La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo lunes al ex concejal del PP en San Bartolomé Pedro Reyes, al ex interventor Carlos Sáenz y al empresario José Daniel Hernández, que están acusados de haber malversado casi 600.000 del Ayuntamiento de San Bartolomé entre los años 2004 y 2007.
Los hechos son prácticamente idénticos a los que fueron juzgados y condenados en una pieza del caso Unión, centrada en los pagos fraudulentos a este mismo empresario por parte del Ayuntamiento de Arrecife. En aquel juicio, José Daniel Hernández ya compartió banquillo con Carlos Sáenz, que fue interventor tanto en Arrecife como en San Bartolomé y que tiene además otras condenas a sus espaldas, por malversar fondos de ambos ayuntamientos. Además, todas las últimas fueron dictadas por conformidad, después de que Sáenz confesara los delitos.
En esta nueva causa, la Fiscalía pide que los tres acusados sean condenados por delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude y malversación de caudales públicos. Tanto para Sáenz como para Pedro Reyes pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación, mientras que para José Daniel Hernández solicita cinco años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación.
"Crearon la apariencia de que se iban a prestar servicios"
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los tres acusados se pusieron de acuerdo e "idearon un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos del Ayuntamiento de San Bartolomé", para que José Daniel Hernández "obtuviera un enriquecimiento patrimonial ilícito". Para ello, "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en el municipio de San Bartolomé, a sabiendas de que en muchas ocasiones, tales servicios no iban a ejecutarse".
En total, Hernández llegó a cobrar 582.813 euros del Consistorio de San Bartolomé a través de una de sus empresas, Proyectos y Servicios de Lanzarote. Y según la Fiscalía, lo hizo "prescindiendo total y absolutamente de las normas que regulaban el procedimiento de contratación pública" y "bajo la ficción de múltiples expedientes", en los que "se creaba la ficción de adjudicación directa por contrato menor", cuando lo cierto es que la cuantía impedía recurrir a ese procedimiento y obligaba a sacarlo a concurso.
Además, de los 36 expedientes que se tramitaron, el Ministerio sostiene que "al menos en 13 de ellos no se llegó a realizar la obra o a prestar el servicio objeto del contrato". De esta forma, considera acreditado que como mínimo 155.061 euros se abonaron sin que el Ayuntamiento obtuviera contraprestación alguna, por lo que ésa es la cantidad que reclama que los tres acusados devuelvan de forma solidaria al Consistorio.
En cuanto a Pedro Reyes, señala que firmó la conformidad de 17 de esas facturas en calidad de concejal de Servicios Públicos, "pese a tener conocimiento de su mendacidad, asumiendo el gasto y simulando que el expediente de contratación era válido y que el servicio o la obra se habían desempeñado en las condiciones pactadas".
