¿Cómo pudo levantarse un macromplejo de 12.000 metros cuadrados en una de las zonas más protegidas de Lanzarote y a la vista de todos, cuando sólo tenía licencia para rehabilitar una casa y construir un almacén de 900 metros? Ése es uno de los interrogantes que abre el caso Stratvs, tras conocerse todos los detalles que rodearon a la construcción de esa bodega y de todas sus instalaciones anexas, que nada tienen que ver con lo que se había autorizado (y que también era ilegal según la instrucción de la causa). ¿No vieron nada las administraciones mientras el supuesto almacén de 900 metros se convertía en un proyecto "faraónico", tal como lo define la Fiscalía, con una bodega industrial, un restaurante, una tienda, terrazas pavimentadas, cocina, baños y todas las instalaciones que completan el macrocomplejo?
Según el sumario de la causa, la respuesta es sí. De hecho, Stratvs se enfrentó a varios expedientes, que incluían sanciones económicas y hasta el precinto de las distintas obras realizadas desde 2003 y hasta finales de 2012, sin estar amparadas por ningún tipo de permiso. Sin embargo, ni las sanciones ni los precintos llegaron a ejecutarse o a tener consecuencias. Ahora, el escrito de acusación que ya ha elevado la Fiscalía de Medio Ambiente en esta causa, firmado por el fiscal Ignacio Stampa, permite conocer al menos algunos de esos expedientes y qué sucedió con ellos.
- Orden de suspensión de las obras en el año 2003
Poco después de iniciarse las obras, Stratvs se enfrentó a su primer expediente. El entonces alcalde, José Francisco Reyes, había concedido una licencia de obras en 1999 (pese a tener informes técnicos negativos), pero los trabajos no empezaron hasta el año 2003, cuando ese permiso ya estaba caducado y por tanto no tenía validez. Además, ni siquiera se había presentado el proyecto de ejecución, obligado para iniciar los trabajos. Cuando los técnicos advirtieron de ello, se abrió un expediente municipal y el 10 de abril de 2003 se firmó un decreto ordenando suspender las obras.
Sin embargo, no consta que los trabajos llegaran efectivamente a pararse. Finalmente, casi dos meses después se presentó el proyecto de ejecución, "sin que por técnico alguno de la Corporación se emitiera informe alguno, sin que se autorizara, y sin que las obras inspeccionadas se ajustaran tampoco a dicho proyecto", según subraya la Fiscalía. Dos años después, cuando las obras estaban más que avanzadas, Reyes autorizó una prórroga de la primera licencia concedida en 1999, dando así una supuesta cobertura a los trabajos que se venían realizando. En ese momento, ya era evidente que lo construido nada tenía que ver con lo que autorizaba esa licencia, que era un almacén de 900 metros cuadrados.
- Precinto de las obras del aparcamiento, cuando ya habían terminado
Aunque no consta que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias actuara con las obras ilegales de la bodega, el restaurante y el resto de anexos, sí lo hizo con las relativas al aparcamiento. Esa obra se ejecutó entre los años 2007 y 2008, rellenando una zona "que ocupa una superficie de unos 1.500 metros cuadrados".
Según la Fiscalía, "la obra carecía de cualquier título que la amparase y, además, invadía terrenos de dominio público y zona de servidumbre y afección a la carretera insular LZ-30 (Teguise-Uga)". En ese momento, la Apmun abrió un expediente por infracción urbanística y el 7 de octubre de 2008, el director ejecutivo de esta Agencia firmó una resolución acordando la suspensión y el precinto de los trabajos. Ese precinto, según subraya el escrito del fiscal, se llevó a cabo más de cinco meses después, cuando la obra "ya estaba concluida". El aparcamiento estuvo utilizándose hasta que la juez Silvia Muñoz decretó el cierre cautelar de toda las instalaciones en diciembre de 2013.
- Ordenaron una inspección que nunca se realizó
En diciembre de 2008, ya bajo la Alcaldía de Gladys Acuña, el Ayuntamiento de Yaiza concedió a Stratvs la licencia de actividad. Para entonces, la bodega ya llevaba funcionando más de un año e incluso a mediados de 2008 se había celebrado un acto de inauguración "con premeditada notoriedad pública", tal como subraya la Fiscalía. Al evento acudieron destacados cargos públicos de todas las administraciones.
Al conceder esa licencia autorizando su apertura, el Ayuntamiento estableció la "ficticia y superflua condición, entre otras, de que no podía iniciarse la actividad sin que antes se girase visita de inspección por los técnicos competentes". Según el fiscal, tanto la alcaldesa como los ediles que participaron en la Junta de Gobierno en la que se aprobó esa licencia "conocían que la bodega había sido inaugurada meses atrás y que estaba en funcionamiento de forma indebida".
Además, no hicieron que se cumpliera la orden de realizar una inspección, pese a que ellos mismos condicionaron la validez de la licencia a la realización de esa visita. Con la inspección, se debía comprobar "la adecuación del local al proyecto presentado". De haberla realizado, se hubiera constado algo que en realidad resulta evidente, y es que lo construido no es un almacén de 900 metros, sino un macrocomplejo que incluye no sólo una bodega industrial, sino también un restaurante, una tienda, terrazas pavimentadas y otros anexos.
- Expediente de la Apmun cuatro años después de inaugurarse Stratvs
Casi una década después de iniciarse las obras y cuatro años después de la inauguración oficial de Stratvs ( "con premeditada notoriedad pública"), la Apmun abrió un expediente por infracción urbanística en la construcción de este macrocomplejo. En ese momento ya estaba en marcha la causa penal abierta por estas obras, en la que habían sido imputados técnicos del Gobierno de Canarias, además del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Yaiza.
El expediente de la Apmun se abrió en el año 2012, pero no llegó a concluirse. En octubre de 2013, el director ejecutivo de la Agencia acordó la "suspensión del ejercicio de la potestad sancionadora" por la "prevalencia penal", derivada precisamente de la instrucción del caso Stratvs.
- Rosa negó la entrada a la bodega a los técnicos inspectores y la policía
Días después de declarar como imputada en el caso Stratvs por la concesión de la licencia de actividad, y de que la juez le preguntara si iba a adoptar medidas, Gladys Acuña ordenó realizar una inspección a la bodega. Así, el 18 de julio de 2013, técnicos de Yaiza y agentes de la Policía Local acudieron a la bodega para realizar esa inspección. Sin embargo, según relata la Fiscalía, "Juan Francisco Rosa negó vía telefónica la entrada a las instalaciones de la bodega a dichos funcionarios". El fiscal cuestiona que "lejos de ejercer sus competencias y cumplir con el principio de autoridad del que estaban investidos", los funcionarios "hicieron prevalecer el interés particular de Rosa Marrero en lugar de velar por el interés general, tal y como venían obligados, emitiendo un informe meramente provisional e incompleto fechado ese mismo día".
Al día siguiente, la Junta de Gobierno "evitó" adoptar una decisión sobre la bodega, cuya inspección había sido impedida por Rosa. Según el fiscal, la alcaldesa y los ediles se ciñeron "arbitrariamente al restaurante", abriendo un expediente sancionador y proponiendo su clausura. La medida aún tardó meses en ejecutarse, ya que se dio audiencia a la propiedad para que presentara alegaciones.
- Precinto parcial ordenado por el Ayuntamiento
El 25 de julio de 2013, la alcaldesa ordenó "continuar de forma inmediata con la inspección" de Stratvs. Tras realizar la visita, el 8 de agosto se emitió un informe técnico que advertía de que la obra ejecutada no se correspondía con la licencia concedida, entre otra larga lista de irregularidades. Entre ellas, que ni siquiera constaba la solicitud de puesta en funcionamiento de la actividad de la bodega.
Ese informe, según la Fiscalía, "silenció deliberada y conscientemente" otras graves irregularidades, incluyendo que la bodega "carecía de título habilitante alguno", ya que ni su ubicación ni sus dimensiones coincidían con el proyecto que se había presentado en su día, y también que lo construido "no tenía encaje legal". El informe sí volvía a proponer el cierre del restaurante, por una "infracción muy grave", ya que en este caso no había ni proyecto de obras, ni licencia de obras, ni solicitud de licencia de actividad.
Finalmente, el 8 de agosto 2013 la Junta de Gobierno desestimó las alegaciones BTL y confirmó la clausura del restaurante, proponiendo la apertura de un expediente sancionador sobre el resto de actividades "detectadas en la inspección". El decreto acordando el precinto del restaurante no se ejecutó hasta casi un mes después, concretamente el 6 de septiembre de 2013.
- Dos decretos acordando el cierre total que tampoco se ejecutaron
El 11 de octubre de 2013 se realizó un nuevo informe técnico municipal, que concluía que todas las edificaciones construidas sin licencia en el macrocomplejo Stratvs eran incompatibles con el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote.
Ese mismo día se firmaron dos decretos incoando expedientes sancionadores por la bodega y la tienda con zona de degustación, acordándose con carácter provisional el cese de dichas actividades. Sin embargo, según la Fiscalía, "deliberadamente" no se adoptó "medida alguna tendente a hacer efectivas dichas medidas cautelares". Finalmente, en diciembre de ese año, fue la juez instructora de esta causa la que ordenó el cierre cautelar de todas las instalaciones. En su auto, que fue después respaldado por la Audiencia Provincial, la juez reprochaba a todas las administraciones implicadas su "alarmante inactividad" con Stratvs.
- Dos multas aún sin pagar por la destrucción de socos
La primera actuación que consta del Cabildo no es por la construcción de la bodega en sí, sino por obras posteriores que se hicieron a finales de 2012 y que, entre otras cosas, supusieron la destrucción de diez socos de La Geria. La empresa dueña de Stratvs había pedido permiso para trasplantar siete palmeras pero, al igual que sucediera con la construcción del macrocomplejo, lo que hizo fue mucho más allá y, además, no cumplió los condicionantes que establecía la autorización que recibió de Patrimonio Histórico del Cabildo.
La resolución establecía que sólo podían plantarse tres palmeras y que en ningún caso debían destruirse los socos de parra ubicados en esa parcela, "dado su valor histórico y paisajístico". Sin embargo, no sólo se destruyeron diez socos, sino que, además de trasplantar las palmeras, se llevaron a cabo otras obras sin autorización, "consistentes en la construcción de una cueva de piedra y un molino de viento a base de rocas, una canalización o cascada para agua finalizada con hormigón, así como la instalación de postes para la colocación de focos de iluminación y apertura de pista para facilitar el recorrido de visitantes, todo ello con el fin de instalar con carácter fijo y anualmente la representación de un nacimiento navideño" y "una maqueta representativa del paisaje con aldea típica lanzaroteña". En total, se vio afectada una superficie de 970 metros cuadrados, que se rellenó con arena roja procedente de otro lugar.
El Cabildo abrió un expediente sancionador por estos hechos el 18 de enero de 2013 y en julio de ese año se adoptó una resolución sancionando a la empresa con una multa de 12.000 euros por la comisión de una infracción grave, por incumplir las condiciones de la autorización de Patrimonio, y con otra multa de 2.000 euros por la comisión de una falta "leve", por la destrucción de socos de parra. Además, se ordenaba que fueran restituidos los diez socos.
La resolución fue notificada al día siguiente de dictarla a Juan Francisco Rosa, que el 23 de julio de 2013 presentó un recurso de reposición. Desde entonces, "no se ha dictado resolución que resuelva" ese recurso, "ni se ha procedido por BTL Lanzarote a restituir el patrimonio histórico insular dañado a su estado primitivo", subraya el fiscal.
- Otro precinto de la Apmun de obras ya terminadas
La destrucción de los socos también dio lugar a un expediente por parte de la Apmun, que el 18 de febrero de 2013 acordó la suspensión de esas obras y el precinto. La resolución fue notificada a Stratvs el 5 de marzo de 2013 y el precinto no se ejecutó materialmente hasta casi un mes después, concretamente el 2 de abril de 2013. En ese momento, según subraya la Fiscalía, "ya se había concluido la construcción" e "incluso se habían desmontado para esa fecha los motivos navideños de ese año", aunque se mantuvo "fija la instalación".
Unos meses después, en octubre de 2013, el director ejecutivo de la Apmun acordó "suspender el ejercicio de la potestad sancionadora" en este expediente "por prevalencia penal", dejando así que las responsabilidades se depuraran en el marco del caso Stratvs.
