"Estamos en la vía penal porque nos han fallado a los ciudadanos todas las instituciones públicas". Así explicó la acusación popular y denunciante del caso Stratvs su papel en esta causa, que afirma que hace plantearse que "el Estado derecho en Lanzarote brilla por su ausencia cuando se trata de Juan Francisco Rosa". Y es que la abogada de Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, recordó que "el cierre de Stratvs dependió de 5 ciudadanos que denunciaron, porque todas las instituciones fallaron de forma clara y consciente", al permitir la construcción y la puesta en funcionamiento de este complejo ilegal, levantado en uno de los espacios más protegidos de Lanzarote.
"Y no fallan con los campesinos de La Geria. Fallan estrepitosamente cuando se trata de los intereses de Juan Francisco Rosa", insistió la letrada, que sostiene que los acusados del primer juicio del caso Stratvs, cuando concedieron la licencia de actividad clasificada, eran plenamente conscientes de lo que se había construido y de que el complejo ya estaba funcionando. "Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con Stratvs. Pero en la barra del bar, en sede judicial no. Te lo cuentan fuera de la sala", señaló Ferrer al presentar sus conclusiones finales en el juicio.
Así, reivindicó el papel de las personas que decidieron en el año 2009 presentar una denuncia, y constituir la asociación Transparencia Urbanística, presidida por Javier Díaz Reixa, y que son las mismas "que llevan 30 años denunciando estos hechos, el urbanismo criminal que se practica en esta isla". Unas denuncias que se iniciaron con el hotel Fariones, también ilegal y también propiedad de Juan Francisco Rosa, al que ya entonces los tribunales acusaron de practicar una "ceremonia de la confusión" para evitar el derribo de este establecimiento, tal como recordó la abogada.
"Todos los acusados dicen lo mismo: Me persiguen"
"No soy partidaria de seguir la teoría de la conspiración. Todos los acusados dicen lo mismo: Me persiguen, me persiguen, soy objeto de una persecución", señaló Ferrer, recordando que hasta Bárcenas ha utilizado ese discurso. Así, respondió a las críticas que llevan años lanzando los medios de comunicación de Juan Francisco Rosa contra los denunciantes, y también contra jueces y fiscales que han intervenido en las causas en las que está acusado este empresario. Y también a las insinuaciones que lanzaron las defensas durante el juicio, intentando desacreditar a la acusación popular.
"Me recuerda a lo que hacíamos de pequeños: tirar la bomba fétida y marcharse para que todos la huelan", señaló contestando a esas insinuaciones planteadas por el abogado de Juan Francisco Rosa y por otros letrados, que pretendieron sembrar dudas sobre el origen de la denuncia y sobre los propios denunciantes, así como sobre algunos de los peritos que declararon durante el juicio. Incluso, varios abogados defensores llegaron a cuestionar por qué no presentaron la denuncia antes. "¿Y ustedes, por qué no pararon las obras?", preguntó la letrada, que recordó que habían pasado 8 años y se habían abierto 4 expedientes por infracciones urbanísticas, pero ninguna de las instituciones paralizó estas obras e impidió la apertura, hasta que el Juzgado de instrucción adoptó medidas cautelares.
"Hay que dar pan y circo a la plebe. Y desde luego circo han dado estos días los medios de Juan Francisco Rosa, a costa de Transparencia Urbanística", agregó la abogada de la acusación popular, en referencia a la cobertura que han dado al juicio los medios del empresario, centrada en cuestionar a los denunciantes, así como la propia instrucción de la causa y al Ministerio Fiscal.
Pagó impuestos por una obra de 180.000 euros cuando costó 19 millones
De esos medios de Rosa, y en particular de la revista Lancelot, habló en repetidas ocasiones la letrada, ya que algunos de sus reportajes se han incluido como pruebas en el juicio. Entre otras cosas, para acreditar que varios acusados acudieron a la inauguración de Stratvs en mayo de 2008, siete meses antes de conceder una licencia de actividad que establecía que las instalaciones no podrían empezar a funcionar hasta que obtuvieran la licencia de puesta en funcionamiento, que nunca fue otorgada, y a que se realizara una visita del Ayuntamiento para comprobar que lo construido se ajustaba a lo que se había autorizado, que era solo una bodega de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda.
Además, hizo referencia también a unas declaraciones del propio Rosa en esa revista, en las que afirmó haber invertido 19 millones de euros en la bodega, pese a que al pedir la licencia de obra declaró un presupuesto de 30 millones de pesetas, es decir, 180.000 euros. "No tiene ningún pudor en reconocerlo", enfatizó la letrada, subrayando el dinero que dejó de pagar el empresario en tasas e impuestos, al declarar un presupuesto de obra más de 100 veces inferior al real, y recibiendo además "subvenciones de la Unión Europea".
Junto a éste, fue relatando otros hechos que rodean lo que considera que es el "engaño permanente" de Stratvs, empezando porque los primeros permisos se solicitaron a nombre de una persona que ni siquiera existía –supuestamente era la mujer del arquitecto de la bodega y titular de parte de los terrenos, pero en los papeles se modificó el nombre de pila- y siguiendo porque el título de propiedad que presentó Rosa sobre ese suelo "tiene la firma falsificada", porque la que figuraba como dueña declaró en fase de instrucción que ella "no presentó" ni "firmó" ningún documento.
Una inauguración como "exaltación de un soberano al trono"
Frente a este "engaño", la acusación popular sostiene que las instituciones públicas han realizado un "acto de genuflexión continuado con la bodega Stratvs", no solo concediendo el primer permiso, sino además consintiendo que se construyera y se pusiera en marcha una instalación que multiplicaba por diez lo que se había autorizado. Y todo de forma "consciente y deliberada", según la letrada, que volvió a subrayar la asistencia a la inauguración de la bodega de políticos y técnicos que intervinieron en el expediente. Una fiesta a la que, según señaló uno de los acusados durante el juicio y destacaba en su día la revista de Juan Francisco Rosa, acudió "la flor y nata" de Lanzarote y de Canarias.
La letrada echó mano en este punto de la Real Academia de la Lengua España para referirse a lo que significa la palabra inauguración, que en su primera acepción es "acto de inaugurar" y en la segunda, aunque en desuso, la "exaltación de un soberano al trono". Y ésa segunda es la que destacó especialmente para referirse a la "genuflexión" que considera que han venido haciendo las instituciones ante Juan Francisco Rosa, al que "en la isla llamaban jefe", según declaró un agente de la UCO al hablar de las conversaciones interceptadas en el caso Unión.
"Veo a los concejales del Ayuntamiento de Yaiza como hormiguitas corriendo y diciendo ‘licencia de actividad y licencia de actividad’. "Es absurdo hablar de licencia de actividad, cuando lo que tenía que conseguir era la de puesta en funcionamiento", enfatizó la letrada, insistiendo en que cuando se otorgó ese permiso de actividad en diciembre de 2008, la bodega ya llevaba al menos siete meses funcionando -dado que se inauguró en mayo de ese año-, e incluso mucho más, considerando que el vino que se sirvió en esa fiesta era de la propia bodega. Y también que nunca llegó a conseguir la licencia de puesta en funcionamiento, pese a lo cual siguió abierta hasta que fue clausurada por orden judicial.
Recibía a más de 1.000 personas cuando se autorizó un aforo de 41
"La gente entraba y salía en Stratvs. Ustedes entraban y salían de Stravs", señaló dirigiéndose a los acusados. "Se podría hablar incluso de un delito de desobediencia, porque han desobedecido sus propias obligaciones. Han hecho dejación a la vista de todo el mundo", cuestionó. Además, subrayó la gravedad de que se otorgara una licencia de actividad "para un aforo de 41 personas", cuando solo en la inauguración que se había celebrado meses antes había "unas 500", y en los conciertos que acogían las instalaciones se llegaban a reunir "más de 1.000", lo que se suma a las "guaguas de turistas" que iban a diario y todos los actos que se celebraban en Stratvs, incluyendo mercadillos y otros eventos.
"No era necesario un expediente sancionador. Se podía cerrar automáticamente", subrayó en referencia al delito "por omisión" del que están acusados la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y el que era concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, por no haber ordenado el cierre después de haber tenido conocimiento de las irregularidades, como mínimo, desde que fueron llamados a declarar como imputados en esta causa.
"Era un complejo turístico abierto al público, al que cada día acudían cientos de personas. Ni siquiera consta seguro de responsabilidad civil", insistió la abogada, en respuesta a los argumentos de las defensas, que alegan que la falta de técnicos les impidió culminar los tres expedientes que Acuña abrió a Stratvs tras declarar como imputada. "Puedes cerrar cualquier actividad sin título habilitante", reiteró la acusación popular, que sostiene que ni siquiera eran necesarios esos expedientes sancionadores.
"¿Es que se avisa de una inspección?"
Además, cuestionó también que la primera inspección ordenada por la alcaldesa se suspendiera después de que Juan Francisco Rosa hablara por teléfono con el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, que se había desplazado a Stratvs con otros técnicos y un agente de la Policía Local. Sobre este punto, tanto Lorenzo como algunos de los acusados alegaron que se marcharon sin terminar la inspección, a petición de Rosa, porque la propiedad no había sido notificada previamente. "¿Es que se avisa de una inspección?", preguntó la letrada, ironizando con la posibilidad de que se avise a una empresa de una inspección laboral. "No, ven el martes, así aviso yo a los chicos que están sin contrato que no vengan", planteó, para subrayar que "no hay obligación de avisar" de una inspección.
Además, puso de relieve que el conocimiento de las irregularidades fue anterior a la declaración judicial de dos de los acusados en el año 2013, por lo que sostiene que deberían haber intervenido antes. "La primera notificación que tiene la Junta de Gobierno de que el juzgado está investigando es de febrero de 2012", destacó Irma Ferrer. A esto añadió, para rebatir el argumento de las defensas de que "nadie había denunciado", que un vecino sí lo hizo en el año 2003, "cuando estaba empezando el movimiento de tierra".
Este vecino presentó un escrito en el Ayuntamiento de Yaiza y se abrió un primer expediente a Stratvs, que se notificó tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias. Incluso el entonces alcalde, José Francisco Reyes, ordenó la paralización, pero no llegó a ejecutarse, y lo que hizo después fue iniciar el trámite para concederle la licencia de actividad, pese a las irregularidades que ya se habían detectado en la obra, que llegó a tener hasta cuatro expedientes abiertos del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, sin que ninguno llegara a parar efectivamente la construcción. "Sí hubo queja. Un vecino se quejó y se ordenó parar, pero no se ejecutó", señaló Ferrer.
Los acusados, "como el camarote de los hermanos Marx"
En cuanto a los hechos que se dirimían en este primer juicio, relacionados solo con la concesión de la licencia de actividad clasificada –el resto se resolverá en el siguiente juicio ante la Audiencia Provincial- la acusación popular describió la actuación de los acusados como "el camarote de los hermanos Marx". Así, se refirió a un secretario que dice que "solo emitió un informe de trámite", a técnicos que dicen que "no tenía nada que informar" y a cargos políticos "que dicen que la culpa es de los funcionarios y de los técnicos". "Damos vueltas sobre nosotros mismos. Es como el camarote de los hermanos Marx, que entran y salen por la misma puerta y nadie asume responsabilidad".
La abogada también hizo varias referencias al "peligro de leer, o de no leer", dado que los acusados aseguran que no vieron los informes negativos y leyeron "solo parte" de los supuestamente favorables. "La lectura es un arma de destrucción masiva, por lo que se ve en este expediente", cuestionó Ferrer.
Además, insistió en que no solo el PIOT, sino también el Plan General de Yaiza que estaba en vigor en ese momento, prohibían la instalación de una bodega industrial en este espacio. Y también que ni siquiera el Plan Especial de La Geria contemplaba inicialmente esta bodega. "Hasta que pusimos la denuncia. Ahí el Gobierno metió con nocturnidad y alevosía la bodega Stratvs", cuestionó, señalando que hasta ese momento solo se reconocía a las bodegas históricas de La Geria.
"Peligrosas llamadas" al tramitar otro expediente de Stratvs en el Cabildo
En contra de lo sostenido por la perito aportada al juicio por la defensa de Rosa, Irma Ferrer recordó también que ese Plan ya está anulado por sentencia firme, por lo que ha dejado de estar en vigor. Y también negó que la licencia de actividad de Stratvs ya estuviera concedida por silencio administrativo cuando llegó la resolución de la Junta de Gobierno de Yaiza, como sostuvieron las defensas. Al respecto, la abogada citó una sentencia del Tribunal Supremo sobre el silencio positivo, que señala que "en ningún caso son concedidas licencias cuando contravienen el planeamiento", incluso aunque se trate de "obra menor o licencia de puesta en funcionamiento".
Además, recordó que en 2011 Juan Francisco Rosa pidió un nuevo permiso de ampliación de Stratvs, "pero no para legalizar" lo que había construido sin ningún tipo de cobertura, sino "para hacer tres nuevas plantas". Y en la tramitación de ese expediente, la jurista del Cabildo Joana Macías, según declaró en el juicio, tuvo que dejar constancia por escrito de las "llamadas" que se estaban produciendo, ante el temor de que terminara desapareciendo algún documento. "Esas llamadas eran tan peligrosas que tenía que dejar constancia por escrito", destacó en sus conclusiones la acusación popular.
Finalmente, Rosa desistió del expediente de ampliación. Y según la abogada de la acusación, lo hizo cuando el Juzgado pidió los expedientes de la bodega, dentro de la instrucción de esta causa. "Es decir, el Cabildo tiene conocimiento desde 2012 de que el Juzgado tiene abierta una investigación penal", subrayó, añadiendo que de ese desistimiento también se notificó al Ayuntamiento de Yaiza, que aún así no ordenó una inspección hasta diciembre de 2013.
A esto se suma que cuando Rosa consiguió una autorización de vertidos condicionada del Consejo Insular de Aguas se comprometía a instalar una depuradora, pero nunca lo hizo. Fue en 2016 cuando finalmente solicitó un permiso para instalarla, pero en ese momento el complejo Stratvs ya estaba cerrado por orden judicial. "¿Quien pide una depuradora para una bodega cerrada", cuestionó la letrada.
