El juicio por la ampliación de la bodega Los Bermejos, que durante dos días ha sentado en el banquillo a José Ignacio Valdera Calvo y José Carmelo González Clavijo, ha quedado este jueves visto para sentencia ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife. Al presentar sus conclusiones, el fiscal Carlos Fernández Seijo ha rebajado la pena que solicitaba inicialmente -dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y 9 meses más por un delito de desobediencia-, al entender que debe aplicarse como atenuante las dilaciones indebidas en la tramitación de esta causa, que parte de una denuncia formulada en 2005 por el Seprona. Así, finalmente solicita en total año y medio de cárcel para cada acusado –un año por el primer delito y seis meses por el segundo- además del derribo de lo construido ilegalmente en suelo protegido de La Geria.
Según el Ministerio Fiscal, entre los años 2001 y 2005 los acusados realizaron una ampliación de la bodega de 444 metros cuadrados y 6 metros de altura y ejecutaron otra nueva bodega de 381 metros, una oficina anexa de 56 metros, una cámara frigorífica de 38,50 metros, una explanada de 630 metros y la rehabilitación de una construcción preexistente de 193 metros. Y todo ello, según el fiscal, pese a que "no tenían nada", "ni un permiso, ni un papel", y pese a que la normativa que estaba y sigue estando en vigor no permite "obras de nueva planta", "con un volumen y enjundia como tiene ésta".
Por su parte, las defensas han apelado al Plan Especial de La Geria, que ya ha sido anulado por los tribunales, y a la Ley del Suelo aprobada la pasada semana por en el Parlamento de Canarias, que aún no ha sido publicada ni ha entrado en vigor, para sostener que la construcción sería legalizable. Incluso, pidieron la suspensión del juicio aferrándose a esa nueva normativa y también han reclamado que no se dicte sentencia hasta que se analicen las consecuencias de esa nueva Ley. "Dictar una sentencia condenatoria no tendría sentido porque en dos meses (la obra) tendría cobertura legal", ha sostenido el abogado de Ignacio Valdera. Y en la misma línea se ha pronunciado la letrada de José Carmelo González, que ha defendido que para que haya condena por un delito contra la ordenación del territorio, no basta con que la obra no estuviera autorizada, sino que "tiene que ser no autorizable".
"Todo sería legalizable si se cambia la norma"
A esto, el fiscal ha respondido señalando que los planteamientos de la defensa tienen que ver "con evitar la demolición" que se solicita en este juicio y con la "legalización" de lo construido, pero no con la responsabilidad penal de los acusados. Además, ha subrayado que las "normas que imperan" son las que actualmente rigen ese suelo, y no "una ley que parece que va a entrar en vigor en septiembre". Al respecto, ha añadido que "por definición todo sería legalizable", porque "lo que hoy es ilegalizable puede que en 10 años, o dentro de 30 o 40, no lo sea si se cambia la norma". Incluso "lo que hoy es delito podría dejar de serlo con una nueva norma", ha enfatizado, subrayando que eso supondría que no se podría formular ninguna acusación.
Además, respecto a la supuesta incidencia de la Ley del Suelo, ha negado que vaya a dar cobertura a este tipo de obras. "La Ley del Suelo no puede pormenorizar", ha señalado, en referencia a que es un marco normativo general, que no puede entrar en el detalle de ordenación de cada espacio. Sobre este tema se les ha preguntado también a los peritos del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé que han declarado este jueves, y todos han coincidido en que la Ley del Suelo "no está en vigor" y que, en todo caso, cuando lo esté, aún deberán adaptarse a ella los planes insulares y municipales.
Solo la perito aportada por la defensa ha sostenido que las obras serían legalizables con la Ley del Suelo, porque abre la puerta a la construcción de bodegas "en cualquier tipo de suelo rústico". "Absolutamente, sin ningún tipo de restricción", ha señalado la perito de parte, cuando le han preguntado si serían legalizables las obras en Los Bermejos. Sin embargo, pese a su contundencia en esa respuesta, luego no ha sabido pronunciarse sobre si actualmente está en vigor el Plan Especial de La Geria, al que también hacía referencia en su informe y al que se han aferrado los acusados, pese a que ya ha sido anulado con una sentencia firme. Y es que según la perito, eso implica "conocimientos jurídicos" que no están dentro de su área, ya que no es jurista. Pero pese a ello, sí ha defendido que ese Plan de La Geria podría prevalecer sobre el Plan Insular, alegando que al no estar adaptado el PIOT, "su prevalencia puede decaer". Un criterio que choca con el que han sostenido todos los peritos de las instituciones que han declarado este jueves, que han coincidido en que este espacio se rige actualmente por el Plan Insular, que prohíbe expresamente ese tipo de construcciones.
"Si está todo tan claro, ¿por qué no tiene permiso?"
Sobre el Plan de La Geria, que según la perito de la defensa no sabe si está en vigor, ha girado buena parte de su interrogatorio y también de la estrategia defensiva de los acusados. "¿Por qué va a penalizar algo que durante el devenir del procedimiento ha estado legalizado?", ha preguntado en sus conclusiones la abogada de José Carmelo González Clavijo, dirigiéndose a la magistrada. La letrada sostenía así que ese Plan anulado daba cobertura a las obras, en contra de lo afirmado por casi todos los peritos, a excepción de la aportada por la defensa.
"Si está todo tan claro, ¿por qué no tiene permiso, ni siquiera provisional?", le ha preguntado el fiscal a esta perito, que ha llegado a afirmar que las obras podrían legalizarse incluso en base al Plan Insular. "A mí también me llamó esto la atención", ha respondido ella, tras haber afirmado que en su opinión está "perfectamente claro" cuál es la "intención" de las distintas normativas y los artículos "desordenados" que afectan a este espacio, y que sostiene que es permitir la implantación de bodegas y regular "la relación del hombre y la naturaleza". "No entiendo por qué nadie lo ha entendido de esa manera", ha cuestionado la perito de la defensa.
"No puede haber calificación o cualquier título habilitante, porque esas obras no son legales ni legalizables", ha señalado después el fiscal al presentar sus conclusiones, insistiendo en que no tenían permisos ni cuando se ejecutaron "ni los tienen a día de hoy". "Tienen muy buenos abogados, los podrían haber aportado", ha apuntado, insistiendo en que ni siquiera cuentan con algún permiso provisional, pese a que la defensa asegura que pudieron legalizarse con el Plan de La Geria, que no estaba en vigor cuando se realizaron las obras y tampoco lo está ahora, pero sí lo estuvo durante unos años intermedios.
"Debe ser la persona más descuidada del mundo este señor"
En sus conclusiones, el fiscal también ha hecho especial referencia a uno de los acusados, Ignacio Valdera, que fue el único que aceptó contestar preguntas del Ministerio Fiscal durante el juicio. "Hubiera sido mejor que se acogiera a su derecho de no declarar, para no incurrir en disparates", ha cuestionado Fernández Seijo, que ha señalado que nunca se había enfrentado a un interrogatorio igual. "No exagero ni trato de aplicar la retórica", ha advertido, antes de señalar que las respuestas que fue dando el acusado a sus preguntas incurrieron "en todas las contradicciones del mundo", en "todas las falsedades o no verdades" y "en todos los absurdos".
Y es que ha insistido en que "no hay más que estar a los informes, a las fotos y a los expedientes" incorporados a la causa, para constatar que las obras se realizaron y que no contaban con ningún tipo de permiso. "Se realizan obras durante cinco años en el lugar donde trabaja y no se entera", "parece que no se entera de las obras, que no las ve" y "cuando la Apmun abrió expediente presentaron alegaciones, pero debe ser que las firma otra persona", ha ido relatando el fiscal. "Debe ser la persona más descuidada del mundo este señor", ha concluido, insistiendo en que "todas y cada una de las respuestas que dio no tenían ningún sentido".
Además, ha subrayado que "no eran obras de conservación o de restauración", sino que "eran obras de nueva planta, de nueva ejecución", que tienen "un mismo íter constructivo", "continuado en el tiempo". "No es una obrita de nada", ha recalcado, señalando que los trabajos tenían un presupuesto de 250.000 euros "de los del año 2005", lo que ahora sería una cifra aún mayor. "No es un negocio familiar. Estamos hablando de lucro", ha añadido, repitiendo un mensaje que ha planteado en varios momentos, al hablar de que lo que querían los acusados era "aumentar su patrimonio" y "su negocio", hasta el punto de que incumplieron la orden de paralización de las obras dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias. "Esa necesidad de aumentar su patrimonio les hace decir: Da igual, seguimos adelante", ha señalado el fiscal.
Ese incumplimiento de la orden de la Apmun fue el que dio lugar a la acusación por el delito de desobediencia. Y es que según el fiscal, se llegó a poner un precinto y fue "vulnerado dos meses después" por los acusados. "Esto es una desobediencia como la copa de un pino", ha enfatizado. Por su parte, las defensas han negado también en sus conclusiones la existencia de este delito. Una de ellas ha alegado que, entre otras cosas, "no consta" cuándo se les notificó la orden de parar las obras, como para que pueda hablarse de desobediencia. En cuanto a la otra letrada, ha cuestionado que a su cliente no se le preguntó por este delito cuando acudió a declarar como imputado en el Juzgado de instrucción.
"Una cosa es el arrendatario y otra la propiedad"
Aunque las defensas han llevado una línea de defensa similar durante el juicio, el abogado de Ignacio Valdera ha intentado marcar diferencias al referirse a la responsabilidad de su cliente. Y es que según ha subrayado, "una cosa es el arrendatario, bodega Los Bermejos, y otra cosa es la propiedad". Así, ha subrayado que Valdera solo arrendó "una bodega que se ha ido ampliando", pero que él no es "promotor ni constructor" de esas obras.
Al respecto, ha añadido que conforme se realizaban obras de ampliación, fueron firmando nuevos contratos de arrendamiento con un precio más elevado. "Sería de género absurdo pensar que el arrendatario realiza obras en beneficio de la propiedad y además se le aumenta la renta", ha sostenido.
Por su parte, el fiscal ha hecho hincapié en que ambos acusados "tenían relación personal y profesional", que tenían un "interés compartido" en la ejecución de esas obras y que actuaron de común acuerdo para llevarlas a cabo y para incumplir después la orden de precinto de los trabajos. Además, ya en el escrito de acusación señalaba que en el contrato de arrendamiento, se estipulaba que "para realizar cualquier tipo de obra se necesitará la autorización expresa del arrendador, quedando dichas obras de mejora en beneficio del local".
