El Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife ha vuelto a cambiar las fechas para el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, que debía haber comenzado en marzo y finalmente se retrasará hasta junio. Así, serán los días 8, 9, 15 y 16 de junio cuando el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se siente en el banquillo acusado de delitos de prevaricación, junto al ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el ex secretario de la Corporación, Francisco Perdomo.
Inicialmente, el primer señalamiento fijaba el inicio de este juicio para el 16 de marzo, aunque después se retrasó hasta el 23 del mismo mes a petición de Hernández Duchemín, porque algunas de las fechas coincidían con el juicio de Stratvs, en el que también está acusado. Sin embargo, el nuevo calendario seguía coincidiendo con un día de ese juicio, por lo que finalmente se ha aprobado este nuevo cambio aplazándolo hasta junio.
La acusación popular, ejercida por los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez, pide para los tres acusados 12 años de inhabilitación. Según el escrito de acusación, la incautación de la desaladora de Montaña Roja se llevó a cabo porque era "la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada", ya que arrebató esas plantas a Club Lanzarote para entregárselas ilegalmente a la empresa madrileña.
"Beneficiar" a Canal con el asesoramiento de Calatayud
Además, el escrito recuerda que ésta no es la primera vez en la que San Ginés es acusado de "beneficiar" a Canal. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también ordenó revisar la adjudicación del contrato por el que Canal de Isabel II se hizo con la gestión del agua en la isla, al considerar acreditado que se alteraron los pliegos en beneficio de esta empresa madrileña.
Tanto en esa adjudicación del contrato como después en la incautación de la desaladora intervino el abogado Ignacio Calatayud, que cobraba como asesor de Canal Gestión mientras asesoraba también a San Ginés. En su caso, también estuvo imputado en la causa, aunque las actuaciones contra él se archivaron por un auto dictado por el ya ex juez de la Audiencia Provincial Salvador Alba, que poco después fue condenado por graves delitos en el ejercicio de su cargo.
Ese auto de Alba, además, fue determinante para que la Fiscalía se retirara del procedimiento, ya que entendía que si no podía formular acusación contra el que fue señalado como el "ideólogo" de la incautación tampoco podía hacerlo contra el resto. No obstante, la causa continúa con la acusación popular, que contó con el aval tanto del Ministerio Fiscal como del juez de instrucción para llevar el procedimiento a juicio.
