La resolución del Gobierno de Canarias decretando la clausura de la desaladora de Montaña Roja, contra la que aún cabe recurso, tiene su origen en un decreto emitido hace poco más de un año por el Consejo Insular de Aguas, presidido por Pedro San Ginés. En ese decreto, fechado el 14 de marzo de 2016, el Consejo revocó la autorización que tenía Club Lanzarote para producir agua para el autoconsumo de esa urbanización, alegando que estaba incumpliendo las condiciones del permiso.
En ese momento, los tribunales ya habían anulado la incautación de esa desaladora ordenada por San Ginés en el año 2014 y también estaba ya en marcha la causa penal en la que está imputado el presidente, precisamente por llevar a cabo esa incautación ilegal y entregar la gestión de la planta a Canal Gestión. Además, se había cerrado también el primer expediente abierto por el Consejo Insular de Aguas a Club Lanzarote, que solo terminó detectando dos infracciones leves y una menos grave y no propuso la incautación, pese a que San Ginés la había ordenado y ejecutado como "medida cautelar".
Entre otras cosas, ese expediente concluyó que Club Lanzarote sí tenía autorización para producir agua, a diferencia de lo que planteó San Ginés al ordenar la incautación. Cinco meses después, lo que hizo el Consejo de Aguas fue firmar un nuevo decreto revocando la autorización, que es el motivo en el que se ha basado ahora el Ejecutivo regional para ordenar la clausura de la desaladora.
Una denuncia "vecinal"
Tres meses y medio después de revocar ese permiso, el 7 de junio de 2016, el Consejo Insular de Aguas afirma que recibió "una denuncia de vecinos de Montaña Roja", por lo que el 4 de julio se realizó una "inspección" en las instalaciones, confirmando que la planta "se encuentra en funcionamiento y operativa".
Al respecto, cabe recordar que la Justicia ya había obligado a San Ginés a devolver a Club Lanzarote la planta, que actualmente sigue siendo la única vía para abastecer agua a los vecinos de Montaña Roja, dado que la red que gestiona Canal Gestión no llega aún hasta esta urbanización. Pese a lo evidente de este hecho, el Consejo señala que en junio de 2016 también visitaron domicilios de vecinos de Montaña Roja y que, "según las manifestaciones" de esos vecinos, quien les presta el servicio de agua es Club Lanzarote.
En base a estas actuaciones impulsadas por el Consejo que preside, Pedro San Ginés acordó abrir un nuevo expediente contra la empresa el pasado 5 de septiembre. Y ahí volvió a acusar a Club Lanzarote de una infracción muy grave, de nuevo alegando que carecía de autorización para producir agua, tras haber anulado él mismo esa autorización. Después, tras concluir ese expediente, dio traslado del mismo al Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias para resolver este tipo de sanciones.
Otros intentos anteriores sin éxito
Cabe recordar que San Ginés ya se había dirigido anteriormente sin éxito al Ejecutivo regional pidiendo medidas contra estas instalaciones, después de ser imputado por la incautación y de que ésta fuera anulada por los tribunales. Sin embargo, en esta ocasión, la propuesta ha prosperado porque él mismo había revocado un año antes la autorización para producir agua en esa desaladora. Así lo señala el decreto emitido el pasado 22 de mayo por el Gobierno de Canarias, que acuerda una sanción a la empresa y decreta la "clausura inmediata" de la instalación.
No obstante, además de que contra esta resolución aún cabe recurso, en ella también se indica que "deberá quedar garantizado el abastecimiento" de agua a los vecinos. Para ello, señala que "se adoptarán por el Consejo Insular de Aguas las medidas oportunas", sin precisar cuáles serán. Y el problema al que volverá a enfrentarse el Consejo es que la urbanización aún no ha sido recepcionada por la administración y por tanto su gestión es aún privada, habiendo impedido ya la Justicia los intentos de intervenir sin autorización en esa zona.
En el decreto del Gobierno de Canarias se hace también referencia a los defectos que hubo que subsanar en ese último expediente abierto por San Ginés, lo que obligó a retrotraer las actuaciones, relativos a la admisión de las pruebas propuestas por Club Lanzarote al presentar sus alegaciones. Además, también se señala que la empresa planteó la posible recusación del presidente, dado que entiende que en sus circunstancias no debería intervenir en este procedimiento, entre otras cosas por estar imputado a raíz de la querella que presentó contra él por haber ordenado y ejecutado anteriormente la incautación ilegal de la desaladora. Al respecto, el decreto del Ejecutivo regional señala que esa posible recusación debería haberse planteado antes. "La actuación de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas ya ha concluido, encontrándose el procedimiento en estos momentos en fase de resolución, cuya competencia corresponde al Gobierno de Canarias", señala la resolución.
Sin mención a la supuesta falta de licencia de actividades clasificadas
La "infracción grave" por la que el Ejecutivo ordena la clausura de la planta se centra en esa falta de autorización para producir agua, que fue anulada por el propio San Ginés. En cuanto a la segunda infracción que denunciaba, por no tener aprobadas las tarifas del agua, el decreto del Gobierno canario considera que formaría parte de la misma infracción.
Además, no hace referencia alguna a la supuesta falta de licencia de actividades clasificadas, que fue la última acusación que lanzó el pasado martes el presidente del Cabildo contra la desaladora de Club Lanzarote. Este miércoles, el Ayuntamiento de Yaiza salía a desmentir esa información, afirmando que una desaladora ni siquiera requiere este tipo de licencias, al no encontrarse entre las actividades clasificadas previstas por la ley.
