"El relato de los hechos reconocidos por los acusados es la historia contemporánea de Lanzarote. De la lucha entre la fuerza de la razón y la del dinero". Con ese mensaje ha presentado sus conclusiones la abogada de la acusación particular en el caso Yate, Irma Ferrer, al explicar por qué decidieron aceptar las conformidades a las que han llegado 9 de los 11 acusados, reconociendo los delitos y logrando rebajar las penas.
"El objeto de esta acusación nunca ha sido sumar años de cárcel, sino el deseo de ofrecer un relato a todos aquellos que han hecho posible que triunfe la ley y el respeto al territorio como bien común, por encima de la corrupción", ha explicado la abogada. Y esas conformidades y esas confesiones, ha destacado que "acreditan el éxito de la razón sobre el poder del dinero".
Por eso, ha hecho hincapié en la necesidad de que no se pierda la "dimensión" de lo que supone esta causa judicial. Así, ha recordado que las licencias que otorgó el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, autorizaron 8.331 camas turísticas ilegales, con proyectos que suponen un presupuesto de más de 190 millones de euros. Y a esto hay que sumar las 1.800 camas residenciales autorizadas en el también ilegal Plan Parcial Playa Blanca, así como el puerto deportivo Marina Rubicón.
"Un urbanismo criminal que afecta directamente a las personas"
Ahora, tanto Reyes como el que era el secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, admiten que delinquieron autorizando esos proyectos y, en el caso de Reyes, que lo hizo a cambio de cientos de miles de euros en sobornos. "Es un urbanismo criminal", ha enfatizado la letrada, señalando que ha "afectado directamente a las personas". Así, se ha referido a la carencia de infraestructuras básicas en el municipio de Yaiza y en particular en Playa Blanca, y a la falta de suelo para dotaciones públicas.
Al respecto, ha hecho especial referencia a las Directrices del Gobierno de Canarias, que se incumplieron al autorizar el desarrollo del Plan Parcial Playa Blanca. En esas Directrices, se establecía que en Lanzarote quedarían desclasificadas todas las camas de los planes que no se hubieran desarrollado, "dadas las graves carencias en materia de infraestructuras".
Esa norma "es vital, porque es la que garantiza la calidad de vida de los ciudadanos de la isla", ha subrayado la abogada, señalando que ese "urbanismo criminal" tuvo como consecuencia que "se desbordaron los servicios", tanto con carencias en materia de infraestructuras educativas y sanitarias, como en recursos como el agua.
"Yaiza debería ser el municipio más rico de Canarias"
A esto, además, ha sumado la situación económica en la que Reyes dejó el Ayuntamiento de Yaiza, que quedó "en la bancarrota". Y todo ello después de un "boom turístico que tendría que haber convertido a Yaiza en el municipio más rico de la isla y en el municipio más rico de toda Canarias". Sin embargo, la abogada ha recordado que tras ese "boom", el Consistorio "no podía ni pagar ni las nóminas a sus trabajadores" y que Yaiza "no tiene una guardería municipal". "El resultado de Yate es el que vemos todos", ha señalado la letrada.
Mientras tanto, los empresarios que se beneficiaron de esas licencias ilegales recibieron además subvenciones millonarias de la Unión Europea. Tal como ha venido denunciando la acusación, solo 7 de los hoteles investigados en esta causa recibieron en total 25 millones de euros, de fondos europeos que estaban destinados a fomentar el empleo o a impulsar sectores en declive en las regiones más pobres de la UE. Además, también evitaron el pago de impuestos al acogerse a la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC).
"El Cabildo defendió la legalidad, pero ahora no"
En sus conclusiones, la abogada de la acusación particular también ha hecho especial referencia a la implicación de la sociedad lanzaroteña, que "pidió que se parara de construir". Y también ha recordado que en su momento el Cabildo "defendió la legalidad" –"ahora no", ha precisado- e "hizo su trabajo", volcando "esa voluntad popular en la conocida como moratoria, y también recurriendo después todas las licencias ilegales que concedió Reyes.
Unas licencias que se concedieron "retando a las administraciones públicas" y al "estado de derecho". Al respecto, ha señalado que el caso del Plan Parcial Playa Blanca, que ni siquiera podía desarrollarse porque estaba extinguido, es un claro ejemplo del "modus operandi" con el que han actuado, de "construyo y legalizo". "Y a eso le llaman inseguridad jurídica", ha cuestionado, recordando el discurso que han venido mantenido los promotores y también políticos y cargos públicos, como los que ahora han confesado que delinquieron al otorgar esos permisos y que eran conscientes de su ilegalidad.
Por eso, la abogada ha querido "reconocer el trabajo de técnicos y funcionarios" y de todas las personas que han luchado por la legalidad y que "han sufrido campañas de ataque" en los medios de comunicación propiedad de los empresarios que recibieron esas licencias ilegales a cambio de sobornos. "Es a ellos a quienes esta letrada ofrece su trabajo", ha manifestado para concluir su intervención.
