La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado para el próximo jueves 17 la vista solicitada por el principal acusado del caso Unión, Luis Lleó, para intentar llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y evitar el juicio.
En esa vista, fijada a petición del propio acusado, Lleó deberá ratificar la confesión que presentó por escrito ante la Audiencia el pasado 1 de octubre. En ella reconocía que cometió un delito continuado de cohecho, al intentar sobornar al ex consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, para desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja.
Luis Lleó lleva diez años intentando tumbar la instrucción del caso Unión, con una cascada de recursos denunciando supuestas nulidades que han sido desestimadas, e incluso llegó a presentar querellas que también fueron rechazadas de plano contra el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, contra el fiscal Ignacio Stampa, contra el secretario del Juzgado, José Ramón Viera, e incluso contra el comandante de la Guardia Civil Vicente Corral.
Todas las sentencias de Unión han avalado la causa
Además de fracasar en todos esos intentos, Lleó también ha visto en los últimos años cómo se dictaban sentencias condenatorias en todo el resto de piezas del caso Unión, en las que se ha avalado con contundencia la instrucción de la causa y se han rechazado los mismos supuestos motivos de nulidad que él llevaba años invocando, tanto por parte de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo.
Así, ante la inminencia de un juicio que iba a celebrarse ante un jurado popular, el empresario ha decidido confesar en busca de una rebaja en la condena. En ese juicio, LLeó iba a enfrentarse no solo a las grabaciones realizadas por la UCO, sino también a la confesión del otro acusado, Fernando Becerra, que hace años ya reconoció que había hecho de intermediario para Lleó en ese intento de soborno.
"De forma expresa se reconocen los hechos objeto de acusación, admitiendo los mismos", señala el documento presentado la pasada semana por su procurador ante la Audiencia. Además, anunciaba también que "desiste de todas y cada una de las cuestiones previas planteadas, así como de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales", y se comprometía a "hacer frente a las responsabilidades pecuniarias" derivadas de la condena.
Atenuantes para rebajar la pena
En caso de ratificarse ese acuerdo de conformidad con la Fiscalía ante la Audiencia, implicaría una rebaja en la pena. Inicialmente, la Fiscalía pedía el máximo previsto por el Código Penal para este delito, que son seis años, así como una multa de un millón de euros y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Sin embargo, de cerrarse definitivamente el acuerdo se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes de confesión y del pago de la responsabilidad civil, así como el tiempo transcurrido. Y es que en caso de que la condena hubiera llegado a través de una sentencia ?en lugar de a través de un acuerdo de conformidad-, es más que probable que la Sala hubiera aplicado como atenuante para rebajar la pena las dilaciones indebidas.
