15/nov./2019

LA JUEZ HA ORDENADO EL CIERRE, QUE YA SE HA HECHO EFECTIVO

Stratvs, precintada por orden judicial

En su auto ordenando el cierre, la juez subraya que "debe primar la protección del medio ambiente, el orden social y la evitación de la continuidad delictiva, sobre un lucro que hasta el momento, ha revertido exclusivamente en la empresa explotadora”...

Stratvs, precintada por orden judicial

FOTOS: Sergio Betancort

 

Dos horas y media después de que los agentes del Seprona llegaran este viernes a la bodega Stratvs, todas las dependencias han quedado precintadas, cumpliendo así el auto dictado por la juez del Juzgado Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, que ha acordado “la clausura total del complejo Stratvs y la suspensión de cualquier tipo de actividad dentro del mismo”.

Los agentes han dejado tiempo a la propiedad para que sacara la mercancía y distinto material de la tienda y el bar, incluyendo cajas registradoras y neveras. Varios camiones de distintas empresas de Juan Francisco Rosa se han acercado hasta la bodega y han ido llevándose las cajas, ya que desde este viernes, no se podrá volver a acceder a la instalación.

Cuando han terminado de sacar todo, los agentes han ido precintando cada uno de los locales, hasta poner finalmente un último precinto en la barrera principal de acceso. En su auto, la juez advierte de que el incumplimiento de esta resolución “pudiera ser constitutivo de delito de quebrantamiento de medida cautelar y/o desobediencia a la autoridad judicial”.

En cuanto a la duración de esta medida, señala que se mantendrá mientras dure la instrucción y hasta que la causa llegue a juicio, aunque por un periodo máximo de 5 años.

 

El “lucro”, “exclusivamente de la empresa”


En su auto, que consta de 19 folios, la juez argumenta los motivos que le han llevado a adoptar esta medida cautelar, que fue solicitada por una de las partes personadas en la causa. Concretamente, fue un integrante de la familia Negrín quien solicitó el cierre de la bodega, tras denunciar un presunto delito de usurpación de bien inmueble, ya que es propietario de una parte de la finca donde se levantó esta instalación.

A su solicitud de cierre se sumaron durante la comparecencia el Ministerio Fiscal, la acusación popular (representada por la Asociación Transparencia Urbanística), e incluso uno de los imputados en la causa, que es técnico del Cabildo y está representado por el abogado de la Corporación insular.

Dos días después de celebrarse esa comparecencia, la juez ha emitido un auto en el que acuerda la media cautelar y desestima los argumentos esgrimidos por el abogado de Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero. “Permitir la continuación de la actividad amparando la medida en motivos económicos, lucrativos y/o turísticos no resulta razonable, habida cuenta de que ponderando los intereses en juego, debe primar en todo caso, la protección del medio ambiente, el orden social y la evitación de la continuidad delictiva, sobre un lucro que hasta el momento, ha revertido exclusivamente en la empresa explotadora”, sostiene la juez en su resolución.

 

"La persona que jugó con fuego"


En la misma línea se manifestó el fiscal, Ignacio Stampa, durante la vista, en la que afirmó que “si se acuerda el cierre de la bodega, la Justicia no va a ser la responsable del desempleo de las personas que trabajan en la misma, sino la persona que jugó con fuego”.

En su intervención, de la que la juez reproduce varias partes en su auto, la Fiscalía detalló el “cúmulo de ilegalidades” que ha rodeado a esta instalación. “La realidad supera la ficción, en el sentido de que es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años”, señaló el fiscal, afirmando que esta instalación es un “desafío a la Administración de Justicia”.

Un desafío que “se sigue manteniendo a día de hoy, y con publicidad, porque ninguna de las actividades que se están desarrollando en la bodega y que están previstas, ninguna de ellas, está autorizada”, agregó la Fiscalía el miércoles, dos días antes de que finalmente se haya hecho efectivo el cierre.

 

"Stratvs funciona en ejercicio de una actividad delictiva"


En su auto, la juez señala que existen “indicios racionales de criminalidad” y de que “Stratvs funciona en ejercicio de una actividad delictiva, cuya actividad es carente de cualquier tipo de autorización, careciendo de actividad y control alguno desde el punto de vista administrativo y sanitario”. Respecto a esto último, el auto hace especial hincapié en los presuntos vertidos ilegales de aguas residuales y la consecuente contaminación, sobre la que alertan varios informes.

Sin embargo, aunque el presunto delito contra el Medio Ambiente ha jugado un papel importante en esta decisión, la juez enumera muchos más. Por un lado, recuerda que lo que se solicitó en su día fue permiso para rehabilitar una casa y construir un almacén de 900 metros cuadrados, y lo que se terminó haciendo fue demoler la vivienda y construir una edificación más grande destinada a tienda, cafetería y sala de degustación; así como construir un restaurante subterráneo,  cocinas, terraza y aseos; otra terraza superior de unos 570 metros cuadrados, muros de contención y aterrazamientos de cientos de metros de extensión y diferentes alturas; almacenes, lavandería, zonas de descanso del personal, salas de reuniones, aparcamiento y pavimentación de rampas y, sobre todo, una bodega industrial de unos 2.500 metros cuadrados. Y  todo ello sin licencia, y con un permiso sólo para un almacén de 900 metros, que además ni siquiera se podía haber autorizado, según la investigación.

Además, la juez señala que existen “indicios de delito no sólo de usurpación” a la familia Negrín, “sino también de estafa y falsedad”. Al respecto, “a modo ejemplificativo y sin ánimo de ser exhaustivos”, señala la juez, “podemos citar la reiterada simulación de la identidad real del promotor, la falseada aportación de los datos de la parcela catastral, las certificaciones de obras conforme a proyecto en contra de la realidad, los cambios en las titularidades catastrales, la fraudulenta alteración de los linderos, la reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella cuando no se ajusta a la realidad, y otras cuyo torticero proceder apuntan que habría plena conciencia de que las obras y las actividades eran y son incompatibles con el suelo afectado”.

Incluso, según sostiene la juez, “se ha venido pretendiendo crear la apariencia de que Rosa Marrero, a través de sus empresas, es propietario del suelo en el que llevó a cabo la construcción, circunstancia que es particularmente relevante en el presente caso, no sólo porque existen titulares legítimos que se han personado como perjudicados, sino porque (Juan Francisco Rosa) no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral” en la que se asienta la bodega.

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