El juez Rafael Lis no solo permitió personarse a la polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa en la causa de los Centros Turísticos, sino que después ni siquiera tramitó los recursos que se presentaron contra esa decisión. Ahora, esta situación ha sido corregida por la juez Raquel María Rivero, que se hizo cargo del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife después de que Lis fuera apartado de su puesto durante seis meses para cumplir una sanción por una falta muy grave.
En una providencia dictada el pasado 30 de octubre, la juez concluye que se omitió "un trámite esencial", ya que ni siquiera se dio traslado de esos recursos al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que pudieran pronunciarse. Así, el magistrado ignoró esos recursos y tampoco los resolvió durante más de dos años, pese a que los afectados volvieron a reiterar su solicitud pidiendo que se tramitaran.
Ahora, la juez acuerda dar por presentados esos recursos "en tiempo y forma" y admitirlos a trámite, casi tres años después de que fueran presentados. No obstante, esta decisión coincide con la vuelta de Lis al Juzgado, tras haber cumplido ya la sanción que le apartó de su puesto durante seis meses por una falta grave en el ejercicio de su cargo, ya que siguió instruyendo una causa en la que había sido recusado por sus vínculos con el empresario Juan Francisco Rosa, del que era abogada su mujer.
La decisión vuelve a manos de Lis
Con su regreso, será de nuevo Rafael Lis quien tenga que resolver los recursos, al menos en primera instancia, y decidir si permite que la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa continúe personada en la causa. Cabe recordar que esta asociación ha sido acusada entre otras cosas de actuar precisamente en defensa de los intereses de Juan Francisco Rosa y de otros imputados en graves causas de corrupción. Incluso, ha sido multada por actuar con mala fe en el caso Unión y la Fiscalía llegó a definirla como un posible "caballo de Troya con intereses bastardos".
Sin embargo, mientras otros Juzgados han impedido su personación en distintas causas por las dudas sobre sus verdaderos fines, Lis les dio cabida en la causa de los Centros y después no dio trámite a los recursos que presentaron los investigados contra esa decisión.
La providencia del juez Lis permitiendo la personación de AJJA como acusación se dictó el 1 de diciembre de 2015 y 10 días después, dos de los investigados en la causa, Gloria Valenciano y Mario Alberto Perdomo, presentaron un recurso contra esa providencia ante el propio Juzgado. Tras haber transcurrido casi un año y medio sin recibir respuesta, estos dos investigados remitieron nuevos escritos al Juzgado, uno el 20 de marzo de 2017 y otro el 10 de abril de ese mismo año, solicitando un "impulso procesal" respecto al recurso que habían presentado y solicitando que se le diera trámite.
Además, a estos recursos se sumó otro contra la misma providencia presentado por el ex consejero Carlos Espino el 1 de marzo de 2017, que tampoco fue resuelto ni tramitado. "De lo actuado se desprende que faltó un trámite esencial en las presentes actuaciones como es dar proveído al recurso de reforma contra la providencia de fecha 1 de diciembre de 2015, y dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes para alegaciones de dicho recurso. En consecuencia, se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, recurso de reforma contra la providencia de fecha 1 de diciembre de 2015, el que se admite a trámite", concluye la juez.
Otras decisiones en contra del criterio de la Fiscalía y a favor de AJJA
Mientras dejaba sin tramitar y sin resolver estos recursos, lo que sí hizo el juez Lis fue atender otras peticiones de AJJA dentro de esa causa. La última, justo antes de ser apartado del Juzgado, imponiendo fianzas millonarias a los investigados en esta pieza. En este caso, la petición de esas fianzas había partido de la asociación de juristas, pero ahora ha sido anulada por la juez, que considera que se vulneraron requisitos indispensables que en este caso no se daban para adoptar una medida de este tipo.
La juez ha adoptado esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía, que había pedido que se estimaran los recursos que presentaron los investigados y que se anularan las fianzas, evidenciando una vez más las dispares posiciones que mantiene el juez Lis con el Ministerio Fiscal y con instancias superiores de la Justicia que han anulado ya algunas de sus decisiones.
La otra decisión que adoptó Rafael Lis justo en la víspera de ser apartado del Juzgado se oponía también al criterio del fiscal, situándose de nuevo junto al de la Asociación de Juristas en otra causa contra Carlos Espino, que fue denunciante del caso Unión y del caso Yate. Concretamente, Lis dictó el auto poniendo fin a la instrucción de otra causa que había sido denunciada por AJJA, por un supuesto delito de prevaricación al otorgar la calificación territorial a una gasolinera en la carretera de Playa Blanca a Femés. En este caso, la Fiscalía había pedido el archivo de la causa al no ver indicios de delito, pero Lis decidió iniciar el trámite para llevarla a juicio
