El auto que ordena ejecutar la sentencia del caso Yate también establece que el fallo sea notificado formalmente al Ayuntamiento de Yaiza, ya que anula decenas de licencias concedidas por el ex alcalde, José Francisco Reyes, tanto para hoteles como para el puerto deportivo Marina Rubicón. "Líbrese oficio al Ayuntamiento de Yaiza a los efectos oportunos", señala la resolución de la Audiencia Provincial, fechada el pasado 22 de marzo.
En el caso de las licencias de los hoteles, casi todas habían sido ya anuladas en la vía contencioso administrativa, pero la ilegalidad del puerto se acreditó en esta causa penal, con un fallo que ya es firme. Además, la sentencia considera probado que Reyes recibió un soborno de los dueños del puerto a cambio de otorgar ese permiso, tal como acabó confesando él mismo antes del juicio.
El Ayuntamiento, que lleva años inmerso en un procedimiento para intentar legalizar los hoteles autorizados por Reyes en Playa Blanca, se enfrenta así ahora a otro reto, una vez que reciba la notificación de la Audiencia. Y en este caso, lo que ha quedado sin ningún tipo de cobertura legal es un puerto deportivo que ni siquiera estaba contemplado en el Plan General que estaba vigente cuando se construyó.
El nuevo Plan de Yaiza beneficia al puerto
Al igual que ocurrió con los hoteles ilegales, que en muchos casos vieron allanado el camino hacia la legalización con el nuevo Plan General de Yaiza aprobado en 2014, el puerto deportivo también se vio beneficiado con ese documento. Por un lado, el Plan reconoce la existencia de Marina Rubicón e incluso cambia la categoría de ese suelo, clasificándolo como urbano consolidado ordenado.
El documento señala que fueron los propios dueños del puerto quienes presentaron una propuesta de "ordenación" que fue asumida en su totalidad por el Gobierno de Canarias al elaborar el Plan, dando así por bueno lo que en realidad ya estaba construido. "Dicha propuesta aún no ha sido favorablemente informada por Puertos Canarios, por lo que de no contar con carácter previo a la aprobación definitiva de este Plan General de informe favorable de Puertos Canarios, se considerará como ámbito no ordenado", se precisaba no obstante en el Plan.
En cuanto a otro de los incumplimientos de los promotores de Marina Rubicón, relativo a la Ley de Costas, el Plan General de Yaiza también apela a los hechos consumados para dar una salida al puerto, señalando que no le sería "de aplicación" esa ley. El motivo, según los redactores del Plan, es que la costa de Berrugo ya está "alterada" por la construcción del puerto, por lo que no rige el artículo que impone "limitaciones a la propiedad privada en los terrenos colindantes con bienes que conserven sus características naturales". Según el Plan, como esas características naturales ya no existen porque fueron alteradas por los promotores de este puerto ilegal, el artículo no sería de aplicación.
Licencia ilegal en seis días y a cambio de sobornos
Tal como desveló la investigación del caso Yate, Marina Rubicón comenzó a construirse sin tener siquiera licencia. De hecho, ni siquiera la habían solicitado y los promotores solo la pidieron cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó paralizar las obras. Y solo seis días después de que la pidieran, José Francisco Reyes otorgó ese permiso ilegal.
El que entonces era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, también confesó en el caso Yate que era consciente de que ese permiso era ilegal, pero aún así emitió un informe favorable, por lo que aceptó una condena por un delito de prevaricación. En cuanto a Reyes, admitió que recibió una "dádiva" valorada en 60.000 euros de los dueños del puerto, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, al disfrutar de un atraque gratis durante cinco años en esas instalaciones. Y ese soborno, según considera probado la sentencia, no solo obedecía a la licencia del puerto, sino también a otras licencias ilegales otorgadas a los mismos empresarios.
Dos de ellas, la del hotel Princesa Yaiza y la del hotel Son Bou, fueron concedidas a Juan Francisco Rosa, en uno de los casos "tres días después" de que la pidiera. La tercera, que permitió la construcción del Hotel Meliá Volcán, había sido solicitada por Francisco Armas. En su fallo, tal como reveló la instrucción de esta causa, la Audiencia señala que el Plan General de Yaiza que estaba en vigor no contemplaba un puerto deportivo, que no se realizó la declaración de Sistema General Insular, ni por tanto se tramitó el estudio de impacto ambiental, y que "no había instrumento de ordenación del territorio" que le diera "cobertura", pese a lo cual se concedió ese permiso.
En cuanto a los empresarios que entregaron esa dádiva, en su momento estuvieron imputados en la causa, pero finalmente se archivaron los cargos contra ellos. Y es que el Código Penal que estaba vigente en ese momento no permitió tipificar el delito, al tratarse de un cohecho impropio posterior a la concesión de la licencia, y no anterior. Para esos casos, el anterior Código Penal ?que es el que tuvo que aplicarse- contemplaba penas para el que recibía el regalo, pero no para el que lo entregaba.
