La alcaldesa de Arrecife, Eva de Alta, ha manifestado su "rotundo rechazo" a las afirmaciones realizadas por el que era abogado del Ayuntamiento en una de las piezas principales del caso Unión, Irán de León, que ha presentado su renuncia a poco más de dos semanas de que se celebre el juicio y ha culpado de ello al Consistorio. "Son absolutamente inciertas", afirma De Anta, que ha advertido de que "se reserva todo tipo de acciones en defensa de los intereses de la Institución y los suyos propios".
En el escrito que dirigió al Ayuntamiento para notificar su renuncia, el letrado solo señalaba que le resultaba "imposible continuar con la defensa del Ayuntamiento de Arrecife" en éste y en otro procedimiento para el que estaba contratado. Incluso, según el Consistorio, trasladó verbalmente a trabajadores municipales que le resultaba difícil asistir al juicio dado que la mayor parte se celebrará en Gran Canaria, con ocho jornadas fijadas en esa isla entre el 22 de febrero y el 18 de marzo. Sin embargo, cuando la Audiencia Provincial le pidió explicaciones sobre los motivos de su renuncia, dado el perjuicio que esta decisión puede causar para la celebración de un juicio que era inminente, el letrado responsabilizó al Consistorio.
Así, en el nuevo escrito remitido este miércoles a la Audiencia, Irán de León afirma que "ha intentado en varias ocasiones solicitar audiencia a la responsable política de la institución" y que ha sido "infructuoso hasta la fecha". "Dado el referido proceder, así como la falta de confianza y ninguneo que ha sentido el letrado que suscribe es por lo que me he visto en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable", añade.
"Nunca se ha cuestionado la actuación del letrado"
Tras conocer el contenido de ese escrito, la alcaldesa ha querido "desmentir de manera rotunda y absoluta las manifestaciones de falta de confianza y ninguneo" realizadas por el letrado. "Desde esta Alcaldía nunca se ha cuestionado la actuación del letrado, no se ha limitado su capacidad de acción ni se le han impartido instrucciones que pudieran condicionar su ejercicio de representación letrada de esta institución", señala en un comunicado.
"Con respecto a su afirmación de que le ha sido imposible reunirse con la alcaldesa, se hace constar que se han celebrado varias reuniones a lo largo de la instrucción, cada vez que lo ha solicitado el letrado. Tan solo durante el mes de diciembre, por razones de sobrecarga por el final del ejercicio, se retrasó una solicitud de reunión informándole personalmente de ello la propia alcaldesa, sin que por su parte se manifestara la imposibilidad de acceder a esa demora ni la existencia de motivo de urgencia alguno", añade.
Además, subraya también que en el escrito que registró en el Ayuntamiento comunicando su renuncia el pasado 2 de enero, "el letrado esgrimió únicamente una genérica imposibilidad de continuar y, en conversación con personal de la casa adujo dificultades para desplazarse a Las Palmas (de Gran Canaria) con la frecuencia y duración requeridas por la celebración del juicio". "Ha sido a requerimiento de la Audiencia para justificar su renuncia cuando ha introducido estas consideraciones que resultan de todo punto inaceptables por no ajustarse a lo sucedido", responde la alcaldesa.
En cuanto a los pasos que seguirá el Consistorio tras esta renuncia, señala que "en este momento el Ayuntamiento está realizando las gestiones necesarias para garantizar su presencia en el procedimiento en defensa del interés general". Al respecto, tal como había publicado ya La Voz, desde el Consistorio afirman que están buscando un nuevo abogado para reemplazar a Irán de León, aunque hasta el momento no han encontrado una persona para sustituirle. Además, en caso de que lo hagan, el nuevo letrado tendría menos de 15 días para preparar el juicio de una causa con 80 tomos y más de 60.000 folios solo con documentación, sin contar los anexos, lo que podría provocar un nuevo retraso en la celebración de la vista, que inicialmente estaba fijada para mayo de 2018 y que ya se había retrasado en dos ocasiones a petición de las defensas de dos de los acusados, Dimas Martín y Juan Francisco Rosa.
