La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado ya el ingreso en prisión del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para cumplir la condena del caso Yate, en la que aceptó 6 años de cárcel tras confesar que otorgó decenas de licencias ilegales en Playa Blanca a cambio de sobornos. En un auto fechado el pasado 22 de marzo, la Sección Segunda de la Audiencia confirma la firmeza del fallo, dictado en abril de 2017, y ordena varias diligencias para dar cumplimiento a las penas impuestas a los nueve condenados en la causa.
Respecto a Reyes, ordena que "se le requiera para que en el plazo de un día hábil ingrese de forma voluntaria en prisión, para cumplir la pena privativa de libertad impuesta". Además, advierte de que "en caso de no hacerlo, se procederá a su detención e ingreso en prisión por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
No obstante, el auto también señala que el ex alcalde ha presentado un escrito pidiendo que se suspenda la ejecución de la pena, por lo que paralelamente la Audiencia pide que se dé traslado de ese escrito tanto al Ministerio Fiscal como a la acusación particular, para que emitan un informe y se pronuncien sobre la conveniencia o no de estimar esa solicitud.
La última decisión, en manos de la Audiencia
En cuanto a los otros ocho condenados, entre los que se encuentran la mujer y tres hijos de Reyes y el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, todos tienen penas inferiores a dos años de prisión, por lo que en principio sí podrían optar a esa suspensión de la pena, evitando el ingreso en prisión. En cualquier caso, la decisión está siempre en manos del tribunal, que en este caso ya ha pedido informes también a la Fiscalía y a la acusación particular para conocer su parecer.
Tras la de Reyes, la segunda mayor pena se impuso a Vicente Bartolomé Fuentes, que en el juicio confesó haber cometido un delito de prevaricación al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón, ya que era consciente de que eran ilegales. Y también reconoció haber contribuido a malversar fondos públicos del Ayuntamiento, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza. En total, el ex secretario aceptó una pena de un año de prisión y más de 10 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 720 euros. Ahora, ha presentado ya un escrito pidiendo que se suspenda el ingreso en la cárcel.
En cuanto al resto, la mujer y los tres hijos de Reyes aceptaron una pena de 5 meses y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales, y penas similares ?de entre 5 meses y 5 meses y medio- se impusieron a los otros tres condenados confesos, Benito Mesa Ferrer, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, que a través de empresas pantalla también ayudaron al ex alcalde a blanquear el dinero de los sobornos que recibía.
Todos ellos quedan ahora a la espera del informe del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, para que la Audiencia decida si suspende o no el ingreso en prisión. Y es que aunque la ley permite no cumplir las penas inferiores a dos años de cárcel cuando no hay antecedentes penales, la última palabra la tiene siempre el tribunal que dictó la sentencia, tras escuchar el criterio de las acusaciones en función de cada caso.
Decomiso de una vivienda, de El Pachi y de cinco vehículos
Lo que sí ordena la Audiencia que se cumpla ya es la parte económica de la sentencia, reclamando a todos los condenados el pago de las multas. En la mayoría de los casos, ya abonaron la totalidad o una parte importante antes incluso del juicio, al alcanzar el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que les permitió rebajar las penas.
En el caso de Reyes, antes del juicio depositó más de 300.000 euros para pagar su multa y las de su mujer y sus hijos. En cuanto a Ferrer, Camacho y Marcelo Machín, les impusieron multas de 71.920, 20.000 y 20.000 euros y antes del juicio depositaron una parte.
Además, la sentencia ordenaba el decomiso de varios bienes que quedaron embargados tras las detenciones y registros realizados dentro de esta causa en el año 2009. Así, el auto de la Audiencia establece también que una vivienda de la familia Reyes en La Laguna, con su correspondiente plaza de aparcamiento, quede a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de Madrid. Y lo mismo ordena con otros bienes que fueron embargados, entre los que se encuentran la embarcación El Pachi, cinco vehículos -dos Toyotas, un Mercedes, un Saab y un Renault Kangoo-, material náutico, un spa y una pérgola, todo ello adquirido con dinero negro procedente de los sobornos que admitió que recibía el ex alcalde por otorgar licencias ilegales.
Además, también quedará a disposición de este órgano el dinero que se embargó en diez cuentas corrientes y los 13.000 euros que se encontraron en efectivo en la casa de Reyes durante el registro.
