29/mar./2020

SUBRAYA LA NECESIDAD DE "GARANTIZAR EL COBRO DE LAS POSIBLES INDEMNIZACIONES"

La Audiencia confirma las fianzas de 272 millones impuestas a Déniz, Camero y otros 15 acusados en Unión

Rechaza los recursos presentados por la ex alcaldesa, el ex secretario y otros ocho acusados y señala que ni siquiera debieron admitirse a trámite. Además, apunta que la celebración del juicio está "muy próxima en el tiempo"

Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero, en los Juzgados
Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero, en los Juzgados
La Audiencia confirma las fianzas de 272 millones impuestas a Déniz, Camero y otros 15 acusados en Unión

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado los recursos presentados por 10 acusados del caso Unión y por la empresa Fomento Construcciones y Contratas y ha confirmado las fianzas impuestas por la juez instructora, Silvia Muñoz. En el auto de apertura de juicio oral de esa pieza, surgida de la Operación Jable, la magistrada reclamó en total 272 millones en fianzas a los 17 acusados, en una medida que ahora ha sido ratificada por la Audiencia.

Entre los acusados que recurrieron se encontraban el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, la ex alcaldesa, María Isabel Déniz, su marido, José Domingo Abreut -que debe responder en esta causa como partícipe a título lucrativo-, así como el que fuera mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, y el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Isidro Spínola. A ellos se sumaron los recursos de varios directivos de las empresas implicadas en esta pieza de la causa, Urbaser, FCC y Gamma Instal, como Rafael Antonio Corujo Gil, Daniel Hernández Caraballo, Enrique José Hernández Martín, Enrique Astorga y Julio Romero.

“Es evidente que en realidad todos los recurrentes son conscientes de que el auto de apertura del juicio oral no admite recurso más que en relación a la situación personal y es evidente, también, a nuestro entender, que las fianzas para asegurar eventuales responsabilidades civiles no tienen esa naturaleza”, sostiene el auto de la Audiencia Provincial, fechado el pasado 23 de junio. Así, concluye que estos recursos ni siquiera debieron ser admitidos a trámite, ya que solo podrían haberse recurrido cuestiones como la privación provisional de libertad de algún acusado, que ya no se da en esta causa.

 

“Pretenden eludir lo dispuesto por el legislador”


“Todas estas alegaciones no pretenden más que eludir lo dispuesto en su día por el legislador”, subraya el auto, en referencia a los argumentos planteados por las defensas para intentar que se estimaran sus recursos, pese a que a las fianzas establecidas en el auto de apertura de juicio oral no son recurribles. Al respecto, recuerda que sí pudieron recurrir el auto de Procedimiento Abreviado, que es el que pone fin a la instrucción, donde tuvieron oportunidad de plantear todas las “consideraciones que estimen convenientes acerca de la existencia de indicios de responsabilidad criminal y acerca de los perjuicios sufridos por los perjudicados”.

A esto, la Audiencia añade que “se encuentra ya presumiblemente muy próxima en el tiempo la celebración efectiva del juicio oral, momento en el que sería conveniente que estuvieran ya resueltas todas las cuestiones relativas a la solvencia o insolvencia de quienes habrían de responder con todo su patrimonio de los daños causados por el delito”, así como “las actuaciones judiciales tendentes a garantizar el cobro de las posibles indemnizaciones futuras”.

Respecto a la celebración del juicio, tal como adelantó ya este martes La Voz, el Juzgado de Instrucción acaba de ordenar la remisión de la causa a la Audiencia Provincial, tras recibirse todos los escritos de defensa, por lo que solo está pendiente de que se asigne sección y se fije la fecha para celebrar la vista.

 

Fianzas de más de 25 millones para algunos acusados


En cuanto al importe de las fianzas que había fijado la juez instructora el pasado mes de enero, al ordenar la apertura de juicio oral, suman en total más de 272 millones de euros. En el caso de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz; del que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; y de su socio en empresas como Gamma Instal y técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Isidro Spínola, debían depositar más de 25 millones de euros cada uno, para cubrir la eventual condena de multa y responsabilidad civil. 

Al otro socio de las empresas de Arrocha, Julio Romero, se le exigió una fianza de más de 24 millones de euros, mientras que otras dos personas vinculadas a esas sociedades, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo Gil, tenían que entregar más de 13 millones cada uno. En cuanto al ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, se fijó para él una fianza de más de 13 millones de euros, al igual que el líder histórico del PIL, Dimas Martín. Una cantidad similar debían entregar o garantizar el que era mano derecha de Dimas, Matías Curbelo, y el ex dirigente socialista Miguel Ángel Leal.

Respecto a los directivos de Urbarser acusados, Francisco José Martínez Llerandi, Stephan Jean Balverde, Santiago Alonso y Manuel Martínez, todos debían responder de fianzas de entre 13,1 y 13,8 millones de euros. Por su parte, los de Fomento Construcciones y Contratas, Enrique Astorga y Enrique José Hernández, tenían que depositar casi 11,8 millones, debiendo en su caso responder las empresas, como responsables civiles subsidiarias, si no aseguraban ese dinero.

Para las parejas de María Isabel Déniz y Dimas Martín, José Domingo Abreut y Elena Martín, la magistrada exigió una fianza por las cantidades de las que se beneficiaron, y que sus parejas obtuvieron de forma presuntamente ilícita. En el caso de José Domingo Abreut, la juez le exigió una fianza de 325.484 euros, mientras que Elena Martín debía garantizar 14.812 euros.

 

Propiedades embargadas ante el impago


Antes incluso de que se dictara ese último auto de apertura de juicio oral, la juez instructora ya había impuesto fianzas a los acusados, aunque de menor cuantía, ya que todavía no se habían presentado los escritos de acusación, que fijan la responsabilidad económica que se le exige a cada uno. Sin embargo, pese a que las primeras cuantías eran más bajas, acusados como María Isabel Déniz y Dimas Martín tampoco entregaron el dinero, lo que llevó ya entonces a la juez, en junio de 2016, a ordenar embargos sobre varias propiedades. 

María Isabel Déniz fue notificada el 23 de marzo de 2016 que tenía 3 días para ingresar cerca de 1,8 millones de euros, a lo que se limitó a responder que “quedaba enterada y no quería manifestar nada más”. A 24 de mayo, no había cubierto esa cantidad, por lo que el Juzgado decidió en un primer decreto embargarle una moto Honda  y un Mercedes, además de la mitad de una casa de 188 metros cuadrados en la Avenida de Playa Honda y de un almacén-estacionamiento de 105 metros en Teguise, cuya titularidad comparte con su marido. 

Tras seguir haciendo “averiguaciones” sobre los “bienes de propiedad” de Déniz para “garantizar” que cumplía con sus “responsabilidades”, el Juzgado ordenó nuevos embargos sobre otra casa en Playa Honda, con 170 metros construidos y otros 64 de “jardines y zonas verdes”, un “almacén y una habitación” en La Graciosa de 180 metros, y una finca rústica de 12.000 metros cuadrados en la Montaña de Las Nieves, compartidas todas ellas también con su esposo. Por último, el Juzgado decretó que se le embargara la “parte proporcional” de su sueldo como profesora de secundaria, en función de los límites que consten para ello en la Consejería de Educación.

Por su parte, Dimas Martín fue notificado el mismo día que Déniz, el 23 de marzo, de que tenía tres días para ingresar, en su caso, 240.000 euros. Sin embargo, manifestó al Juzgado “que no tiene medios para aportar la fianza requerida”, y tampoco cubrió la cantidad que se le pedía. Así, el Juzgado de Instrucción Número 5 ordenó el embargo de los bienes que encontró a su nombre: cinco fincas rústicas situadas en el municipio de Teguise con una superficie total de más de 11.500 metros cuadrados. Cabe recordar que en otra pieza del caso Unión, que es la única que se instruye en otro juzgado y que continúa abierta, el líder histórico del PIL está imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible, al haber utilizado presuntos testaferros para ocultar su verdadero patrimonio

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