El empresario lanzaroteño Oliver Rodríguez Santos, conocido también como piloto de rallys, tiene pendiente un nuevo juicio a sus espaldas, que debía comenzar a celebrarse el pasado lunes pero que se suspendió por segunda vez y se ha fijado ahora para marzo. Rodríguez tiene ya varias condenas por distintos delitos y ahora debe responder por dos más: uno contra la ordenación del territorio, en concurso con otro de daños contra el patrimonio histórico, y uno más de hurto de bienes de valor histórico. Los dos delitos se cometieron presuntamente en un inmueble protegido, conocido como la "Casa de los Carrasco", ubicado en el municipio de San Bartolomé.
La Fiscalía pide en total 5 años de prisión, así como una multa de 9.000 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, reclama que Oliver Rodríguez indemnice a la familia Carrasco Cabrera, dueña del inmueble que sufrió los daños, con un millón de euros, que es la cantidad en la que se han valorado los "destrozos" causados; y con 11.440 euros más por distintos efectos que presuntamente sustrajo de la casa y que no han podido ser recuperados.
Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre finales de 2004 y principios de 2007, cuando a través de la empresa de la que es administrador, Lanzaroveli SL, Rodríguez llevó a cabo "obras de transformación" en la finca donde se encuentra este edificio protegido, que está incluido en el Catalogo Arquitectónico municipal de San Bartolomé. Al parecer, el acusado había mantenido negociaciones con los dueños del inmueble para adquirirlo, pero no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, inició obras supuestamente sin permiso de los propietarios.
"Gravísimos e irreversibles daños"
Entre otras cosas, con esas obras se eliminaron "ejemplares vegetales centenarios", se remozó el empedrado cercano a la cancela de entrada, se levantaron sillares y bloques de piedra basáltica labrada, se levantaron cantos y se demolió la "galería perimetral de arcos de medio punto, muros, techos y aljibes", así como dos aljibes interiores y otras ocho dependencias como cuadras, cuartos, corrales, garaje y gallinero. Todo ello, sumado a la construcción de nuevos muros, causó "gravísimos e irreversibles daños" en este bien histórico, según la Fiscalía.
Además, "con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito y sin consentimiento de la familia Carrasco Cabrera", Oliver Rodríguez "procedió después a expoliar sillares de piedra basáltica y todo el material constructivo obtenido tras las correspondientes demoliciones". Según el escrito de acusación, Rodríguez se llevó incluso diverso mobiliario y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda. De esos enseres solo se ha podido recuperar un cuadro, mientras que los demás, tasados pericialmente en 11.440 euros, no han aparecido. En cuanto a los materiales presuntamente hurtados, "cuyo valor económico resulta pericialmente incalculable", fueron localizados después por el Seprona.
"Todas las obras y destrozos anteriores los llevó a cabo el acusado con grave desprecio por la ordenación territorial y el patrimonio histórico y cultural del municipio y de sus propietarios, careciendo de los correspondientes títulos habilitantes para ello, por cuanto no disponía de autorización por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, ni de calificación territorial ni licencia municipal de obra", sostiene el escrito de acusación del fiscal. Además, subraya que tampoco podría haber obtenido esos permisos, ya que el suelo donde se encuentra ese inmueble está clasificado tanto en el planeamiento de San Bartolomé como en el Plan Insular como "suelo rústico de protección, de valor natural ecológico, el Jable". A esto, añade que el catálogo arquitectónico municipal otorga al inmueble "una protección integral, debiendo conservarse todos sus rasgos arquitectónicos, funcionales y tipológicos".
San Ginés, entre los testigos y sin identificación
Inicialmente, la celebración de este juicio, a cargo del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, estaba prevista para el pasado mes de julio, pero se suspendió por la renuncia del abogado de Oliver Rodríguez, que cambió de defensa. La siguiente fecha se fijó para el pasado lunes, pero esta vez fue la ausencia de un perito y de un testigo la que obligó a posponer la celebración de la vista.
En total, al juicio están citadas 13 personas entre peritos y testigos. En la causa está personado como acusación el Cabildo, por los daños causados al patrimonio, por lo que un representante de la institución debía declarar como testigo. Quien acudió a la vista en nombre del Cabildo fue el presidente, Pedro San Ginés, que no había llevado su DNI.
Tras acordarse la suspensión del juicio por segunda vez, tuvo lugar una anécdota en la sala de la mano de ese olvido, cuando la juez llamó a todos los testigos para convocarles para una nueva fecha. "¿Quién es el que viene sin documento?", preguntó la juez Deborah Fátima Ruiz Molina, al ver que faltaba el DNI de un testigo. En ese momento se acercó Pedro San Ginés, que fue reprendido por la juez. "Pues a un Juzgado hay que venir identificado, porque yo no le conozco. Y si le conociera, tampoco valdría, porque si viene usted como acusación tiene que venir identificado con más razón", le reprochó la juez ante todo el resto de testigos, entre los que se encontraban técnicos del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé y agentes de la Policía Local y del Seprona de la Guardia Civil, entre otros.
Doce condenas firmes a sus espaldas
Este juicio, fijado ahora para los próximos 14 y 15 de marzo, se suma a una larga lista de condenas que ya tiene Óliver Rodríguez a sus espaldas. En total, el empresario y piloto de rallys ha sido condenado ya en 12 ocasiones con sentencias firmes.
La primera condena se produjo en el año 2008, por un delito de falsedad documental. Después, volvió a ser condenado en otras tres ocasiones (en 2009, 2011 y 2013) por ese mismo delito. Además, entre 2010 y 2011 sumó otras siete sentencias condenatorias. Dos fueron por hurto, una por conducción bajo los efectos del alcohol, otra por apropiación indebida, una más por coacciones, otra por alzamiento de bienes y una por un delito de daños.
La última condena llegó en el año 2013, por un delito de estafa. Tras pasar varios años en prisión, Óliver Rodríguez se encuentra ahora en régimen de semilibertad, con el tercer grado penitenciario. Ahora, el próximo mes de marzo volverá a sentarse en el banquillo, con una petición de 5 años de cárcel.
