El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha anunciado este miércoles que dará marcha atrás en su postura y revisará la tasa del combustible que se aprobó bajo su mandato y a la que se oponía la mayoría del Pleno, incluyendo a algunos de sus socios de gobierno. De hecho, hace casi dos meses se aprobó una moción de Ciudadanos que contó con el apoyo del consejero del PIL, Manuel Cabrera, pidiendo derogar esa tasa.
Pese al acuerdo plenario, San Ginés adelantó entonces su intención de no ejecutar esa moción y encargó un informe al secretario para evitar derogar la tasa. Un mes después, el presidente hizo público el contenido de ese dictamen y aseguró que el acuerdo no generaba "efectos vinculantes" porque "no es al pleno" a quien corresponde adoptar el acuerdo, "sino al Consejo de Gobierno". No obstante, el secretario también apuntaba en su informe que el acuerdo podía considerarse "un mandato" del Pleno, pero el presidente se mantuvo en su postura de no revisar la tasa.
Sin embargo, a dos días de que se celebre el Pleno para aprobar los presupuestos de este ejercicio, en el que necesita el apoyo de Manuel Cabrera, San Ginés ha enviado un comunicado en el que señala que "por respeto a las mayorías representadas en el Pleno de la Corporación y por un principio de pluralidad democrática e institucional", el Grupo de Gobierno "iniciará el expediente y procedimiento formal establecido" para "revisar la Ordenanza Fiscal reguladora por la exacción sobre el consumo de combustible de automoción en Lanzarote".
"Respeto a las mayorías" dos meses después
En su comunicado, San Ginés insiste en que ese acuerdo plenario era "nulo de pleno derecho y no vinculante su efectividad por haber sido aprobado sin procedimiento alguno". Además, sostiene que su partido, Coalición Canaria, "no comparte" las razones por las que se aprobó esa moción. Sin embargo, dos meses después de aprobarse el acuerdo, afirma que ha decidido iniciar ese proceso de revisión "en un ejercicio de pluralidad democrática y respeto a las mayorías".
No obstante, el presidente ha precisado que eso "no significará en ningún caso la derogación total de esta tasa, que en el caso de la gasolina data de 1960, sino reconsiderar si mantenerlo al importe máximo, como se viene aplicando en toda Canarias, o rebajar en este sentido el importe".
"Lo que hizo el Cabildo fue buscar una solución al estado de las carreteras"
El presidente ha defendido que "lo único que hizo" en 2014 el Cabildo "fue buscar una solución al estado en el que se encontraban muchas carreteras del ámbito insular, lo mismo que hicieron los siete Cabildos de Canarias, actualizando una tasa a los distribuidores que se encontraba obsoleta desde 1960, respecto a la venta de gasolina, e incorporar la del gasoil". "Por cada 1.000 litros de venta de combustible, las distribuidoras han venido pagando al Cabildo unos 20 euros, lo que equivale a unos 2 millones de euros al año para el mantenimiento, mejora y conservación de la red insular de carreteras", afirma.
Según San Ginés, "esto ha permitido arreglar muchas vías, tanto de titularidad insular como municipal, lo que ha contribuido también al menor desgaste de los vehículos y a aumentar la seguridad de los conductores, sobre todo los del sector transportes que son los que más uso hacen de estas infraestructuras viarias". Además, sostiene que "nada garantiza que los distribuidores vayan a trasladar ahora la rebaja de la tasa al precio de la gasolina" y que "lo que sí es seguro es que el Cabildo dispondrá de menos recursos para atender sus responsabilidades en materia de carreteras".
Por último, el presidente señala que la revisión de las ordenanzas fiscales, como informó recientemente la Secretaría General del Cabildo, se deberá ajustar al mismo procedimiento que su aprobación. El expediente deberá ser informado primero por la Intervención General del Cabildo, ya que la reconsideración del impuesto implicará una pérdida de fuente de financiación ya prevista en el presupuesto. El proyecto de revisión deberá ser posteriormente aprobado por el Consejo de Gobierno insular y por último, la aprobación inicial de la revisión de la tasa deberá ser elevada al Pleno de la Corporación, abriéndose después un periodo de información pública.
