"Yo nunca recibí ninguna denuncia, ninguna queja. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo que no pudiera estar abierto". Eso fue lo que defendió la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, durante su declaración en el juicio del caso Stratvs, en el que está acusada tanto por acción -por haber autorizado la licencia de actividad-, como por omisión - por no haber clausurado las instalaciones tras tener conocimiento de las irregularidades-. "Hoy en día es un escándalo la bodega Stratvs, pero en aquel momento nadie hablaba de eso", sostuvo Acuña, que subrayó que ella no otorgó la licencia de obra y que "el edificio no se construyó en dos días".
Según la alcaldesa, fue al ser imputada en esta causa judicial cuando tuvo "conocimiento" de las irregularidades, incluyendo que "la actividad del restaurante no tenía licencia". Y entonces, asegura que ordenó que se hiciera una inspección, nada más terminar de declarar en los Juzgados. "Me contaron que a mitad de la inspección, la propiedad llamó y dijo que se fueran", relató al explicar cómo transcurrió la primera visita de los técnicos municipales a Stratvs.
"Yo hice las consultas porque eso no había pasado nunca", continuó señalando. Finalmente, se realizó una nueva visita y se advirtió a la propiedad de que "la inspección no se puede impedir". A raíz de esa inspección, el Ayuntamiento incoó tres expedientes: uno por la bodega, otro por la tienda y uno más por el restaurante, pero solo llegó a culminar este último, el del restaurante, ordenando la clausura.
"El restaurante era un tema clarísimo, no tenía ni proyecto"
"Era un tema clarísimo. Tan claro, que no tenía ni proyecto presentado. No tenía ningún tipo de soporte legal", explicó la alcaldesa en su declaración. Sin embargo, el Ayuntamiento no llegó a actuar sobre la bodega y la tienda, que según la instrucción de esta causa tampoco tienen ningún tipo de cobertura. "Humanamente creo que hice todo lo que estaba en mi mano", defendió en el juicio Acuña, que alegó que no pudieron culminarse esos dos expedientes por falta de personal, ya que dos técnicos también imputados en esta causa se inhibieron, y además el secretario fue apartado de su cargo por otra condena judicial.
Unos argumentos casi idénticos utilizó el que entonces era concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, que está acusado del mismo delito por omisión en esta pieza del caso Stratvs. "Los técnicos decían que no se podía cerrar la bodega y la tienda tal como se hizo con el restaurante", aseguró el edil, que también se refirió a la "falta de técnicos" para seguir con los otros dos expedientes.
"Uno no puede abrir y cerrar lo que uno quiera, como le dé la gana. Con el restaurante lo teníamos clarísimo", insistió por su parte Acuña, que sostuvo que no ocurría lo mismo con los otros dos expedientes. Al respecto, afirmó que tuvieron que hacerse cargo la arquitecta municipal y el ingeniero de Obras Públicas y que cuando fueron a hacer su informe les "surgieron dudas" sobre "la interpretación del Plan de La Geria, porque había diferencias entre el texto y los planos".
"Pedimos auxilio y nadie nos echó una mano"
En ese momento solicitaron una aclaración al Gobierno de Canarias, pero "nunca contestó". Y tampoco les dio respuesta el Cabildo de Lanzarote, a quien solicitaron "cooperación interadministrativa" para poder culminar esos informes. "Lo pedimos hasta en tres ocasiones, porque teníamos sobradas razones para ello, pero no nos contestó", lamentó la alcaldesa en su declaración. "Pedimos auxilio y nadie nos echó una mano", aseguró, reiterando que ella no es "ningún sheriff" y no puede "cerrar lo que quiera" sin culminar los expedientes.
En el caso del Cabildo, según Acuña, terminó contestado después de que hubiera intervenido ya el Juzgado, que ordenó la clausura de todas las instalaciones. Y la respuesta de la Corporación insular fue recomendar que el Ayuntamiento suspendiera los expedientes abiertos a Stratvs, al haber ya un procedimiento penal en marcha.
Respecto a la concesión de la licencia de actividad, por la que también está acusada, Gladys Acuña aseguró que contaba con informes positivos y que desconocía los negativos que también constaban en el expediente. Al final de su declaración, el presidente de la Sala le preguntó si "se fijó" en los metros que realmente se habían autorizado, 900, y en "lo que terminaron haciendo" en Stratvs. "La competencia en un paraje protegido no es del Ayuntamiento. Otra cosa es que lo detectemos y lo pongamos en conocimiento de la Apmun, pero tampoco es frecuente", respondió la alcaldesa.
"Yo aparezco mucho más tarde"
En su declaración, durante la que solo aceptó contestar a preguntas de su abogado y del presidente de la Sala del TSJC, la alcaldesa dedicó buena parte de su relato a hablar del "caos" que afirma que encontró en el Ayuntamiento cuando asumió el cargo en 2008, tanto "urbanístico y judicial" como económico. Además, subrayó que ella no participó en la concesión de la licencia de obra, otorgada bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes. "Yo aparezco mucho más tarde", señaló.
Concretamente, apareció poco antes de que se otorgara la licencia de actividad, cuando las obras ya estaban terminadas y habían sido inauguradas hacía más de medio año, con una fiesta a la que acudió la propia Acuña y buena parte del grupo de gobierno de Yaiza, además de otros políticos de la isla y de Canarias. Pero en ese momento, Acuña asegura que no sabía que la bodega ya estaba funcionando, y tampoco que tuviera otras instalaciones no autorizadas, como una tienda y un restaurante.
Cabe recordar que fue precisamente el aforamiento de la alcaldesa, al convertirse también en parlamentaria regional, lo que obligó a dividir el caso Stratvs en dos piezas. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se hizo cargo solo de los hechos relacionados con la intervención de Acuña, que son los que han comenzado a juzgarse esta semana, mientras que la Audiencia Provincial celebrará el juicio principal, donde se investigan la mayor parte de los delitos desde la construcción y puesta en marcha de estas instalaciones.
