El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, ha ordenado llevar a juicio otra de las piezas del caso Montecarlo, que sentará a once acusados en el banquillo. Entre ellos se encuentra el ex alcalde de Arrecife, José Montelongo, junto a otros ex concejales y técnicos del Ayuntamiento. Esta pieza, que es la primera vinculada al Consistorio de Arrecife sobre la que se abre juicio oral, se centra en los pagos presuntamente fraudulentos realizados a la empresa Tunera Producciones, del empresario Eduardo Ferrer.
El auto del magistrado está firmado el 13 de marzo aunque ha sido notificado a las partes esta semana, coincidiendo precisamente con la celebración de otro juicio del caso Montecarlo, centrado en el Ayuntamiento de San Bartolomé. En este primer juicio, todos los acusados han confesado los delitos y han aceptado las penas solicitadas por la Fiscalía, por lo que la vista ni siquiera ha llegado a celebrarse.
Ahora, la Audiencia Provincial deberá fijar una fecha para juzgar la nueva pieza sobre la que se ha abierto juicio oral. En ella vuelve a estar acusado el ex interventor, Carlos Sáenz, que actualmente está cumpliendo otra condena en prisión y ya ha confesado en dos piezas de Montecarlo ?la de San Bartolomé y la de Fuerteventura- y en otra del caso Unión; el ex alcalde del PSOE José Montelongo, que actualmente milita en la Agrupación Socialista por Lanzarote y que está acusado también en otra pieza de esta misma causa-; los ex concejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Víctor Sanginés (PSOE) y Lorenzo Lemaur (PP); los trabajadores municipales José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort; y el empresario Eduardo Ferrer.
Junto a ellos estaba también acusado el ex alcalde del PP Cándido Reguera, aunque falleció durante la instrucción. En cuanto a Montelongo, está acusado por su etapa como concejal de Hacienda, cuando gobernó con el Partido Popular.
Penas de entre tres y seis años de cárcel
A los once acusados se les imputan delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación administrativa, sumando además alguno de ellos los de falsedad documental. La Fiscalía pide penas de entre tres y seis años de prisión, además del pago de multas y el abono de la responsabilidad civil, que implicaría la devolución al Ayuntamiento del dinero presuntamente malversado.
Para que respondan de esas sumas en caso de condena, el magistrado ha vuelto a imponer fianzas a todos los acusados, aunque ya lo había hecho también al dictar el auto que puso fin a la instrucción de esta causa hace casi tres años. Así, reitera la solicitud de esas fianzas, aunque rebajándolas en el caso de Carlos Sáenz y Eduardo Ferrer, después de que la Audiencia estimara parcialmente un recurso que presentaron contra aquel auto de 2016.
Ahora, el juez exige que el ex interventor y el empresario depositen 521.825 euros cada uno, mientras que a Miguel Ángel Leal le reclama 104.617 euros, a Lorenzo Lemaur 41.229, a José Nieves Caraballo 36.346, a José Montelongo 36.346, a Eduardo Lasso la misma suma, 36.346 euros, y a Blas Cedrés 20.615.
En cuanto a las penas, la Fiscalía solicita la mayor, de seis años de cárcel, para Carlos Sáenz, al igual que para Eduardo Ferrer. En cuanto a José Montelongo, Eduardo Lasso, José Nieves, Miguel Ángel Leal y Lorenzo Lemaur, les pide cuatro años y medio de cárcel, además de nueve de inhabilitación. Por último, solicita tres años y cuatro meses de cárcel y seis de inhabilitación para Blas Cedrés y tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Isabel Martinón, Víctor San Ginés y Francisco Hernández Betancort.
Pagos por servicios presuntamente no prestados
El escrito de acusación, presentado hace más de tres años por el fiscal Ignacio Stampa, sostiene que el interventor "se concertó" con el dueño de Tunera Producciones para que pudiera obtener fondos públicos del Ayuntamiento de manera ilegal. Según la Fiscalía, esto "exigía la participación de otros cargos y funcionarios públicos que en cada departamento debían asumir el teórico y legal control de la contratación y de la ejecución de los supuestos servicios facturados, con el fin de dotar de apariencia de legalidad a todo el entramado y justificar la facturación y por ende los pagos".
De esta forma, el Ministerio Fiscal sostiene que se pagaron fondos públicos "por servicios que nunca se prestaron". Además, a esto añade también la existencia de otros que sí llegaron a realizarse pero que se adjudicaron "de forma directa, verbal y sin expediente de contratación", con "grosera vulneración de las licitaciones que rigen la contratación de las administraciones públicas".
Así, considera que se fraccionaba la facturación para "crear la apariencia de legalidad de los supuestos servicios prestados y vinculados a las áreas municipales de Festejos o Cultura", que "eran abonadas por el Ayuntamiento a sabiendas de su ilegalidad, en cuantías cuya determinación solo dependía del capricho del proveedor y de los responsables de la custodia de los fondos públicos, sin que conste que se acreditara por los responsables municipales el cumplimiento de los servicios en los términos que se facturaban, y sin que se pusiera traba alguna al abono de las cantidades reclamadas por la mercantil".
En este último caso, los contratos estaban vinculados a la organización de eventos, incluyendo el concierto de Alejando Sanz, cuya organización se le encargó a esta empresa pagándole 290.220 euros, así como los conciertos del Festival Malpaís de 2009 y 2010, por más de 600.000 euros en total, y otros actos del Carnaval y de otras fiestas del municipio. Además, también se le adjudicó a la misma empresa un "proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife", que según la Fiscalía nunca llegó a ejecutarse, y por el que cobró casi 100.000 euros.
