La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote y ha sido denunciante de algunas de ellas; y la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA), acusada de intentar "dilatar" esas causas y condenada al pago de una multa por actuar con "mala fe", se han visto este jueves las caras en los tribunales, en una tensa vista ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife. Lo que les ha llevado ante la juez Raquel Rivero, que no ha permitido hacer fotos a la prensa, es una demanda presentada por AJJA, que ha pedido la disolución de Transparencia Urbanística y ha reclamado además que se adopten medidas cautelares mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
En esta vista de medidas cautelares, la asociación de juristas constituida en el año 2015 en Gran Canaria ha dejado claro que su objetivo es que Transparencia Urbanística sea apartada de las causas penales en las que está personada, ya que ha sostenido que no se puede permitir que continúe ejerciendo la acusación y pidiendo penas de "21 años de prisión" y "cierres" de negocios. Hacía así una clara referencia al caso Stratvs, donde está personada Transparencia Urbanística, además de haber sido la denunciante.
En su respuesta a la demanda, además de señalar que ésta se basa en consideraciones "enteramente superfluas" sobre el funcionamiento interno de la asociación y que "carecen por completo de sustento", Transparencia Urbanística hace referencia también a lo "útil" que ha sido hasta ahora la asociación demandante "a los intereses de Luis Lleó, Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero" y otros acusados e imputados en causas de corrupción. Y es que aunque esta asociación de juristas ha pretendido supuestamente ejercer la acusación popular en esos procedimientos, sus principales pasos se han encaminado a intentar apartar a la juez instructora del caso Unión y a interponer una querella contra el magistrado que inició esa causa, César Romero Parampacuatro, que ni siquiera fue admitida a trámite. Además, la propia asociación de juristas no estaba formalmente registrada cuando empezó a intentar personarse en distintas causas abiertas en Lanzarote.
Documentos obtenidos "por medios ilícitos", según TU
Transparencia Urbanística también acusa a AJJA de haber aportado a su demanda documentos obtenidos "por medios ilícitos" y de haber "mentido descaradamente" sobre su origen. Uno de esos documentos fue presentado en el marco de un procedimiento contencioso, por el recurso que interpuso TU contra la aprobación del Plan General de Yaiza. Y en ese procedimiento no es parte la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, pero sí lo es una empresa administrada por un primo hermano de Luis Lleó, Wigberto Del Carmelo Ramos Lleó.
"La procedencia de dichos documentos y la atolondrada mentira en que incurre la contraparte quedan claramente acreditadas por indicios concluyentes", señala Transparencia Urbanística, que subraya que esto se ha evidenciado por los errores en los que ha incurrido la demandante, "por su escaso rigor en el tráfico y trasiego de documentos". Finalmente, durante la vista, el abogado de AJJA, Juan Alberto Rubio Ortega, ha pedido que se retire de la causa ese documento, alegando que lo aportaron por error.
"Comete la osadía de poner en duda una baja por enfermedad"
En la vista de medidas cautelares, la polémica asociación de juristas ha acusado a TU de incumplir hasta 70 preceptos legales, aunque no los detalla en su demanda. De hecho, ésta se centra principalmente en que Transparencia Urbanística mantuvo un presidente en funciones durante más tiempo del que permiten sus estatutos internos. Y el motivo fue que la que era presidenta, María Hernández Martí, se encontraba de baja por enfermedad. En su respuesta, Transparencia Urbanística sostiene que AJJA "comete la osadía y la ligereza de poner en duda" esa situación de baja temporal por enfermedad, llegando a sostener que la persona que le sustituía "usurpó sus funciones".
Al respecto, y aunque subraya que es "una cuestión que requiere cierta delicadeza por afectar al ámbito de la intimidad personal", TU ha aportado un dictamen de incapacidad laboral de la que era su presidenta, a quien se le detectó "un tumor primario del sistema nervioso central". Por eso, y dado que sufrió "diversas vicisitudes y altibajos" durante la enfermedad, explican que "consideraron conveniente prolongar la situación de interinidad de la Presidencia hasta que se produjera su plena recuperación".
Finalmente, en una Asamblea General celebrada en diciembre de 2016, Transparencia Urbanística renovó su junta directiva, designando como presidente a Javier Díaz Reixa, y también notificó los cambios al Registro de Asociaciones de Canarias, por lo que sostiene que "dicha omisión ha sido oportunamente corregida". Además, subraya que "la disolución de la asociación únicamente puede producirse cuando se incurre en determinados incumplimientos legales extremos, que no tienen que ver con el funcionamiento interno de la asociación o con el incumplimiento de preceptos estatutarios o de obligaciones documentales", como la presentación de sus cuentas, "sino con la realización de actividades terroristas o la comisión de otros delitos".
"Inquina e impotencia" de "los instigadores" de AJJA
Respecto a lo que plantea la asociación de juristas en su demanda, señala que son cuestiones que en todo caso "habrían de dilucidarse entre la autoridad administrativa competente y la asociación, sin intervención de terceros y en particular de la contraparte", ya que sostiene que no está "legitimada" para interponer esta demanda.
Al respecto, agrega que quien sí estaría legitimado sería "cualquier socio de la asociación que estuviera descontento con la actuación de los órganos rectores", pero subraya no "no se conoce queja alguna" ni de los socios ni de la que era presidenta. "De manera unánime, le transmitirán su orgullo y satisfacción por su exitosa actuación", señalaba la asociación en respuesta a la demandante.
De hecho, TU considera que "la inquina de los componentes" de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa "y de todos sus instigadores", y "la impotencia que transmiten y revelan sus actuaciones, es la prueba más palmaria y evidente del éxito de las actividades de Transparencia Urbanística y de su adecuación a los fines estatutarios".
"Fracasan en el intento de ocultar quiénes les mueven"
En su demanda, en la que además pedía que se adoptaran medidas cautelares sin dar siquiera audiencia a Transparencia Urbanística, AJJA sostenía que podrían causarse "perjuicios a terceros" si se le permitiera continuar con su actividad. "Naturalmente, no identifica quiénes son los terceros cuyos intereses pretende defender, ni el daño que produce o genera la actividad y el funcionamiento de la asociación a esos ‘terceros’ que no identifica, de modo tal que hemos de convenir que los intereses que dice defender son realmente bastante difusos, además de confusos, aunque obviamente fracasan en el intento de ocultar lo que les mueve y quiénes les mueven", señala el escrito de contestación de Transparencia Urbanística a esa demanda.
A esos "fines" se hizo referencia en la reunión de la Junta Directiva de TU celebrada el pasado 23 de diciembre de 2016, cuando el presidente advirtió al resto de socios de que miembros de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa y de la asociación ecologista Jacón, "que están resultando útiles a los intereses de Luis Lleó, de Juan Francisco Rosa, de Felipe Fernández Camero y de otros imputados o investigados en procedimientos penales relacionados con actuaciones corruptas", estaban intentando cuestionar la legitimidad de la asociación y habían "promovido iniciativas jurídicas encaminadas a lograr apartar a Transparencia Urbanística de procedimientos en los que está personada".
"Planteamientos similares" de Lleó e "indagaciones" de la hija de Camero
Además, según consta en el acta, el presidente también detalló que esos "planteamientos" eran "similares" a los sostenidos por la sociedad mercantil Desarrollos y Proyectos Playa Blanca S.L., cuyo representante legal es Wigberto Del Carmelo Ramos Lleó, que cuestionó la legitimación de Transparencia Urbanística para interponer un recurso contra la aprobación definitiva del Plan General de Yaiza, alegando también la situación de interinidad del presidente por la enfermedad de su antecesora en el cargo. Y también advirtió el presidente de TU de que tenían "constancia" de que la abogada Juana María Fernández de las Heras, hija de Felipe Fernández Camero, había estado "indagando en el Registro de Asociaciones de Canarias", pidiendo datos sobre la asociación.
"Por eso, siendo previsible que en algún momento se cuestione la legitimidad procesal de Transparencia Urbanística para intervenir en determinados procedimientos penales, se propone a la Asamblea General la ratificación de la personación y de todas las actuaciones procesales de la Asociación Transparencia Urbanística", planteó el presidente en esa Junta, en la que se ratificó la intervención del colectivo en todas las causas en las que está personado, y entre las que entre otras se encuentran el caso Unión y el caso Stratvs.
"Hemos de suponer que este rotundo pronunciamiento del máximo órgano soberano de la asociación Trasparencia Urbanística zanja radicalmente las dudas de la contraparte, y en particular sus malévolas insinuaciones sobre la supuesta usurpación de funciones. Con independencia de todo ello, y de las responsabilidades administrativas o de cualquier otra naturaleza en que eventualmente hayan podido incurrir los componentes de la Junta Directiva por el retraso padecido en la inscripción registral de las aludidas modificaciones, la asociación no está, ni ha estado nunca, incursa en causa legal de disolución", sostiene la asociación en su respuesta a la demanda.
"Una chapuza que causa vergüenza ajena"
Entre otras cosas, Transparencia Urbanística señala que la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa basa su demanda en hechos que "son extraordinariamente frecuentes en la vida de las asociaciones". Y también añade que la demanda carece "de rigor técnico jurídico, conteniendo afirmaciones totalmente disparatadas", así como errores y "defectos legales". Incluso, llega a afirmar que "ha sido elaborada mediante un burdo copia y pega de textos obtenidos a través de una búsqueda por internet, cuyos resultados no han sido debidamente filtrados, convirtiéndose en una chapuza que causa vergüenza ajena por su falta de seriedad y rigor profesional".
Además, cuestiona que "la endeblez y orfandad argumentativa de la demanda alcanzan tales cotas" que sostiene que "tiene legitimación para personarse y ser parte interesada en cualesquiera procedimientos administrativos y judiciales en los que sea vea comprometida la legalidad vigente, sin pararse a explicar de qué modo comprometen la legalidad vigente la existencia y el funcionamiento" de Transparencia Urbanística. "Ni siquiera se molesta en explicar quién le ha asignado facultades de ‘policía de la virtud’", añade.
Así, insiste entre otras cosas en la falta de legitimidad de AJJA para interponer esta demanda. Y también "que sea de su incumbencia fiscalizar el funcionamiento" de Transparencia Urbanística, "ya que no hay precepto legal o reglamentario que le autorice a inmiscuirse o interferir en el funcionamiento de otras asociaciones, y menos aún a investirse de facultades sobre la defensa de los intereses de supuestos terceros perjudicados o atribuciones sobre la vigilancia del tráfico jurídico".
