14/nov./2019

EL FISCAL MANTIENE QUE HUBO FALSEDAD DOCUMENTAL Y LA DEFENSA LO NIEGA

“Dimas ha sido identificado por todos como el jefe, pero el jefe estaba en manos de Juan Francisco Rosa”

La acusación popular sostiene que al firmar un contrato de trabajo al líder histórico del PIL, el empresario “puso la base para que Dimas saliera a la calle y siguiera alimentando la trama de corrupción”: “Le debía la vida, su libertad dependía de él"

Juan Francisco Rosa, en el banquillo este martes junto al resto de acusados
Juan Francisco Rosa, en el banquillo este martes junto al resto de acusados
“Dimas ha sido identificado por todos como el jefe, pero el jefe estaba en manos de Juan Francisco Rosa”

“Dimas ha sido identificado por todos como el jefe, pero el jefe estaba en manos de Juan Francisco Rosa”. Con esta frase ha explicado la abogada de la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, el papel que juega Rosa como acusado en la pieza 12 del caso Unión. “Han pretendido decir que Juan Francisco Rosa está aquí con calzador, en una trama en la que no tiene nada que ver, pero él fue quien puso la base para que Dimas saliera a la calle y siguiera delinquiendo, alimentando la trama de corrupción”, ha insistido la letrada al presentar sus conclusiones durante el juicio, en referencia al contrato de trabajo que Rosa firmó con Dimas Martín y que le permitió obtener el tercer grado penitenciario.

“El Mininsterio Fiscal entiende que ese contrato es falso, que nunca trabajó. Se creó ex novo ese contrato laboral para la obtención del tercer grado penitenciario”, ha defendido por su parte Javier Ródenas, que pide para Rosa una pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de 15.000 euros por un delito de falsedad continuada de documento público. “Se ha simulado una relación laboral de todo punto inexistente”, “se le ha tomado el pelo a Instituciones Penitenciarias” y “también se ha engañado a la Junta de Tratamiento, al Centro Penitenciario y a su señoría”, ha subrayado el fiscal, que se ha dirigido a la Sala de la Audiencia para advertir que “si no condenan, darán validez a algo mendaz”. 

Además, tanto la Fiscalía como la acusación popular han hecho hincapié en el poder que gracias a ese “favor” ejercía Rosa sobre Dimas . “Su vida dependía de él”, “su libertad dependía de él”, ha señalado Irma Ferrer, que también ha relatado otros vínculos que puso de relieve la instrucción de esta causa. Entre ellos, que el empresario era en realidad el dueño de dos viviendas de Dimas, una de ellas la casa familiar. “Ha reconocido que las compró”, ha subrayado la letrada, en referencia a la declaración que prestaron Rosa y Dimas en fase de instrucción. Y también ha recordado que “la mujer de Dimas pedía dinero a la mujer de Juan Francisco Rosa” y que el empresario contribuyó a la financiación del PIL, estando acreditada la entrega de al menos 60.000 euros al partido. “Juan Francisco Rosa ha pasado toda la instrucción diciendo que no quería ningún trato con Dimas, pero lo tenía”, ha subrayado la letrada. “Claro que le puede dar órdenes a Dimas, a su mujer y a toda la familia”, ha añadido.

 

“La llamada del cabreo”


En opinión de la acusación popular, “la mayor gravedad” de que se firmara ese contrato para conseguir el tercer grado penitenciario “es que se hizo para que se reinsertara socialmente una persona a la que Rosa llama por teléfono para decirle 'coge a tu hijo Fabián, vete al Cabildo y legaliza mis hoteles'”. Así ha hecho referencia a una de las llamadas interceptadas por la UCO, en la que el empresario le decía a Dimas que tenía que “imponerse” con Fabián Martín, que en ese momento era consejero y vicepresidente del Cabildo. 

“Yo no entiendo que con la fuerza que tú has tenido, esto no se haya arreglado”, le dice Rosa a Dimas en un momento de la conversación, que ha sido bautizada por el fiscal como “la llamada del cabreo”. “No le pregunta por las gardenias del hotel o por los jardines de su finca”, ha ironizado Ródenas en referencia a la declaración de Rosa durante el juicio, en la que afirmó que contrató a Dimas como “capataz agrícola” y que se encargaba de los jardines del hotel Fariones, de la Finca de Uga y de sus viñas en La Geria. 

Esa declaración contrasta con la que el propio empresario realizó tras ser detenido en el caso Unión. En aquel momento reconoció que las funciones de Dimas en su empresa “eran nulas” e incluso fue advertido de que estaba admitiendo un delito de falsedad documental, aunque continuó declarando. Sin embargo, en el juicio cambió su versión y aseguró que el líder histórico del PIL sí trabajaba para él “en temas agrícolas” y que “si no iba más sería porque se escapaba del trabajo”.

 

“Cualquier testigo podría haber dicho 'yo lo vi', pero no han traído ni uno”


No obstante, tal como han subrayado la Fiscalía y la acusación popular al presentar sus conclusiones, Rosa no ha aportado ni un solo testigo. Nadie que pueda confirmar que vio a Dimas trabajando o pasando siquiera por alguna de las empresas de Juan Francisco Rosa. “Cualquier testigo podría haber dicho: yo lo vi. Pero ni uno”, ha subrayado el fiscal. “Bastaba con traer una persona. Al menos la que le pagaba en ventanilla de Galerías Rosa el dinero de la nómina”, ha añadido por su parte la abogada de la acusación popular, cuestionando que “Dimas no tenía tiempo ni de ir a buscar las nóminas del trabajo por el que consiguió el tercer grado”.

Además, las acusaciones también han cuestionado la versión que dio Rosa en el juicio. “Si se iba a encargar de la supervisión de jardines, como capataz agrícola, ¿por qué no pone eso en el contrato?”, ha planteado el fiscal, recordando que Rosa firmó dos contratos con Dimas, el primero a través de Galerías Rosa como “encargado de obras” y el segundo con otra empresa del grupo, como “auxiliar administrativo en el sector del comercio del mueble”. “Eso no se lo cree nadie”, ha enfatizado el fiscal, que han insistido en que se declaró “falazmente por las dos partes una relación laboral inexistente”.

Además, las acusaciones han recordado que durante buena parte de ese periodo, Dimas Martín estaba siendo sido sometido a un seguimiento por parte de la UCO y también tenía el teléfono intervenido. “Es imposible que Dimas esté en dos sitios a la vez”, ha señalado Ródenas en referencia a las constantes reuniones que mantenía el líder histórico del PIL y subrayando que “además no paraba de hablar por teléfono en todo el día”. “Y nadie le vio nunca trabajar para Rosa”, ha agregado, refiriéndose también a las preguntas que se formularon sobre este tema a los concejales con los que Dimas tenía un contacto permanente en este momento, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez.

 

“¿Trabajaba en jardines protegidos donde no se podía tocar una piedra?”


A esto, la abogada de Transparencia Urbanística ha añadido otro elemento para desmontar la nueva versión de Rosa sobre el supuesto trabajo que Dimas realizaba para él. “Los jardines del Fariones están protegidos, no se pueden tocar. ¿Dimas trabajaba en jardines donde no se podía tocar una piedra?”, ha cuestionado la letrada, que ha añadido que en La Geria ocurre lo mismo, “es suelo protegido”, y además “allí no hay jardines”, sino vides.

“Ahora entendemos la renuncia de los testigos”, ha apuntado Ferrer, señalando que las personas a las que había citado la defensa de Rosa y que finalmente no llegaron a declarar podían haber incurrido en un delito de falso testimonio o haber “reconocido un delito contra la ordenación del territorio”.

 

El abogado de Rosa niega que exista delito de falsedad


Por su parte, el abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, ha centrado su defensa no en demostrar que existió realmente ese trabajo -ya que alega que es al Ministerio Fiscal a quien corresponde “la carga de la prueba” para demostrar lo contrario-, sino en tratar de restar validez a la primera confesión del empresario tras su detención y en sostener que no se cumple el tipo penal para un delito de falsedad documental.

Respecto a aquella declaración, ha comenzado planteando que el fiscal no la ha aportado como prueba documental por lo que según él, aunque forma parte del sumario de la causa, “no existe”. Además, ha alegado que la detención del empresario no se produjo por ese delito y que después tampoco fue “advertido” ni “informado”. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación popular han recordado que el interrogatorio en sede judicial fue interrumpido por parte de su propio abogado, que entonces era Felipe Fernández Camero, que le pidió que no siguiera respondiendo sobre ese tema. Y también fue advertido por el juez de que estaba reconociendo un posible delito.

“Si el fiscal pretende ahora fundamentarse en ese relato debería aplicar la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia”, ha llegado a plantear el abogado de Rosa, pese a que el empresario se ha retractado después de esa confesión. Además, ha insistido en lo que ya esbozó en las primeras jornadas del juicio, defendiendo que ese contrato fue posterior a la concesión del tercer grado.

Al respecto, la abogada de la acusación popular ha recordado que lo que presentan los reclusos al solicitar este beneficio penitenciario es una “oferta de trabajo”, y que el contrato se formaliza después, cuando acceden a este régimen de semilibertad. Además, el fiscal ha hecho referencia a un oficio de Instituciones Penitenciarias que consta en la causa, en el que se señala que se adjuntan “los contratos presentados por el interno Dimas Martín para obtener el tercer grado”.

En cuanto al otro eje de defensa del abogado de Rosa, se ha centrado en sostener que no existe falsedad documental porque “simulación y falsedad es algo distinto”. “No basta con simular. Para que sea punible como falsedad tiene que haber algo más”, ha defendido, alegando que ni se suplantó la identidad de los firmantes, ni se falsificó su firma. “Un contrato de arrendamiento no prueba que uno viva en un domicilio, y un contrato de trabajo no prueba que trabaje o no trabaje”, ha afirmado, comparando en varias ocasiones ambos tipos de contrato.

En cuanto al oficio de Instituciones Penitenciarias al que ha hecho referencia el fiscal, Choclán Montalvo ha cuestionado que no se haya aportado el expediente completo para acreditar que ese contrato tuvo algo que ver con la concesión del tercer grado, cosa que tampoco ha hecho la defensa para sostener lo contrario. Además, también se ha dirigido a la letrada de la acusación popular para responder a sus alusiones sobre Rosa y Dimas. “Muy bien, le aceptamos que es así, que Rosa le da la vida al señor Martín. Y que eso hace que siga corrompiéndose, vale, lo aceptamos. Pero también hay otras alternativas, como la caridad”, ha añadido el abogado. “Las razones por las que el señor Rosa le da trabajo pueden ser muchas, pero no se ha hecho a lo solos efectos de conseguir el tercer grado”, ha concluido.

 

“Dimas no mostró ni el más mínimo arrepentimiento”


Al presentar sus conclusiones, la abogada de Transparencia Urbanística ha comenzado recordando que los hechos que se juzgan en esta pieza de Unión se sitúan temporalmente entre otras dos causas. “Las tramas que empezaron en Jable continuaron en Unión y luego en Montecarlo”, ha subrayado, destacando que “ni en la Gürtel se puede escribir con tanta claridad un relato de la corrupción”, porque en esta causa está “totalmente detallada y acreditada” con conversaciones telefónicas, seguimientos de la UCO, documentos, cartas y confesiones.

Además, ha hecho referencia a Dimas Martín, que durante su declaración y al responder a preguntas del fiscal “no mostró el más mínimo arrepentimiento”. “Tenía una locuacidad envidiable. Diría que hasta estaba disfrutando. Nos dio un mitin, una exhibición de su habilidad para mentir y para retorcer la verdad. Se mostró sin pudor como una víctima de este procedimiento”, ha señalado la letrada, que ha hecho referencia a textos de expertos que han descrito los "rasgos sociopáticos". “El comportamiento es calcado. Negar las consecuencias de sus actos no ya para él, sino para su familia y para las personas de las que se rodea”, ha apuntado la letrada, que frente a esto ha alabado la actitud de Ubaldo Becerra, que con su confesión ha aceptado una pena de prisión “pero se ha ganado la libertad como ser humano”.

Además, Ferrer ha lamentado que los hechos que se juzgan evidencian que “ha fallado la ciudadanía, las instituciones públicas y los mecanismos del control”, y ha hecho referencia a los votos que recibió el PIL en las elecciones de 2007 en el Ayuntamiento de Arrecife. “Esos votos son el alimento del clientelismo”, ha apuntado para explicar cómo funcionaba “la trama corrupta”, que tejía “una red clientelar” con “gente le deba la vida, el trabajo, sus casas”.

Un mensaje al que también ha hecho referencia el fiscal, que ha subrayado que “la manera de ganar votos o el favor, era conseguir trabajo a los votantes del PIL”, tanto en la administración pública como a través de las empresas que formaban parte de la trama y a las que no solo exigían sobornos a cambio de adjudicaciones, sino también la contratación de las personas que ellos elegían. “Era necesario hacer ver que quien tenía la potestad de resolver el paro o la precariedad laboral era el todopoderoso Dimas Martín”, ha subrayado Ródenas.

 

“Han hecho todo lo posible porque esto no llegara hasta aquí”


La abogada de la acusación también ha hecho referencia a otra carta que forma parte del sumario, en la que Manolo González informaba a Dimas Martín de una campaña contra la Fundación César Manrique. “Ésa es la estrategia que está siempre detrás de todo esto: apartar a los denunciantes y ocultar esta trama de corrupción”, ha advertido, recordando el trabajo realizado en esta causa por el propio Javier Ródenas y por el fiscal Ignacio Stampa, y señalando que frente a ellos ha habido otras personas que “han hecho todo lo posible porque esto no llegara hasta aquí”.

En cuanto a los acusados, considera que “nadie se ha defendido”, que han renunciado incluso a sus propios testigos y que se han limitado a jugar “la única baza que conocen”, intentando trasladarla a este caso para tratar de “torcer esta administración de justicia”, buscando la nulidad del procedimiento.

Además, ha subrayado que para el funcionamiento de esta trama era necesaria la cooperación de los empresarios, de los concejales y de los funcionarios, y ha defendido que sin la complicidad del interventor, Carlos Sáenz, del jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y de la jefa de la Oficina de Contratación, Elena Martín, “no hubiera sido posible” la comisión de estos delitos. Cabe recordar que tanto Sáenz como Arrocha han confesado y han aceptado las penas, mientras que Elena Martín ha seguido defendiendo su inocencia.

“La jefa de Contratación se saltaba el procedimiento reglado”, ha subrayado Irma Ferrer, que ha recordado que aunque la funcionaria sí declaró en el juicio, se negó a hacerlo en fase de instrucción. “Si tenía alegato de defensa, ¿por qué se negó a declarar?”, se ha preguntado la letrada, que considera que la hija de Dimas incumplió las funciones propias de su cargo y “permitió que la trama corrupta siguiera creciendo”

 

El Ayuntamiento, “la institución saqueada y agraviada”


“Es una pena que no podamos relatar las devastadoras consecuencias de esos hechos”, ha añadido en sus conclusiones la abogada de la acusación popular, que ha subrayado que esas consecuencias las siguen sufriendo todos los que viven en la isla. En la misma línea se ha expresado también el abogado del Ayuntamiento de Arrecife, que está personado como acusación particular.

“Represento a la institución saqueada y agraviada”, ha comenzado señalando el letrado, que ha añadido que también representa “a los ciudadanos, las verdaderas víctimas” de ese saqueo, que se perpetró además “en una época de crisis” marcada por los desahucios y las necesidades en materia social.

Por eso, ha explicado que la postura del Consistorio es la de “recuperar el dinero expoliado”, pero también “ejercer la acción penal” contra los responsables. Así, en sus conclusiones finales se ha adherido a las del Ministerio Fiscal, subrayando la “relevancia” del delito de asociación ilícita por el que se ha formulado acusación, y haciendo hincapié en otros datos para completar la intervención de Ródenas, relativos a la malversación de caudales públicos de la que se acusa a dos de los empresarios que no han confesado, Samuel Lemes y Manuel Gregorio Reina Fabre.

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