La juez Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas, ha explicado este miércoles una de sus propuestas para luchar contra la "precarización" del empleo. Se trata de incluir nuevos requisitos para otorgar a los hoteles las "cinco estrellas" o un "sello de calidad", que consisten en "no fijarse sólo en cuántas piscinas tiene o si tiene Spa", sino en fijarse también "en qué calidad de personal tiene, si respeta los derechos laborales". Con esta medida pretende combatir "precariedades inasumibles" en el sector turístico. Rosell aboga además por derogar la reforma laboral para "recuperar derechos" y se muestra a favor de establecer una "renta básica" que complemente salarios que "no son dignos".
"Hay islas como Lanzarote que llaman la atención: tienen una calidad y un lleno turístico impresionante, de manera sostenida, y sin embargo esto no repercute en el empleo. Se están llevando a cabo todos estos servicios sin más derechos laborales, sin más personal o incluso con menos", ha explicado Rosell en Radio Lanzaorte-Onda Cero. La magistrada defiende así que "igual que se puede ser sostenible ecológicamente, y ojalá lo fuéramos todos, también puedes ser sostenible en derechos laborales". Para la candidata de Podemos, "en esto sería muy importante que fuera la propia administración la que no aparta la vista ante mujeres que están haciendo habitaciones a un euro la cama, que parece mentira pero está siendo así, u otras precariedades inasumibles". "Deberían ser los primeros que en lugar de hacer la vista gorda se fijaran en esto".
Sobre la reforma laboral, la aspirante a diputada recalca que tener un empleo ya "no es garantía de estar fuera de los factores de exclusión social", ya que esa modificación de la legislación laboral ha sido "precarizadora de las condiciones". "Hay que derogarla y recuperar todos esos derechos, incluso reforzarlos en la Constitución", defiende.
En línea con esa dignificación del empleo, la juez se ha mostrado a favor de la renta básica garantizada que propone Podemos a nivel nacional. Esa medida supone "complementar" un salario que "no nos parece digno", de hasta 700 euros, ha explicado, hasta "unos 900". "Yo creo que no es disuasoria para la búsqueda de empleo, no como otras medidas", ha argumentado Rosell, que no considera que ese complemento suponga que "tú dejes de buscar ese empleo que te da los 700". "Sí quiere decir que el estado a través de las empresas o por medidas directas tiene que garantizar una mejor percepción salarial", apostilla.
"La ley de transparencia se ha quedado corta"
Rosell se ha pronunciado además sobre los sueldos de los cargos públicos. En este sentido, ve una medida "extraordinariamente ética" que Podemos vincule los sueldos de sus cargos al salario mínimo. "Si quieres que suba tu propio salario, tienes que tirar hacia arriba el salario mínimo de los ciudadanos a los que representas", argumenta, afeando que actualmente haya "dietas que van aparte y prebendas que van aparte y no computan cuando hablamos de salarios publicados en boletines".
En esa misma línea, considera que "la ley de transparencia se ha quedado muy corta". "Los medios tendrían que estar tocando con un clic en cada página de cada institución que se sostenga con dinero público y viendo perfectamente cuáles son los contratos, a quién se le han adjudicado".
Refugiados: "No es solidaridad, son derechos y deberes de los estados"
Rosell también tiene propuestas relativas a la inmigración y el asilo a refugiados y apuesta tanto en un caso como en otro por "medidas alternativas", incidiendo en que éstas existen y "no quieren decir ni papeles para todos ni que se queden todos". Partidaria del cierre de los CIE, empezando por el de Las Palmas de Gran Canaria ("De una isla no puedes salir sin documentación. Son personas que no se van a marchar de aquí, no van a llegar nada lejos", argumenta), la candidata aboga por implantar medidas como que los inmigrantes que podrían hacer frente a una expulsión tengan a un ciudadano "encargado", que los "acompañe" si llega el caso de que tengan que subirse en un avión y regresar a su país. Mientras, podrían, explica, "disfrutar de una vida normal, ir a la compra, ver a su entorno".
"No podemos asumir con esa tranquilidad privar de libertad a gente que no ha cometido ningún delito, que ha incurrido en un ilícito administrativo de estar sin papeles o sin los papeles en regla", señala sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros, defendiendo que existen "medidas mucho más amables y respetuosas con los derechos humanos".
En lo referente al drama de los refugiados, Rosell defiende las medidas "en origen", como poner "corredores humanitarios", dar "salvoconductos" o extender "visados en los consulados". "Como estado, no podemos decir que combatimos las mafias y dejar a esta gente en manos de las mismas mafias que decimos combatir", incide. Recuerda además que Europa fue "cuna de los derechos" y también "fuimos refugiados" y ahora, sin embargo, "cuando toca estar a la altura, la ciudadanía lo está, pero los gobernantes no".
"No puede ser. No es una cuestión de solidaridad, son derechos y son deberes de los estados. Y no los estamos cumpliendo. Creemos que esas medidas en origen, tanto la documentación en origen como la tramitación en consulados, que para eso están porque son un cachito de tu Estado en otro país, son básicas para proteger los derechos".
