El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, ha sido detenido este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El arresto se enmarca en la nueva redada anticorrupción en Andalucía, Canarias y Extremadura, que coordina la juez titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
De momento hay al menos 30 detenciones de técnicos, altos funcionarios municipales y políticos. La Guardia Civil está realizando registros en la sede de la Diputación de Sevilla en el marco de una nueva operación denominada "Enredadera", y también en la sede de la empresa Fitonovo en Las Palmas de Gran Canaria.
En Canarias, según ha podido confirmar La Voz, ha habido hasta el momento dos detenciones. Una, en Lanzarote, del consejero Sergio Machín. Otra, de un empresario en Gran Canaria. El arresto de Machín estaría relacionado con supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En las últimas legislaturas, Machín ha ocupado distintos cargos en el Cabildo, estando al frente, entre otras, del área de Residuos y de la de Vías y Obras, que fue la que ocupó más tiempo.
Varios de los contratos investigados en esta operación iniciada en Andalucía están relacionados con el mantenimiento y limpieza de los márgenes de las carreteras. Además, en la mayoría de los casos, los hechos corresponden a legislaturas anteriores, remontándose su inicio incluso al mandato 2003-2007. En aquella época, Machín militaba en el PIL, aunque a mediados de esa legislatura abandonó el partido y se integró en CC.
"Facturación falsa" y "sobornos"
Concretamente, este nuevo frente abierto por la juez Alaya, que ha llegado hasta Canarias, se inició hace más de un año, al detectar presuntos delitos que tenían como eje central a la empresa Fitonovo y después a su filial, Fitoverde. Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, "del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos".
En el comunicado, en el que no dan más datos sobre las detenciones, ya que las diligencias están bajo secreto de sumario, la Guardia Civil explica que "las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas". Asimismo, "al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".
