El gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Erik Martín, ha declarado este miércoles como testigo de la defensa en el juicio del caso Stratvs a petición del abogado de su antecesor en el cargo, José Juan Hernández Duchemín, que está acusado de un delito contra el medio ambiente por haber permitido que la bodega emitiera vertidos contaminantes.
"Yo, desde que estoy como gerente, estoy desbordado. Un mago con una vara es capaz de hacer más de lo que estamos haciendo. Supongo que antes pasaría lo mismo", ha afirmado Martín, que ha asegurado que es "imposible" que cumplan con todas las funciones que tienen encomendadas. No obstante, en un interrogatorio que se ha vuelto tenso al llegar a las preguntas de la fiscal, el actual gerente también ha insistido en subrayar que él no era trabajador del Consejo cuando se concedió una autorización provisional al sistema de vertidos de Stratvs, y también en que no tenía ninguna responsabilidad sobre la supervisión de esos vertidos.
"Parece que me están acusado", ha llegado a decir Erik Martín, cuando la fiscal le preguntaba por un informe que él mismo emitió antes de ser gerente del Consejo, cuando ya trabajaba para este órgano como asesor externo a través de una empresa. En ese informe, Martín analizaba el trabajo que estaba realizando el Consejo de Aguas y planteaba que debía realizarse un control sobre los vertidos.
El "autocontrol" del solicitante
Tras afirmar que no recordaba el contenido de ese informe, que finalmente le han terminado mostrando, Erik Martín ha insistido en que él solo hacía los informes que le encargaban sobre expedientes concretos y que "no conocía ni tenía acceso a todos". En cuanto al procedimiento general para controlar vertidos, ha declarado que es el solicitante el que está obligado a llevar un "autocontrol" y a hacer analíticas mensuales, aunque a preguntas de la acusación también ha precisado que el Consejo se reserva la potestad de hacer inspecciones.
En el caso de Stratvs, las únicas analíticas públicas que constan arrojaban parámetros contaminantes, pero aún así Hernández Duchemín informó a favor de concederle ese permiso provisional por seis meses. Después, aunque esa autorización establecía que debían realizarse análisis todos los meses, lo cierto es que nunca se hicieron. Y tampoco se adoptaron medidas después, cuando ese permiso caducó y la bodega siguió funcionando sin ningún control por parte del Consejo de Aguas.
"La labor de vigilancia no es del gerente, es del servicio de vigilancia de cauces", ha afirmado Erik Martín, en la misma línea de lo que defendió su antecesor en el cargo al declarar como acusado. Sin embargo, este miércoles también ha declarado como testigo uno de esos vigilantes de cauces, Gerardo Cancio, que ha afirmado que es el gerente el que le dice "dónde tiene que ir" para realizar una inspección.
Un informe de seis folios al día siguiente de recibir la solicitud
"No había servicio jurídico, ni técnico. Solo el gerente, un auxiliar administrativo y dos vigilantes de cauces", ha insistido Martín al describir la situación que encontró al llegar a su actual cargo en el Consejo de Aguas. En cuanto a su intervención en el expediente de Stratvs que se investiga en esta causa, han sido los magistrados de la Sala los que se han terminado dirigiendo a él para aclarar el sentido de su declaración como testigo. "¿No intervino en los hechos en absoluto?", le ha preguntado una de las magistradas, después de que Martín hubiera respondido a otro de los jueces que ni siquiera conoce el sistema de depuración de Stratvs.
En lo que sí ha recordado que intervino, a preguntas de la acusación popular, es en una solicitud posterior que presentó Juan Francisco Rosa para instalar una depuradora, cuando la bodega ya estaba precintada por orden judicial.
En este caso, a pesar de esa falta de medios a la que ha hecho alusión en repetidas ocasiones, Erik Martín tardó solo un día en responder a un escrito de Juan Francisco Rosa. En ese momento, el juez Salvador Alba -que después fue condenado por la comisión de varios graves delitos en el ejercicio de su cargo- acababa de dictar un auto levantando el precinto de la bodega. Así, con ese auto, el 3 de enero de 2017 Rosa presentó un escrito al Cabildo pidiendo que se tramitara su solicitud. Al día siguiente, como gerente del Consejo, Erik Martín emitió un informe favorable de seis folios atendiendo su petición.
"La documentación presentada por BTL Lanzarote es conforme con los mínimos previstos por la legislación vigente", señalaba ese informe, que proponía "continuar la tramitación" de la "autorización/legalización de estación depuradora de aguas". Poco después, ese expediente tuvo que paralizarse, ya que el empresario ni siquiera había acreditado ser el dueño del terreno. De hecho, fueron los legítimos propietarios los que tuvieron que dirigirse al Cabildo advirtiendo de la situación e instándole a que no continuara con la tramitación de ese permiso.
El Barranco del Obispo no es un barranco, según Martín
En su declaración, a preguntas de la defensa, el actual gerente del Consejo también a sostenido que la zona del barranco del Obispo donde se levantó la bodega no es un barranco. "Que yo sepa no está integrado en ninguna cuenca que tengamos nosotros registrada en el Plan Hidrológico", ha defendido.
Además, aunque la defensa le ha preguntado en este punto por los informes aportados a la causa por la acusación, Martín no ha hecho referencia a su contenido. Esos informes fueron solicitados por el Consorcio del Agua, a raíz del estudio presentado por el anterior grupo de Podemos sobre la existencia de un acuífero en Timanfaya, y entre otras cosas reflejan la existencia de aguas subterráneas en la zona donde se asienta Stratvs.
Un vigilante de cauces que no inspeccionaba y solo "acompañaba"
Junto al gerente, este miércoles estaban citados como testigos los dos vigilantes de cauces del Consejo, aunque solo uno de ellos ha prestado finalmente declaración. El otro, que es hijo de José Juan Hernández Duchemín, finalmente no ha llegado a hacerlo, ya que todas las partes han renunciado a su testimonio al considerar que ya no era necesario.
En cuanto al otro vigilante, Gerardo Cancio, ha comenzado respondiendo que tiene "formación media" -"grado medio", ha añadido cuando le han pedido más precisión- y que no tiene ningún conocimiento específico en materia de aguas, más allá del que ha podido adquirir desde que empezó a trabajar como vigilante para el Consejo.
En cuanto a sus funciones, por las que le han preguntado en reiteradas ocasiones, ha ido repitiendo que se encarga de "vigilar barrancos, depuradoras, desaladoras..." Sin embargo, en el caso de Stratvs, ha asegurado que él no realizó "personalmente" ninguna inspección en el Barranco del Obispo y que solo "acompañó a un compañero" al que llevó en coche hasta la bodega. "Viene un técnico y el técnico se encarga de hacer eso", ha añadido, ante lo que le han vuelto a preguntar cuáles son entonces sus funciones. "Vigilar", ha repetido.
Esa inspección fue la que se realizó antes de que se otorgara el permiso provisional de vertidos a Stratvs, pese a que las analíticas arrojaron parámetros contaminantes. "Como vigilante que era de barrancos, cauces, desaladoras y depuradoras, haría algo más que actuar como chófer, ¿no?", ha cuestionado la abogada de la acusación, ante lo que el testigo ha insistido en que quien hizo el trabajo fue el técnico y que él se limitó a "acompañar".
Además, a preguntas de la defensa, ha afirmado que no recuerda qué empresa hizo después los análisis, que no sabe si estaba habilitada, que él tampoco se encargó de "custodiar" las muestras tomadas en Stratvs y que desconoce el sistema de depuración que tienen el resto de bodegas de La Geria. En cuanto a las inspecciones, ha declarado que era el gerente quien les decía dónde tenían que ir y el técnico "el que marcaba el calendario de trabajo".
