24/Abr/2018

LA DEMANDA SE DIRIGÍA ESTA VEZ CONTRA DOS BODEGAS DE TÍAS

El Juzgado rechaza otro recurso de Jacón pidiendo el cierre de bodegas por la "falta de legitimidad" de la asociación

La supuesta asociación ecologista, constituida hace menos de tres años en Gran Canaria, ya fue acusada de “fraude procesal” al intentar personarse en el caso Stratvs. Además, ha dado pasos y usado argumentos similares a los de Juan Francisco Rosa

El Juzgado rechaza otro recurso de Jacón pidiendo el cierre de bodegas por la "falta de legitimidad" de la asociación

La supuesta asociación ecologista Jacón, constituida en Gran Canaria hace menos de tres años y conocida por dar pasos y utilizar argumentos similares a los del empresario Juan Francisco Rosa, ha visto rechazado otro intento de cerrar bodegas en La Geria. En esta ocasión ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Las Palmas quien ha desestimado su recurso, al concluir que la asociación “carecía de legitimación” para interponerlo.

La sentencia, dictada el pasado 12 de abril, resuelve el recurso relativo a dos bodegas de La Geria, Vega de Yuco y Martinón, pertenecientes al municipio de Tías. Dentro de este mismo procedimiento, Jacón llegó a pedir incluso medidas cautelares que fueron rechazadas hace dos años por el Juzgado, que entendió que la asociación no había aportado pruebas que justificaran un cierre cautelar.

Ahora, lo que ha hecho es resolver el pleito con esta sentencia, que se suma a otras dictadas ya rechazando los intentos de Jacón de clausurar bodegas en el municipio de San Bartolomé. Se da la circunstancia de que eso mismo había sido solicitado años antes por Juan Francisco Rosa, que con ello pretendía alegar un supuesto trato desigual hacia su bodega, que está inmersa en una causa penal y cerrada desde hace años, comparándola con las bodegas históricas de La Geria.

 

Un abogado que “aportó ruido” al caso Stratvs


Precisamente Jacón también intentó personarse en el caso Stratvs, pero su solicitud fue rechazada por la juez instructora, que llegó a acusar al colectivo de “fraude procesal”, y también por el TSJC, que concluyó que lo que intentaba la asociación era "dilatar" el procedimiento. Además, uno de los abogados de Jacón ya había intervenido en Stratvs a través de una asociación ecologista que sí existe desde hace años en Fuerteventura, Agonane, pero fue acusado de “aportar ruido” al procedimiento para entorpecer la causa, por lo que la propia asociación decidió retirarse. Y fue entonces cuando Jacón comenzó a pedir, sin éxito, personarse en el caso Stratvs.

Paralelamente, Jacón comenzó a pedir el cierre de bodegas en La Geria y se personó también en otra causa penal, contra la bodega Los Bermejos. Sin embargo, en este caso retiró su acusación el último día del juicio, después de haber asistido a las dos jornadas de vista oral. 

“Ha hecho de todo en este juicio menos de acusación”, le reprochó entonces el Ministerio Fiscal, que calificó de “papelón” su actuación. De hecho, pese a ejercer supuestamente la acusación, las preguntas del abogado de Jacón se centraron en la posible legalización de las obras y en cómo les afecta el anulado Plan de La Geria y la Ley del Suelo, que es lo mismo a lo que se aferra Juan Francisco Rosa en su defensa en el caso Stratvs.

 

“Desviación procesal” en la demanda


El recurso que acaba de ser rechazado se dirigía contra el Ayuntamiento de Tías, por la “desestimación presunta” de una solicitud de esta asociación reclamando que se le diera “por personada en los procedimientos de regularización de las bodegas Martinón y Vega de Yuco, si se estuvieran tramitando, dar trámite de audiencia por plazo de un mes en los procedimientos de regularización que se estén tramitando respecto de dichas bodegas y acordar la clausura de las referidas bodegas si carecieran de licencia de actividad clasificada para el ejercicio de la actividad y/o existieran en ella construcciones y edificaciones carentes de calificación territorial o licencia urbanística”.

Al entender denegada su petición por silencio administrativo, Jacón acudió entonces a los Tribunales, pidiendo que esa decisión fuera declarada nula y que se acordara “suspender la actividad de Bodegas Martinón y Vega de Yuco por carecer de títulos habilitantes para ello”, alegando entre otras cosas que carecían de autorización del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para realizar vertidos y que tampoco contaban con depuradora. Al respecto, en su respuesta a la demanda, el Ayuntamiento cuestionaba que Jacón había incurrido en “desviación procesal”, dado que “no existe concordancia entre las pretensiones ejercitadas en la demanda y las planteadas en el escrito de interposición del recurso”.

Además, tanto el Ayuntamiento como las dos bodegas codemandadas defendían que la resolución del Consistorio fue “ajustada a derecho” y que las instalaciones cuentan “con los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad y con depuradora”. No obstante, la sentencia ni siquiera ha entrado a analizar estos hechos, al considerar que se daba una de las causas de inadmisibilidad planteada también por las defensas, que advirtieron de la falta de “legitimación activa de la asociación” que presentó este recurso.

“Para poder ejercitar la acción es necesario que la persona jurídica se haya constituido legalmente al menos dos años antes”, señala al respecto la sentencia, tras citar artículos de las leyes que regulan el derecho a ejercer acciones judiciales en defensa del medio ambiente. A continuación, señala que según la escritura que tuvo que aportar Jacón en este procedimiento, la asociación se constituyó el 6 de junio de 2015, por lo que “al tiempo de interponer el recurso, que se presentó en marzo de 2016, aún no habían transcurrido dos años de su constitución”. Por eso, declara la “inadmisibilidad del recurso” por la falta de legitimidad de la asociación, en una sentencia contra la que aún cabe recurso.

 

Los primeros pasos, sin estar siquiera constituida


La ‘misteriosa’ asociación ecologista Jacón, que tiene su sede en Gran Canaria, empezó a presentar escritos en los Juzgados de Arrecife a mediados de 2015, cuando aún no estaba siquiera registrada formalmente. Y su aparición coincidió con la de otro polémico colectivo, la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA), que también tiene su sede en Gran Canaria y comparte vínculos con Jacón. 

Así, mientras la supuesta asociación ecologista intentaba entrar en Stratvs, la asociación de juristas lo hacía en el caso Unión. Y en nombre de ambas actuó en sus inicios un mismo abogado, Juan David García Pazos, que a su vez ha sido letrado defensor de uno de los principales acusados en el caso Unión, Luis Lleó, vinculado a su vez al empresario Juan Francisco Rosa.

Además, este mismo abogado fue quien llevó a personarse en el caso Stratvs a otra asociación ecologista Agonane. Sin embargo, la propia asociación decidió después retirarse del procedimiento, afirmando que se sentía “engañada y utilizada” por el letrado, que sólo había “aportado ruido” al procedimiento. Y tras la retirada de Agonane, comenzaron los intentos de personación de Jacón, a la que hasta ese momento no se le conocía actividad alguna. 

 

Intentos de apartar a la juez instructora


Además, tal como se refleja en uno de los poderes notariales firmados por Jacón para su representación letrada, su intención era recusar a la magistrada instructora si lograba entrar en el caso Stratvs. Esto mismo fue lo que hizo la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa cuando logró entrar en una de las piezas del caso Unión. Entonces, su primera medida fue intentar apartar a la juez Silvia Muñoz.

Sin embargo, la Audiencia Provincial no solo rechazó su pretensión, sino que además le impuso una multa de 1.000 euros, al considerar que actuó de “mala fe”, que calificó de “clara” y “grave”. En este caso, al igual que han hecho otras resoluciones judiciales con Jacón, la Audiencia acusaba a AJJA de estar actuando con “la única finalidad de tratar de apartar a la instructora para dilatar su tramitación”, planteando “una recusación carente del más mínimo fundamento”. Y todo ello a través de un abogado vinculado a uno de los principales acusados en el caso Unión, Luis Lleó, y que ha actuado también en nombre de Jacón.

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