Siete meses después de que CC aprobara en minoría la modificación del Plan Especial de La Geria en el Consejo de Gobierno del Cabildo, y seis después de que el propio grupo de gobierno tuviera que "invalidar" ese acuerdo, el trámite para aprobar el documento ha vuelto a ponerse en marcha. Inicialmente, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reconoció que habían cometido un "error" en la aprobación llevada a cabo en diciembre de 2015, ya que antes tenían que haber sometido a exposición pública la memoria ambiental.
El Cabildo volvió entonces a aprobar una nueva ´hoja de ruta´ en el Consejo de Gobierno, el 27 de enero, y después se dirigió al Gobierno de Canarias para sacar adelante esa evaluación ambiental, pero la respuesta que encontró es que también había "deficiencias" que debían corregirse antes. Ahora, tras haberse realizado subsanaciones en el documento, el Ejecutivo ha iniciado el expediente, pero éste es solo el principio del proceso para aprobar esta modificación, que tiene como principal objetivo aumentar la edificabilidad y altura permitida en las bodegas de La Geria.
Y es que los trámites habrán de regresar nuevamente al Cabildo. Una vez se publique en el Boletín Oficial de Canarias y se cumpla el plazo de exposición pública de la parte ambiental, la Consejería regional elaborará un informe sobre ese estudio ambiental y, después, el equipo redactor deberá elaborar un estudio ambiental estratégico que habrá de integrarse a la modificación. Ya con este documento, el Cabildo deberá someter esta modificación al completo a una segunda exposición pública.
Una vez pasado ese trámite, se elaborará una propuesta final de esta modificación del Plan Especial, que se someterá nuevamente al análisis ambiental de la Consejería. Finalmente, deberá llevarse al Pleno del Cabildo para su aprobación definitiva. Sin embargo, hasta que ese momento llegue pasará más de un año. "Estamos en una fase muy inicial, embrionaria en cuanto a su tramitación", ha indicado a La Voz el consejero de Política Territorial del Cabildo, el socialista Marcos Bergaz.
Cuatro deficiencias en la propuesta
Concretamente, la Consejería regional requirió al Cabildo que subsanara cuatro deficiencias técnicas halladas en la propuesta que remitió la Corporación Insular. La primera de ellas hace referencia a la falta de alternativas "técnica y ambientalmente viables" a la modificación que proponía la institución. Y es que el Cabildo tenía la obligación de presentar una serie de posibilidades distintas acerca de los aspectos que quería regular y argumentar por qué se decantó por su propuesta final.
Otras "deficiencias" advertidas por el área de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario eran que el Cabildo no había ahondado en el desarrollo o recorrido que esa modificación tendría en un futuro y en su incidencia en los planes territoriales y sectoriales, es decir, su encaje con el resto de normas que regulan el territorio. Por último, el Gobierno de Canarias solicitaba al Cabildo que detallara quiénes eran los autores del documento, con sus nombres y apellidos y especialmente con sus titulaciones y preparación técnica.
Un plan recurrido y una modificación tumbada 4 veces en Pleno
Cabe recordar que el Plan Especial de la Geria se encuentra recurrido en los tribunales, entre otros por el Ayuntamiento de Tinajo, gobernado por CC. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que esas sentencias lleguen antes de que se complete la aprobación de la modificación. En caso de que los tribunales anularan el documento, dejaría de tener sentido su modificación.
Esta modificación del Plan de La Geria fue hasta en cuatro ocasiones a Pleno y en todas ellas fue rechazada por la oposición. En las tres primeras, ni siquiera se aportó un informe jurídico de un funcionario de la Corporación, pese a que después el secretario confirmó que era obligado para poder aprobarla. En el último intento, San Ginés volvió a aportar el único dictamen que ya existía (y que no era válido por haber sido elaborado por un cargo de designación política), aunque esta vez con la firma añadida de la jurista Eugenia Torres. Además, entregó un breve informe técnico, redactado por una funcionaria que en ese momento estaba en prácticas en la institución, Mercedes Fuentes Perdomo.
