con la ejecución de la sentencia, cuando la propiedad ha decidido actuar. Dentro de esa fase de ejecución de sentencia, la Audiencia Provincial dictó un auto el pasado 22 de marzo en el que, entre otras cosas, ordenaba que se notificara formalmente al Ayuntamiento de Yaiza que la sentencia había anulado decenas de licencias concedidas por el ex alcalde, José Francisco Reyes, tanto para hoteles como para el puerto deportivo Marina Rubicón. “Líbrese oficio al Ayuntamiento de Yaiza a los efectos oportunos”, señalaba la resolución de la Audiencia Provincial, de la que ya informó La Voz de Lanzarote la pasada semana.

En el caso de las licencias de los hoteles, casi todas habían sido ya anuladas en la vía contencioso administrativa, pero la ilegalidad del puerto se acreditó en esta causa penal. Ahora, lo que intentan los dueños de Marina Rubicón es, al menos, retrasar la ejecución de ese fallo, que ellos mismos apuntan que no saben que “alcance” va a tener para estas instalaciones ilegales.

En cuanto al resto de supuestas “infracciones” que alega la propiedad del puerto, se basan en que “no se produjo la citación de la sociedad recurrente en forma hábil para que pudiera hacer valer sus derechos y defenderlos como estimara conveniente” y también porque entienden que incurre en “error”. Al respecto, el escrito recuerda el auto que sobreseyó las actuaciones contra los dueños del puerto, pese a que la sentencia considera acreditado que entregaron una “dádiva” a Reyes valorada en 60.000 euros, al permitirle atracar gratis durante años su yate en este puerto deportivo.

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