La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado este lunes la situación de su portavoz habitual ante los medios en la isla, Cristina Cividanes, a la par que ha arremetido contra CC y el PSOE. La PAH señala en un comunicado que este domingo concluyó el plazo que la justicia dio a Cividanes y su hija para abandonar la vivienda en la que residen. Esa casa, propiedad de Bankia, fue ocupada por la activista de la PAH y, después de que la entidad acudiera a los tribunales, Cividanes fue condenada a pagar una multa y abandonar la casa el pasado octubre. "A partir de ahora, tienen sobre sus cabezas una amenaza constante", denuncia la PAH.
Paralelamente, el colectivo cuestiona la actitud del Gobierno de Canarias y de las dos fuerzas que lo conforman. "Coalición Canaria y el PSOE que ahora, en campaña electoral, sacan pecho por sus logros sociales, incumplen lo que venden a la prensa a bombo y platillo: no puedes firmar un acuerdo con Bankia para facilitar viviendas sociales si no tienes viviendas, pero a Coalición Canaria y el PSOE de Canarias les vale con decir que tienen una vivienda en la Conchinchina para decir que su acuerdo existe, aunque no sirva para nada: pura propaganda electoral", lamentan.
A juicio de la PAH, "no puedes hacer un acuerdo con Bankia para la cesión de vivienda social y luego no exigir a Bankia que facilite esas viviendas". "Nada nuevo bajo el sol, Coalición Canaria nos miente, el PSOE de Canarias nos miente, Bankia nos miente y la justicia colabora con ellos", sostienen. "En plena campaña quieren hacernos creer que de verdad les preocupa la ciudadanía y que en este país nadie va a quedar excluido", continúa la Plataforma, que lamenta que "en la isla de los cien imputados, delincuente es quien lucha por que sus hijos no pasen ni un sólo día en la calle".
"En esta isla padecemos la lacra bancaria que mantiene viviendas vacías"
Cividanes ‘ocupó’ esa vivienda con su hija, que en aquel momento era menor de edad y, según aseguró ante el juez, tras "agotar todas las vías" y recorrer "todas las administraciones buscando ayuda". "¿Qué harías tú si estuvieras sin trabajo, sin dinero, sin un techo donde cobijarte junto a tu familia? ¿Qué harías cuando los servicios sociales te dicen que sólo pueden darte una ayuda de tres meses, pero tú debes conseguir alguien dispuesto a hacerte un contrato de alquiler sin nómina, con la única garantía de 3 meses de ayuda para pagar el alquiler? ¿Dejarías a tus hijos/as durmiendo en la calle?", se pregunta al respecto la PAH, que defiende que Cristina Cividanes "decidió que ella y su familia no iban a dormir en la calle; y menos en un país en el que los bancos tienen miles de pisos vacíos viniéndose abajo". "Viviendas que hemos pagado nosotros, la ciudadanía, a través del rescate/estafa bancario", apostilla el colectivo en su comunicado.
"En esta isla padecemos esa lacra bancaria que mantiene las viviendas vacías y en un estado de abandono total, arruinando comunidades de vecinos con impagos y devaluando las demás propiedades. Cristina y su familia hicieron de una de estas ruinas su hogar, la adecentaron y asumieron el pago de agua, luz y comunidad y solicitaron a Bankia un alquiler social", relata la PAH. "Es más, Bankia tiene un acuerdo con el Gobierno de Canarias (Visocan), por el que la entidad se compromete a ceder viviendas para ser alquiladas a familias en riesgo de exclusión", inciden.
Para la PAH, los "problemas" para Cividanes arrancaron cuando Bankia se dio cuenta de que estaba "tratando con una activista de PAH Lanzarote, ese movimiento que les ha obligado a reconocer que habían estafado a la población con sus contratos hipotecarios plagados de cláusulas ilegales, ese movimiento que lucha cada día por que se haga efectivo el derecho a la vivienda". "Bankia no podía desaprovechar la situación", consideran.
Así, la PAH señala que la entidad interpuso una denuncia en el Juzgado, "en esos Juzgados que hace años decían que en los procedimientos hipotecarios el deudor sólo podía callarse y entregar su vivienda y ahora tienen que comerse sus palabras porque Europa nos ha puesto la cara roja diciendo que nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria es ilegal, en esos Juzgados en los que un juez no quiere saber nada de la situación que lleva a alguien a entrar en una vivienda de un banco, que no quiere saber nada de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dicho que no puede haber ningún desalojo sin una alternativa habitacional, que no quiere saber nada de la multa que Europa va a interponer a España por realizar desahucios ilegales que no se ajustan a la normativa comunitaria".
"Es más cómodo esperar firmando sentencias en las que se condena a la marginalidad a una familia que trabajar y profundizar un poco más en cada caso. Total, en los Juzgados no somos personas, somos procedimientos que hay que despachar cuanto antes", critica la plataforma.
En su comunicado, la PAH denuncia que el caso de Cristina Cividanes y su familia no es "excepcional" y afirman que situaciones como la suya se dan "todos los días, aunque en campaña electoral nos quieran vender que el problema de la vivienda ya no existe en España". "¿Qué harías tú si estuvieras a punto de ver a tu familia pasar su primera noche en la calle?", concluyen.
