La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha vuelto a retrasar la fecha del juicio de una de las principales piezas del caso Unión, de nuevo a petición de dos de los acusados, el empresario Juan Francisco Rosa y el líder histórico del PIL, Dimas Martín. Inicialmente, la vista oral estaba señalada para el próximo mes de mayo, pero en febrero se acordó suspenderla y fijarla para septiembre. Ahora, el nuevo retraso supone que el juicio se aplazará hasta febrero de 2019.
Las sesiones comenzarán el día 5 de ese mes y se extenderán hasta el 11 de marzo, estando previsto que el juicio se celebre durante 15 jornadas. Las siete primeras serán en los Juzgados de Arrecife, entre el 5 y el 20 de febrero, y las otras ocho en Las Palmas de Gran Canaria, los días 22, 26, 27 y 28 de febrero y el 1, 7, 8 y 11 de marzo, cuando está previsto que se presenten las conclusiones finales.
La nueva diligencia retrasando el juicio está fechada este 27 de marzo. En ella, la Audiencia señala que se ha acordado aceptar las peticiones presentadas por las defensas de Rosa y de Dimas Martín, que habían solicitado que se suspendieran varias sesiones. Así, la decisión ha sido cancelar todas las fechas previstas y fijar un nuevo calendario para dentro de casi un año.
Dos fallecidos antes del juicio
Esta pieza, que es una de las principales del caso Unión, está cerrada y lista para ir a juicio desde hace más de dos años y medio. En total, la Fiscalía formuló acusación contra 14 personas, aunque dos de ellas ya han fallecido. Uno es el ex concejal de Arrecife José Miguel Rodríguez y el otro Matías Curbelo, que falleció el pasado 5 de marzo a los 73 años.
Se da la circunstancia de que tanto Rodríguez como Curbelo habían confesado los hechos y colaborado con la investigación, alcanzando incluso un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y aceptando las penas que se solicitaban para ellos. En cuanto a los 12 acusados que se sentarán finalmente en el banquillo, el fiscal pide penas de hasta 17 años y medio de cárcel, por delitos que van desde el cohecho y la malversación de caudales públicos hasta la asociación ilícita.
El escrito de acusación señala a Dimas Martín como el líder de esa asociación ilícita, presuntamente integrada por otros miembros del PIL y dedicada al cobro de comisiones ilegales. Además de Dimas, otros acusados en esta pieza tienen ya otras condenas a sus espaldas en piezas del caso Unión que ya han sido juzgadas. Uno de ellos es el que fue durante años interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, que actualmente está en prisión cumpliendo pena. Y lo mismo ocurre con otro de los técnicos de Arrecife, el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que también está cumpliendo ya condena por la pieza de Proselan, centrada en el pago de casi 300.000 euros a esa empresa de electricidad por servicios no prestados.
En cuanto a los empresarios acusados, la mayoría lo está por haber cargado facturas falsas o infladas al Ayuntamiento de Arrecife, además de por haber pagado presuntos sobornos para conseguirlo. Por su parte, Juan Francisco Rosa está acusado de falsedad en documento público, por haber firmado un falso contrato de trabajo con Dimas Martín, para que éste pudiera acceder al tercer grado penitenciario. La lista de acusados se completa con el ingeniero Antonio Cárdenas, que está acusado de delitos de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración.
