Había heredado parte de una finca en La Geria donde había una antigua casa y su mujer y él decidieron rehabilitarla para tener ahí una segunda residencia, pero "en ese momento apareció Juan Francisco Rosa" y le convenció para cambiar de planes. Eso fue lo que declaró este miércoles como acusado el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, que no solo firmó el proyecto de la bodega sino que también le aportó a Rosa los terrenos que necesitaba. O al menos parte de ellos, porque cuando se construyó Stratvs esa finca tenía también otros propietarios.
"Me dijo que estaba buscando una finca. Yo le dije que tenía el 50% porque mi mujer había comprado otra parte y queríamos hacer una vivienda, pero me dijo que era compatible. Que él podría hacer la bodega y nosotros la vivienda", ha relatado. Incluso, ha apuntado que Rosa le dijo que él también podía participar en la bodega, aunque nada de eso se plasmó nunca por escrito.
Así, sin papeles, contratos, ni escrituras de compraventa se empezó a gestar el macrocomplejo Stratvs, que si algo no incluyó nunca fue una vivienda, ya que en la antigua casa protegida se terminó instalando la tienda. En total, más de 12.000 metros construidos en base a una licencia que la acusación también sostiene que es ilegal, pero que en cualquier caso solo permitía rehabilitar esa casa preexistente y construir una bodega-almacén subterránea de 900 metros. "Yo me involucré en algo pequeño", ha declarado el arquitecto al explicar por qué seis años después, en 2005, decidió desvincularse del proyecto. "Vi un poco lo que él quería hacer, una obra muy grande".
"Me dijo que había comprado el terreno"
En cuanto a los otros titulares de ese terreno, Miguel Ángel Armas ha relatado que tras recibir la propuesta de Rosa, le dijo que entonces tendría que comprar él el resto de la finca. "Le pregunté varias veces y me dijo que sí lo había hecho", ha afirmado. Sin embargo, no fue hasta el año pasado, una década después, cuando Juan Francisco Rosa compró a varios miembros de la familia Negrín su parte del terreno, consiguiendo así que se retiraran como acusación en esta causa, en la que estaban personados como perjudicados por la usurpación de su propiedad.
Respecto a la solicitud de permisos, ha reconocido que se tramitaron a nombre de su mujer, Piedad del Río, aunque quien hacía realmente las gestiones era el propio Rosa: "Se encargaba él. Yo le di autorización para que lo hiciera, para que se encargara de todo". Así ha justificado por qué se enviaron desde un fax de Galerías Rosa las alegaciones a la primera propuesta desfavorable que se emitió desde el Gobierno de Canarias a la autorización de la bodega.
De hecho, Armas Matallana ha asegurado que ni él ni su mujer recibieron la notificación de esa propuesta, a la que sin embargo se presentaron alegaciones en nombre de Piedad del Río. Por su parte, los tres acusados que formaban entonces parte del Gobierno regional no han podido explicar por qué intervenía Rosa en el expediente, cuando no figuraba como interesado ni ostentaba en ese momento siquiera una parte de la propiedad del terreno.
Lagunas de memoria
"Yo hice el proyecto y él se encargaba de las solicitudes", ha repetido el arquitecto. Sin embargo, tampoco consta el encargo de ese proyecto por parte de Rosa, ni documento que acredite que Armas Matallana asumió la dirección facultativa de la obra. En su declaración, el arquitecto ha afirmado que "no recuerda" cuál fue la empresa constructora y tampoco si se firmó acta de replanteo, que es obligada al comenzar los trabajos. Lo único que ha asegurado sin vacilar es que él solo fue responsable de la rehabilitación de la casa y de la construcción de la bodega, que es lo que tenía licencia.
"Lo otro son edificios independientes", ha asegurado, en referencia entre otras cosas al restaurante que se encuentra en el mismo complejo, y que se construyó en paralelo y sin ningún tipo de permiso. Sin embargo, no ha precisado quién realizó entonces el proyecto de esa obra, ni tampoco quién asumió la intervención en las zonas que se pavimentaron y que conectan esos "edificios", tal como ha subrayado la fiscal.
En cuanto a la parte de la obra que sí asume, también ha reconocido que se construyó "un poquito más" de lo que permitía la licencia, tanto en la bodega como al "rehabilitar" la casa. "¿Los metros que se construyeron en la bodega los sabe?", le ha preguntado la fiscal. "Está por ahí", se ha limitado a responder el acusado, sin dar ni un dato. Según los informes periciales, solo las instalaciones de la bodega miden en total 2.364 metros cuadrados, cuando lo autorizado eran 900.
Respecto a la vivienda, que era un edificio protegido, la acusación sostiene que se pidió permiso para rehabilitarla pero lo que se hizo fue derribarla y construir una nueva de mayor tamaño. "¿La vivienda es exactamente la misma?", le ha preguntado la fiscal. "Creo que sí", ha respondido el arquitecto, que después ha subrayado que la casa estaba "en ruinas" y que se tuvo que hacer una intervención grande. "¿Ha sido restaurada o sustituida?", ha insistido la fiscal. "Para mí ha sido restaurada", ha respondido Matallana.
Alega que firmó el certificado final de obra "solo" con su parte
En su declaración, el arquitecto ha insistido también en que su trabajo en Stratvs terminó a principios de 2006 y en que no tuvo relación con lo construido en los dos años siguientes. Sin embargo, fue en 2008, cuando se inauguró la bodega y todo el resto de instalaciones, cuando él firmó el certificado de obra terminada. "Fue cuando me lo pidieron", ha justificado, añadiendo que "cree" que en ese momento lo necesitaban porque Rosa iba a solicitar un crédito. Además, ha defendido que ese certificado hacía referencia solo a la obra que él había dirigido. "A la parte mía, no a todo", ha declarado para explicar por qué en ese certificado declaró que lo construido se ajustaba a la licencia.
Previamente, en 2005, también firmó otro proyecto de ejecución que fue entregado al Ayuntamiento, pese a que las obras habían empezado dos años antes. "No me lo pidieron antes", ha respondido también a esta pregunta. "¿Se lo pidió el Ayuntamiento después de que se dictara un decreto paralizando las obras?", ha vuelto a interrogar la fiscal. "Sí, creo que sí. Me parece que fue ahí cuando me lo pidieron", ha respondido el acusado.
Fue poco después cuando cambiaron también los datos en el Registro y Armas Matallana dejó de aparecer como dueño de esa finca. "Cambió la titularidad", ha respondido a su defensa, ante lo que la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, ha interrumpido para preguntar en qué parte del sumario aparece ese documento de compraventa entre Rosa y Matallana y su mujer. "Ya lo acreditaremos", ha respondido molesto el letrado del arquitecto, que ha reconocido que ese documento de compra no consta en la documentación aportada a la causa.
Después de Rosa, Matallana es el acusado que se enfrenta a una mayor petición de pena. En total, la Fiscalía pide para él 10 años de prisión, 4 años de inhabilitación como arquitecto y una multa de 72.000 euros por delitos de falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, un delito contra el patrimonio histórico y otro de usurpación.
Entre las presuntas falsedades documentales que se juzgan en la causa, también se incluyen alteraciones en el Catastro, ya que la finca donde se construyó Stratvs ni siquiera corresponde con la que se indicó inicialmente, y después se alteraron los datos. "Sería absurdo engañar a alguien diciendo que estaba en otro sitio", ha respondido al respecto Matallana.
