Un informe externo solicitado por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo confirma que Juan Francisco Rosa no es titular del suelo donde se asienta la bodega Stratvs y propone denegar la solicitud que presentó el empresario para instalar una estación depuradora de aguas residuales en la bodega. El informe fue solicitado por el Consejo el pasado 7 de junio, después de que la familia Negrín advirtiera por escrito al Cabildo de que podían incurrir en un delito de prevaricación si seguían adelante con ese expediente.
"No consta el permiso de la totalidad de propietarios de la finca registral 3630 de Yaiza, en la que se procederá a la instalación de la estación depuradora", concluye ese informe, fechado el pasado 30 de junio y elaborado por el abogado del servicio jurídico externo del Consejo de Aguas, Antonio Medina. Además, precisa que esto "infringe" el artículo 13 del Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico.
Ese artículo establece que para tramitar este tipo de solicitud, tal como había advertido la familia Negrín, se debe aportar una "certificación registral de la propiedad de los terrenos que hayan de ocuparse, o permiso de sus propietarios", cosa que no ha hecho Juan Francisco Rosa. Precisamente la presunta usurpación de terrenos es uno de los delitos por los que está acusado el empresario en el caso Stratvs, en la pieza que aún está pendiente de juzgarse, y en la que los Negrín están personados como acusación particular.
Se empezó a tramitar al día siguiente de recibir un escrito de Rosa
Aunque Rosa no presentó esa documentación, el Consejo de Aguas dio trámite al expediente el pasado mes de diciembre, cuando además el complejo Stratvs estaba aún precintado por orden judicial. Y lo hizo justo al día siguiente de que el empresario dirigiera un escrito al Cabildo, aportando el auto que acababa de dictar la Audiencia Provincial -que en ese momento ni siquiera era firme- levantando la medida cautelar de cierre. "La documentación presentada por BTL Lanzarote es conforme con los mínimos previstos por la legislación vigente", señalaba el informe de seis folios elaborado por el actual gerente del Consejo de Aguas, Erik Martín, al día siguiente de recibirse ese escrito de Rosa. Así, proponía "continuar la tramitación" de la "autorización/legalización de estación depuradora de aguas" en Stratvs.
Un mes después la familia Negrín, como dueña de una parte de esos terrenos, presentó alegaciones al expediente abierto por el Consejo Insular de Aguas, pidiendo que se suspendiera su tramitación y advirtiendo de un posible delito de prevaricación si se continuaba adelante. "Ni BTL Lanzarote ni Juan Francisco Rosa Marrero tienen titularidad alguna sobre la finca", advirtió en ese escrito el abogado de los Negrín, José Luis Sáez, tras enterarse "por los medios" de que Rosa había registrado esa solicitud para instalar una depuradora en Stratvs. Junto a su escrito, el letrado aportó una nota del Registro de la Propiedad sobre esa finca, emitida en 2015, en la que aparecen distintos copropietarios, entre ellos varios miembros de la familia Negrín y también de la familia Matallana. Pero quienes no figuran como dueños son Juan Francisco Rosa ni la empresa titular de la bodega, BTL Lanzarote.
En sus alegaciones, el abogado de los Negrín hacía hincapié además en la "tramitación tan urgente realizada por el Consejo Insular de Aguas", con una "urgencia no aplicada en cualquier otro expediente". Y concluía que de eso "se deduce que no se ha tenido en cuenta, a la hora de informar favorablemente al expediente, antes de su publicación", que el suelo donde se encuentra la bodega no pertenece a la persona que presentó esa solicitud.
Rosa respondió aportando una foto de la "inauguración"
Juan Francisco Rosa, a través de BTL, respondió a esas alegaciones el pasado 23 de marzo. Y lo que sostuvo es que uno de los integrantes de la familia Negrín, Domingo Negrín, le autorizó a construir la bodega en sus terrenos. Para acreditarlo, lo que Rosa presentó como supuesta prueba fue una fotografía en la que aparece Domingo Negrín con Juan Rosa, durante lo que el propio empresario califica como "fiesta de la inauguración" de Stratvs (celebrada meses antes de obtener siquiera la licencia de actividad).
Además de que Juan Francisco Rosa no aportó ningún documento en el que conste esa autorización, cabe recordar que Domingo Negrín es solo uno de los propietarios de esos terrenos, ya que otros miembros de la familia ostentan distintos porcentajes de titularidad sobre ese suelo. En concreto, en el caso Stratvs hay cuatro personados como acusación particular, denunciando la usurpación de sus terrenos.
En respuesta a las alegaciones presentadas ante el Consejo de Aguas por estos afectados, Rosa también planteó que el abogado de los Negrín no había aportado poder de representación, intentando impedir así que se estimara su escrito. No obstante, el letrado ya fue requerido por el Consejo para que aportara ese poder y cumplió ese trámite.
"Una ficción continua y premeditada", según la juez del caso Stratvs
Finalmente, el pasado 7 de junio, el Consejo de Aguas encargó un informe al abogado de su servicio jurídico externo. Y ese informe, fechado el pasado 30 de junio y con registro de entrada el 5 de julio, es el que concluye que "debe procederse a la denegación de la autorización para la instalación y vertido de la estación depuradora de aguas residuales para la bodega Stratvs solicitada por Priscila Diana Sosa Sosa, en representación de la sociedad mercantil BTL Lanzarote", por "no constar el permiso de la totalidad de propietarios de la finca".
Este hecho fue uno de los que se pusieron de relieve durante la instrucción del caso Stratvs. Según señalaba la juez instructora en uno de sus autos, "se ha venido pretendiendo crear la apariencia de que Rosa Marrero, a través de sus empresas, es propietario del suelo en el que llevó a cabo la construcción, circunstancia que es particularmente relevante en el presente caso, no sólo porque existen titulares legítimos que se han personado como perjudicados, sino porque (Juan Francisco Rosa) no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral" en la que se asienta Stratvs.
Quien sí ostentaba una parte de la titularidad de ese suelo, a través de su familia, era el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana. Según la magistrada Silvia Muñoz, Rosa y Matallana se concertaron para realizar el proyecto en esos terrenos, utilizando la "excusa" de rehabilitar una vivienda preexistente, ya que "era la única ubicación que se prestaba a la ficción continua y premeditada de rehabilitar una antigua bodega (que no existía)". Y quien pidió los primeros permisos ni siquiera fue Rosa, sino la mujer de Armas Matallana. Después, esa primera solicitud, que era para la "restauración de vivienda y almacén", fue "mutando de manera intencionada y dirigida, ampliando su espacio y funciones", sin "conocimiento y consentimiento" de la mujer de Armas, Piedad del Río, que figuraba como firmante de la solicitud ("se falsificó su firma", llegó a declarar el arquitecto en los Juzgados).
"Promotor encubierto" sin titularidad sobre el suelo
Además, aunque los permisos se pedían a nombre de ella, la administración respondía directamente a Juan Francisco Rosa, que era el "promotor encubierto de la construcción", según la juez. De hecho, desde la primera solicitud al Gobierno de Canarias, se hizo constar que las notificaciones administrativas se realizarían en la calle Fajardo de Arrecife, donde se ubica Galerías Rosa, S.L. Precisamente a esa dirección se dirigió el Gobierno de Canarias para notificar a Rosa su resolución favorable, justo al día siguiente de firmarla. Y todo ello, pese a que no constaba su "consideración de interesado administrativo", ni ostentaba "representación alguna" de la que figuraba como solicitante del permiso.
Así, aunque Rosa es el promotor de la obra y Stratvs figura a nombre de su empresa, al menos hasta que se cerró la instrucción judicial de esta causa no pudo acreditar ser titular del suelo. Y tampoco ha podido hacerlo ahora ante el Consejo Insular de Aguas, ante quien solicitó la autorización para instalar una depuradora. Al respecto, la familia Negrín señalaba en sus alegaciones que aunque Rosa hubiera podido aportar ahora una "titularidad parcial de dominio", se requeriría la autorización de toda la comunidad de propietarios.
La instalación de esa depuradora es uno de los muchos escollos que debe superar el empresario, que entre otras cosas está acusado de un delito contra el medio ambiente por la emisión de vertidos contaminantes. En noviembre de 2008, el entonces gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín –acusado también en el caso Stratvs-, le otorgó una "autorización provisional de seis meses, sin posibilidad de prórroga", para el sistema de tratamiento de aguas residuales. Y lo hizo pese a que ya había informes que advertían de un "alto grado de contaminación". Además, ese permiso caducó en mayo de 2009 y la bodega siguió funcionando sin esa autorización, hasta que fue cerrada por orden judicial en diciembre de 2013. Ahora, una vez levantado el precinto, Stratvs sigue careciendo de ese permiso si pretendiera retomar su actividad.
