El Ayuntamiento de Teguise y la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias han rechazado las críticas del Defensor del Pueblo, que anunció que iba a llevar a ambas administraciones a Fiscalía por considerar que han incurrido en un delito de desobediencia al no contestar "reiteradamente a las peticiones de información". Desde Teguise creen que el Defensor del Pueblo ha cometido un "error", puesto que aseguran que "no hay ningún expediente pendiente de contestar". Por su parte, la consejera del Gobierno canario, Inés Rojas, ha asegurado que su departamento contestó a más de 100 preguntas, pero dos de las respuestas "parece que no resultaron satisfactorias".
Desde ambas instituciones se han mostrado muy sorprendidos por haberse enterado de este informe del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2013, a través de los medios de comunicación. "Se agradecería que este tipo de cosas en lugar de comunicárselo a los medios de comunicación, llamaran a la administración", ha reclamado el concejal de Teguise, Echedey Eugenio.
Según ha asegurado, este Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación "oficial" del Defensor del Pueblo sobre este asunto y tampoco de Fiscalía. El secretario municipal trató de ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo para conocer por qué había incluido a Teguise en este informe, donde no se especifica qué tipo de información solicitó a este Ayuntamiento, pero "le pasaron con el gabinete de prensa y aún no tiene información".
Por ello, el concejal no sabe si se trata de "un error o de un expediente viejo" del que el grupo de gobierno no tiene conocimiento. "Sí ha habido expedientes que el Defensor del Pueblo nos ha pedido alguna copia de algún informe, pero todo eso se ha cursado", ha defendido Eugenio.
Dos respuestas "no satisfactorias"
En cuanto a la parte del informe que afecta a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, la consejera Inés Rojas ha asegurado que el Defensor del Pueblo realizó más de 100 preguntas y "todas ellas fueron contestadas", pero dos respuestas "no le resultaron satisfactorias". Por ello, la consejera ya ha dado la orden de contestar de nuevo a esas dos preguntas.
Ante esta situación, la consejera se ha mostrado "sorprendida", porque "parece que se llevaba a Fiscalía la gestión del departamento o que desde el área se entorpecía la labor del Defensor del Pueblo", cuando "se han contestado más de 100 preguntas pero dos de las respuestas son reiterativas". Rojas ha admitido que en un primer momento pensó que dos preguntas no habían sido contestadas, pero posteriormente comprobó que sí, aunque no le resultaran válidas a este organismo.
