La sargento jefa del destacamento del Seprona en la isla ha acudido este viernes al Ayuntamiento de Arrecife para reclamar un certificado relativo a la machacadora ilegal que ha venido operando desde hace años junto al puerto de Los Mármoles. "Lo había pedido dos veces a la Oficina Técnica y no le contestaban", han señalado a La Voz desde el Consistorio, que finalmente ha terminado entregando esta certificación.
Para ello el Seprona ha tenido que acudir directamente al despacho de la alcaldesa, Eva de Anta, que en ese momento se encontraba en una reunión. Al respecto, desde su gabinete de prensa han restado importancia a este hecho, afirmando que De Anta había sido avisada por la sargento de que iba a subir a su despacho. Según aseguran, el objetivo solo era que "agilizara" el trámite para entregar ese certificado, relativo a la calificación del suelo donde Transportes y Excavaciones Tiagua desarrolla esa actividad.
Tal como informó en su momento La Voz de Lanzarote, la Fiscalía ya ha abierto diligencias para investigar estos hechos, y el pasado 3 de enero remitió un oficio a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, reclamando copias de los expedientes abiertos a la empresa. Y lo hizo a raíz de la denuncia presentada por el concejal Andrés Medina, que llevaba meses advirtiendo de que continuaba la actividad en esa parcela, pese a que no está permitida en ese tipo de suelo y carece de licencia.
La concejal de Infracciones ordenó parar el expediente
De la mano de esos expedientes, en enero de 2016 el Ayuntamiento ordenó la "clausura inmediata" de la "actividad sin licencia" que se estaba desarrollando, "consistente en el depósito de áridos y machacadora de piedra". Sin embargo, los trabajos en esa parcela continuaron y lejos de ejecutar la orden, el Consistorio ordenó después parar el expediente.
Lo hizo la misma edil que había firmado la orden de clausura, la nacionalista Carmen Delgado, como responsable del área de Infracciones. En su primera resolución, advertía de que de no producirse el "cierre del establecimiento de forma voluntaria en un plazo de 72 horas", se procedería "al precinto de la misma por la Policía Local de Arrecife", cosa que nunca ocurrió. En la segunda, fechada seis meses después, comunicaba que el expediente de infracciones quedaría "paralizado" hasta que se realizara una visita a la parcela.
Para ello se basaba en un informe que había realizado la Oficina Técnica, pero que no fue "interpretado correctamente", según advirtió entonces la propia técnico que lo elaboró. De hecho, la funcionaria pidió por escrito a la edil que "reconsiderara" su decisión de paralizar el expediente, ya que "resulta del todo improcedente y supone una seria obstaculización a la resolución del mismo".
Junto con la orden de clausura, también quedó entonces paralizada la propuesta de imponer una multa a la empresa, que los técnicos habían cifrado ya en 15.001 euros, "por la comisión de una infracción administrativa muy grave".
Un permiso vinculado a una obra que terminó hace dos años
Tal como informó La Voz hace más de año, cuando en noviembre de 2015 publicó un primer reportaje sobre esta actividad sin licencia, lo único que tenía la empresa era un permiso para "acopio de materiales" en esa parcela, vinculado a las obras de desdoblamiento de la Circunvalación, al tratarse de una obra de "interés general insular". Pero ese permiso, que se otorgó de forma excepcional, solo permitía almacenar allí materiales procedentes de la obra, mientras duraran los trabajos en la Circunvalación, y en ningún caso autorizaba para extraer materiales de construcción de ese suelo ni utilizar una machacadora.
De hecho, la empresa intentó "legalizar" su actividad, pidiendo la calificación territorial al Ayuntamiento de Arrecife, pero le fue denegada al ser incompatible con el planeamiento, que clasifica ese suelo como rústico de uso agrícola.
Además, aunque las obras de la Circunvalación terminaron hace dos años, la empresa siguió desarrollando después su actividad en esa parcela. Y lo siguió haciendo, según las denuncias vecinales que continuó recibiendo este medio, al menos hasta el pasado mes de noviembre, es decir, hasta un año después de que La Voz publicara ese reportaje.
El Grupo Tiagua, que se constituyó en el año 2000, ha sido adjudicatario en los últimos años de diferentes obras públicas del Cabildo de Lanzarote. Además, forma parte de la UTE Lanzarote Selectiva, a la que se le adjudicó el servicio de recogida selectiva de residuos de envases, papel y cartón en Lanzarote, por 4,2 millones de euros, y también ha sido adjudicataria de varias obras de Canal Gestión Lanzarote.
