Somos Lanzarote ha acusado al grupo de gobierno de Arrecife de "haber llevado a cabo una defensa jurídica del Ayuntamiento en el caso Montecarlo contraria a los intereses del pueblo de Arrecife". La formación responde así al "inmovilismo" del Consistorio para ejercer la acusación y a la renuncia del abogado municipal cuando se había cumplido el plazo para ejercer la acusación.
El caso Montecarlo, dividido en cuatro pieza y tres de ellas centradas en el Ayuntamiento de Arrecife, tiene alrededor de veinte acusados por delitos de malversación de fondos del Consistorio capitalino, entre los que se encuentra el exalcalde socialista José Montelongo.
"La defensa judicial del Ayuntamiento de Arrecife en el caso Montecarlo ha sido un desastre interesado, con la aparente intención de dilatar la causa, torpedear el proceso, y beneficiar a los procesados. Tras la acusación de la Fiscalía en mayo de 2016 el Ayuntamiento de Arrecife no ha realizado una sola acción judicial. Ahora, con el plazo para ejercer la acusación cumplido, llega la renuncia del abogado y para nosotros, evidencia el objetivo de anular la defensa con garantías de los intereses municipales. Pediremos la comparecencia urgente de la alcaldesa de Arrecife y exigiremos responsabilidades políticas, la defensa judicial del Ayuntamiento es un escándalo", afirma Borja Rubio.
"El tiempo nos vuelve a dar la razón"
Durante la instrucción, mientras Montelongo era aún alcalde de Arrecife, la Fiscalía comparó la actitud del Ayuntamiento en el proceso judicial con la del Partido Popular en el Caso Gurtel. A raíz de ésas y otras advertencias del Ministerio Público, Somos Lanzarote pidió en mayo de 2016 que el Ayuntamiento cambiara de letrado, por encontrar "dudas razonables" sobre el desempeño de su labor en el procedimiento, en el que el Consistorio está personado como acusación particular.
A juicio de la organización, el tiempo les da la razón, y afirman que, ahora, "con el plazo de la acusación cumplido, y con escaso tiempo para conocer a fondo la causa el nuevo letrado municipal, se ponen en riesgo como mínimo los 1.2 millones de euros en concepto de indemnización que debería reclamar el Consistorio".
"Como hizo la Fiscalía, advertimos públicamente, y también en el pleno municipal, que era necesario reemplazar la defensa jurídica municipal, o se podría perjudicar de forma flagrante la causa para el Ayuntamiento. El tiempo nos da la razón, el abogado se retira sin tiempo material para estudiar pormenorizadamente la causa por el sustituto, y se pone en riesgo la acusación del Ayuntamiento en el caso Montecarlo. Desde nuestro punto de vista se está torpedeando que el pueblo de Arrecife pueda recuperar el dinero robado en concepto indemnización, que alcanza un valor de 1.2 millones de euros", concluye Borja Rubio.
