"La vía penal es la última vía que tienen los ciudadanos para que la Justicia ponga orden". Así ha explicado uno de los denunciantes del caso Stratvs, Luis Guirao, por qué un grupo de personas que en ese momento estaban constituyendo la asociación Transparencia Urbanística decidieron en 2009 presentar una denuncia para que se investigara lo que estaba ocurriendo con la construcción de ese macrocomplejo, en una zona protegida donde a otros bodegueros y agricultores "les denegaban cualquier intervención".
"Los hechos demuestran que la influencia de Juan Francisco Rosa era total", ha afirmado al declarar como testigo en el juicio, recordando que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias permitieron que esas obras ilegales siguieran adelante, e incluso destacados cargos de las tres administraciones acudieron después a la inauguración.
"Rosa hizo alarde en los medios de su carné de Coalición Canaria y de que tenía una relación muy estrecha", ha recordado Guirao. Además, tanto él como otros tres denunciantes han explicado que decidieron acudir a la vía penal porque no confiaban en los resultados que pudiera dar la vía administrativa, precisamente por la "influencia" de Rosa.
"Una de las cosas más dolorosas", la fiesta de inauguración
"Una de las cosas tremendamente dolorosas, quizá la más dolorosa, es cómo se inauguró esa bodega. Sabiendo todos que eso era ilegal, que estuvieran ahí presidentes, consejeros, concejales... es terrible", ha lamentado por su parte Ginés Díaz. Así ha respondido a la abogada de los tres miembros del Gobierno de Canarias acusados en la causa -que a su vez es jefa de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional-, y que se ha centrado en intentar cuestionar la actuación de los denunciantes, preguntándoles a todos ellos por qué acudieron a la policía y no se dirigieron a la administración para recurrir el permiso que se había otorgado.
"Porque legalmente se puede poner una denuncia en comisaría, ¿no?", le ha respondido otro de ellos, Ezequiel Navío, evidenciando la legitimidad del paso que adoptaron en su momento, que dio lugar a esta causa penal en la que la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa, además de condenas para integrantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Yaiza. Además, tal como ha recordado uno de los denunciantes, la primera pieza en juzgarse también dejó las condenas por prevaricación de la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, del ex alcalde José Francisco Reyes y de varios concejales que intervinieron en la concesión de la licencia de actividad.
"Hay gente que paga siempre por sus actos con condenas y él siempre sale libre. Eso, desde mi punto de vista, es influencia", ha añadido Luis Guirao en respuesta al abogado de Rosa, que había intentado rebatirle recordando que en esa primera sentencia de la causa el empresario fue absuelto del delito de tráfico de influencias. Ahora, cuando Rosa se enfrenta a la pieza principal de la causa y a acusaciones por casi una decena de delitos, los denunciantes han expresado su confianza en que este juicio ponga fin a la "impunidad".
"Había una sentencia de derribo del Fariones y no se ejecutó"
"La vía penal nos pareció más eficaz", ha respondido el cuarto denunciante que ha declarado este martes, Mario Alberto Perdomo, cuando la abogada de los técnicos del Gobierno de Canarias le ha formulado a él la misma pregunta, poniendo en cuestión el camino que adoptaron para que se cumpliera la ley. "Mi experiencia en la vía administrativa no es muy satisfactoria", ha comenzado explicando el testigo, que ha añadido que en los tribunales contenciosos "tampoco" lo es. A eso se ha referido también Luis Guirao, que ha recordado la sentencia que declaró ilegal el hotel Fariones. "Había una sentencia de derribo y nunca se ejecutó", ha lamentado.
Además, ha vuelto a insistir en los cargos públicos que asistieron a la inauguración de Stratvs, cuando el "macro complejo turístico" que se construyó ni siquiera tenía nada que ver con lo que se había autorizado -que era la rehabilitación de una casa y la construcción de una pequeña bodega subterránea de 900 metros- y también a la boda de la hija de Juan Francisco Rosa, a la que acudió incluso el que entonces era consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. Al respecto, ha recordado que solo dos días antes la Justicia había ordenado el cierre de Stratvs, y Berriel no solo acudió a la boda sino que también hizo declaraciones a los medios defendiendo las instalaciones y abogando por su apertura.
El papel del grupo de medios de Rosa
En su declaración como testigo, Luis Guirao también ha hablado de las consecuencias que ha tenido para él interponer esta denuncia. "Lo que he recibido son insultos por parte de los medios de Juan Francisco Rosa, amenazas y un intento de compra", ha afirmado, asegurando incluso que ese "intento de compra" se produjo "por escrito". En cuanto a los "insultos" y las "amenazas veladas", ha señalado a Lancelot Medios. Además, ha subrayado que este grupo de comunicación de Juan Francisco Rosa "recibe financiación del Gobierno de Canarias" y ha hecho referencia al contrato que firmó con Televisión Canaria cuando era gestionada por CC.
La declaración de los cuatro denunciantes ha reflejado también la dificultad que puede suponer el presentar una denuncia de estas características "en una isla pequeñita" donde "todos se conocen". De hecho, al preguntarles al principio del interrogatorio si conocían a las personas que han terminado acusadas, uno ha afirmado que en el banquillo se sentaba "un amigo de la infancia", mientras que otro se ha referido al padre de una compañera de colegio de su hija y un tercero a un amigo de su hermana.
Al respecto, Ginés Díaz también ha hablado del hecho de que Faustino García Márquez haya terminado siendo juzgado en esta causa. "Lo conozco de referencias, y de referencias buenas", ha precisado. "Ha sido tremendamente doloroso lo que ha ocurrido en este caso", ha señalado. Poco antes, también se había referido indirectamente a este técnico, al cuestionar la declaración que prestó como acusado: "Un señor dijo en este juicio que había firmado un documento por cansancio", ha subrayado Ginés Díaz al criticar el papel que jugaron las administraciones, y en este caso el Gobierno de Canarias.
La Geria, sin luz hasta que se construyó Stratvs
Casi todos los denunciantes han coincidido también en afirmar que la zona donde se construyó Stratvs era suelo protegido donde no se podía construir; que ni siquiera llegaba la luz a la zona y que se electrificó precisamente tras la apertura de esta bodega; que en el lugar había una fuente y un aljibe, por lo que los vertidos contaminantes podrían haber afectado a las aguas subterráneas; y que no es cierto que estuviera en ruinas la casa preexistente, que supuestamente se iba a rehabilitar y que según la acusación se terminó derribando para construir una nueva.
Solo Mario Alberto Perdomo, que ha explicado que abandonó Transparencia Urbanística hace años, ha respondido con "no lo sé" o "no lo recuerdo" a la mayoría de estas preguntas, incluyendo la de si había un barranco en esa zona, conocida precisamente como el Barranco del Obispo.
Por su parte, Ezquiel Navío -que ha explicado que también dejó Transparencia Urbanística cuando empezó a trabajar para las administraciones públicas, porque los estatutos de la asociación establecían que era incompatible- sí ha subrayado que la zona era "un antiguo cauce de La Geria". Además, ha explicado que decidió firmar esta denuncia ante "el estrepitoso fallo de los mecanismos de la administración para velar por el cumplimiento de la normativa" y ha hablado incluso de "connivencia" con Rosa, recordando que "durante años, agricultores y bodegueros no podían mover una piedra" en La Geria.
Las defensas, intentando sembrar dudas
Durante la declaración de estos cuatro denunciantes -a la que aún se debe sumar la del presidente de Transparencia Urbanística, Javier Díaz Reixa-, las defensas se han centrado en cuestionar el modo en que presentaron la denuncia; por qué lo hicieron en ese momento y no antes; e incluso por qué no denunciaron inicialmente todos los delitos que ahora se juzgan (pese a que lo cierto es que se fueron destapando precisamente gracias a la instrucción de esta causa que se inició con su denuncia). Pero sobre todo, han insistido en insinuar que los denunciantes no hicieron lo mismo con otras construcciones ilegales de La Geria y en pretender comparar la situación de Stratvs con la de otras bodegas.
Al respecto, los denunciantes han subrayado que el resto de bodegas de La Geria son antiguas y existían antes de que entrara en vigor la actual normativa, por lo que "tienen derecho a estar ahí" y no pueden compararse con una bodega nueva, y menos aún de las dimensiones de Stratvs. Además, todos han hecho referencia a otras denuncias que han interpuesto desde los distintos colectivos en los que llevan años participando, en defensa del medio ambiente y de la legalidad.
En el caso de Ezequiel Navío, ha hecho referencia a su etapa como delegado de Adena, recordando que desde la ONG pusieron dos denuncias también en La Geria, en este caso contra viviendas ilegales. Y una de ellas fue precisamente derribada recientemente por el Gobierno de Canarias, después de "un largo proceso de 14 años".
Por su parte, el abogado de Juan Francisco Rosa se ha centrado en preguntar a todos los denunciantes cómo consiguieron el expediente del Gobierno de Canarias sobre la bodega Stratvs, intentando sembrar dudas sobre cómo lo obtuvieron. Al respecto, los testigos han respondido que lo solicitó el actual presidente de Transparencia Urbanística, Javier Díaz Reixa.
"¿Sabe que hay un certificado de la Dirección General de Política Territorial que dice que no consta la petición?", le ha preguntado a uno de los denunciantes. "Para nosotros, ésa es otra de las evidencias de la influencia de Rosa sobre el Gobierno de Canarias", ha respondido Luis Guirao, insistiendo en lo que consideran que ha sido una historia de "impunidad y connivencia".
