Si José Francisco Reyes pretende que se suspenda la ejecución de la pena de prisión que se le impuso en el caso Yate apelando, entre otras cosas, a que ya ha cumplido "las responsabilidades pecuniarias", lo primero que tendría que hacer es demostrar "de forma transparente y clara el origen" de ese dinero, dado que todas sus cuentas y propiedades estaban embargadas y "declaraba no tener ingresos" cuando realizó ese pago de 300.000 euros antes del juicio. Eso es lo que sostiene la acusación particular, representada por el ex consejero y denunciante del caso Yate, Carlos Espino, que se ha opuesto a que se suspenda el ingreso en prisión de dos de los condenados en la causa: el propio Reyes y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes.
"Se destaca de contrario el enorme esfuerzo económico que ha tenido que realizar el señor Reyes para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias, refiriéndose a los 300.000 euros que hubo de consignar antes de la vista oral. Nada se dice ni se acredita, sin embargo, sobre cómo se pudo obtener semejante cantidad de dinero en un tiempo récord, ni sobre el origen de tales fondos", advierte la abogada de la acusación particular, que responde así a la solicitud de Reyes de que se suspenda su ingreso en prisión, pese a que fue condenado a 6 años de cárcel.
En su escrito, la letrada rebate los argumentos esgrimidos por la defensa del ex alcalde para acogerse a esta suspensión excepcional de la pena y en particular se centra en preguntar de dónde sacó Reyes el dinero para hacer frente al pago de la multa que se le impuso.
Confesó los sobornos pero no delató a los sobornadores
"La lógica, lejos de ayudar a justificar la suspensión de la pena solicitada, invita a recurrir a la literatura fantástica sobre el precio del silencio", plantea la acusación, insinuando que Reyes podría haber conseguido ese dinero a través de terceras personas. Y es que aunque el ex alcalde confesó en esta causa haber recibido cientos de miles de euros en sobornos a cambio de otorgar decenas licencias ilegales, no llegó a poner nombre a las personas que le entregaron ese dinero.
El único soborno concreto que reconoció Reyes fue el recibido de los dueños del puerto deportivo Marina Rubicón, pero no con dinero sino en forma de regalo, al dejarle atracar gratis durante años en el puerto la embarcación El Pachi. Y eso no permitió llevar al banquillo a los empresarios, ya que en el momento en el que ocurrieron los hechos, el Código Penal solo castigaba a la persona que recibe el regalo, pero no al que lo entrega, a diferencia de lo que ocurría ya entonces con las entregas de dinero.
Además, la acusación particular cuestiona también que la defensa de Reyes apele a que reconoció los hechos antes del juicio, ya que considera que esa confesión, "en este momento, se manifiesta como un falso y vacío ejercicio de cinismo para obtener unos beneficios penitenciarios que no merece". Al respecto, reprocha al ex alcalde su "incapacidad demostrada" para "reconocer que las consecuencias de sus delitos permanecen sobre el territorio insular, pesan sobre la economía de Lanzarote, presionan los recursos de quienes vivimos en esta isla, alteran nuestro paisaje y dejan una herencia insoportable de conflictividad aún no resuelta", constituyendo "el primer y más evidente motivo por el que se debe denegar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que le fue impuesta".
"Una actitud que dista mucho del verdadero arrepentimiento"
En cuanto a Vicente Bartolomé Fuentes, que también confesó los hechos que se le imputaban y aceptó una pena de un año de cárcel por prevaricación urbanística y malversación, la acusación también coincide con el Ministerio Fiscal y pide que se rechace su solicitud de suspender el cumplimiento de la pena. "De nuevo, el escenario es desolador: el señor Vicente Bartolomé se somete a un acuerdo de conformidad tras casi diez años de instrucción, en el acto de la vista oral, mostrando una actitud que dista mucho de un verdadero arrepentimiento y se asemeja en demasía al aprovechamiento legítimo pero in extremis de un recurso que le otorga el sistema penal español para cumplir una pena mínima ante una muy probable condena", subraya la acusación, cuestionando también ese supuesto arrepentimiento del ex secretario.
Aunque en su caso el Código Penal sí podría abrir la puerta a suspender la ejecución de la pena, al no superar los dos años de cárcel, la acusación particular recuerda el historial delictivo del ex secretario para pedir que se rechace su solicitud. "El señor Vicente Bartolomé ha sido condenado, de momento, a la pena de cárcel e inhabilitación de más de treinta años en tres sentencias que juzgan hechos cometidos en el ejercicio de su cargo de secretario-interventor del Ayuntamiento de Yaiza", subraya, planteando el mismo argumento esgrimido también por la Fiscalía para pedir su ingreso en prisión.
Entre esas condenas que tiene ya a sus espaldas, se encuentra una firme de inhabilitación por prevaricación urbanística, que fue la que le apartó de su cargo, además de otra por licencias concedidas en el Plan Parcial Playa Blanca y una más reciente en el caso Stratvs. Además, aún tiene otros juicios pendientes, incluyendo una pieza separada del caso Yate por malversación de caudales públicos en los pagos al abogado Felipe Fernández Camero desde el Ayuntamiento de Yaiza por servicios presuntamente no prestados.
El ex secretario sigue trabajando para una administración pública
A esto, la acusación añade que "las circunstancias sociales tampoco ayudan a la suspensión de la pena" de Bartolomé Fuentes, ya que actualmente está trabajando como técnico en el Cabildo de Gran Canaria, pese a las condenas de inhabilitación que ya tiene a sus espaldas. "Un hecho que ha supuesto un escándalo social del que se ha hecho eco la prensa regional e insular", subraya el escrito, que recuerda que una de esas condenas no solo le inhabilitaba como secretario, sino para ejercer cualquier "cargo público en la administración autonómica, insular y local". El problema es que esa sentencia aún no es firme, porque fue recurrida, y eso ha permitido a Vicente Bartolomé Fuentes volver a trabajar para una administración pública, después de haber sido apartado del Ayuntamiento de Yaiza por su primera condena firme, que le inhabilitaba solo como secretario.
"A diario se ordena el ingreso en prisión de personas que han cometido delitos cuyos efectos en la sociedad son mínimos comparados con los relatados en la sentencia, personas que han delinquido en circunstancias personales, familiares y sociales difíciles, nada comparadas con la capacidad económica, el conocimiento y la formación de la que goza el señor Vicente Bartolomé", añade el escrito.
Además, termina recordando una frase que pronunció recientemente el presidente del Tribunal Supremo, que reconoció que "la Justicia está hecha para el robagallinas, no para el gran defraudador" y que "ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción". "Cambiar esta concepción está en decisiones como las que se deben tomar en este procedimiento de ejecución", concluye la acusación.
Una "herencia" que Reyes "no quiere ver, reconocer ni admitir"
Respecto al ex alcalde, también recuerda los antecedentes penales que tiene ya a sus espaldas, que "por numerosos y escandalosos forman parte de la herencia que el señor Reyes no quiere ver, reconocer ni admitir". Además, añade que el hecho de que reconociera los delitos que se le imputaban en el caso Yate "es precisamente el motivo" por el que no consideran "ajustada a derecho la suspensión de la ejecución de la pena de forma excepcional". El ex alcalde solicitó ese beneficio acogiéndose a un artículo del Código Penal que, según la Fiscalía, está previsto para otro tipo de delitos menores, pero no para casos de corrupción tan graves como los protagonizados por el ex alcalde.
"El señor Reyes aceptó asumir las consecuencias de estos hechos en primera persona mucho tiempo antes de celebrarse el acto del juicio oral", subraya por su parte la acusación particular, que considera que precisamente por ello debe cumplir ahora esa pena, tras haber alcanzado antes del juicio un acuerdo de conformidad que ya le valió para rebajar la condena.
En cuanto a las "circunstancias familiares" a las que hacía referencia la defensa de Reyes, el escrito añade que "han sido sus propias decisiones y actos los que han llevado a la situación procesal de su familia". "Insistimos en que ha sido el señor Reyes el que decidió en su día asumir el protagonismo de este procedimiento, arrastrando a su familia, el mismo día que decidió retractarse de su confesión", señala refiriéndose a la primera confesión que realizó el ex alcalde durante la instrucción de la causa, tras ser detenido. En esa confesión sí llegó a poner nombre a varios empresarios que le habrían entregado sobornos, pero después se retractó para volver a confesar años después, justo antes del juicio, pero esta vez sin poner nombre a quienes le sobornaron.
