La Federación de Administraciones Públicas de Intersindical Canaria ha denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción "que más de 350 docentes se encuentran fuera de las aulas realizando tareas administrativas en distintas consejerías del Gobierno de Canarias", principalmente "en la Consejería de Educación y Universidades". La denuncia plantea la existencia de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, según ha informado el sindicato en un comunicado.
Intersindical Canaria sostiene que "se trata de nombramientos, consentidos por la Dirección General de la Función Pública y validados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias", que considera "graves y fraudulentos". Además, denuncia que "suponen un alto coste para las arcas de la Comunidad Canaria". En concreto, "unos 18 millones de euros al año, además de una disminución del número de efectivos en las aulas y sus consecuencias negativas en el sistema educativo canario".
"Estos docentes que realizan funciones administrativas reciben una cuantía extra mensual de 224,39 y 395,03 euros según el tipo de coordinación que reciben" afirma el sindicato, que pone de manifiesto que estas tareas las realizaban antes "funcionarios o personal laboral de Administración General de la Comunidad Autonóma de Canaria" y "ahora la realizan docentes con "el aumento considerable en las retribuciones, realizando el mismo trabajo".
A juicio de Intersindical Canaria, se "está utilizando el subterfugio de los nombramientos de docentes para programas educativos, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo, para nombrar de forma ilícita e ilegítima a docentes para centros directivos del Gobierno de Canarias, para realizar funciones meramente administrativas".
Tuvo que recurrir al Comisionado de la Transparencia para conocer los datos
El sindicato explica que ha sido "tras muchos meses de espera" cuando ha logrado conocer "el número de docentes que están desempeñando funciones de índole administrativo en puestos que no están creados en las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPTs) de los servicios centrales y territoriales de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, principalmente, en la Consejería de Educación y Universidades". Para obtener la información, Intersindical Canaria señala que tuvo que que recurrir al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. "Hasta ahora, la cifra supera los 350 docentes", apunta el sindicato, que entiende que este dato "se ha incrementado en este curso escolar 2017/18."
"Actualmente, Intersindical Canaria se encuentra estudiando detalladamente las funciones de cada uno de los docentes que están desarrollando funciones meramente administrativas y destinados en los centros directivos", informa el sindicato, que denuncia además que "a las solicitudes de esta organización a la Consejería de Información, la respuesta ha sido de no sabe no contesta, incumpliendo con las buenas prácticas que se le supone".
